Mentiras y verdades sobre los sindicatos

Cinco minutos son suficientes para desmontar con argumentos las cinco grandes mentiras que se dicen sobre los sindicatos. No te pierdas todo lo que siempre quisiste saber sobre las organizaciones sindicales y los medios de comunicación de este país nunca se atrevieron a contar. La Federación de Industria de CCOO ha editado un vídeo con datos que desmontan las mentiras que no se cansan de repetir algunos medios.

Algunos medios de comunicación insisten en que los sindicatos tienen cada vez menos apoyos.

Pero los datos son contumaces. En 1980 había cerca de 500.000 personas afiliadas a algún sindicato en España; en la actualidad, esa afiliación se ha multiplicado por 6, acercándose a la cifra de 3 millones de personas, de ellas 1,2 millones están afiliadas a CCOO.

La segunda afirmación falsa que se repite sin descanso es que los sindicatos no nos representan.

De nuevo los datos se muestran tercos. La participación de los trabajadores y trabajadoras en las elecciones sindicales se acerca al 90 por ciento, siendo superior a la que se registra en las elecciones generales, municipales o europeas, que rondan el 75, el 65 y el 45 por ciento, respectivamente. Por tanto los sindicatos tienen más representatividad que los diputados y los alcaldes.

Repiten una y otra vez los mismos medios de comunicación que los sindicatos viven del dinero del Gobierno.

Pero los datos dicen que la principal fuente de financiación de los sindicatos son sus cuotas, ya que los cerca de 3 millones de personas afiliadas pagan unos 250 millones de pesetas en concepto de cuota, lo que constituye el 60 por ciento de sus ingresos. La aportación del Gobierno, 16 millones de euros a repartir entre todos los sindicatos según la representación que obtienen en las elecciones, supone el 4 por ciento de sus ingresos. La patronal recibe igual cantidad de ayuda del Gobierno; los partidos políticos, 85 millones de euros; las empresas privadas de prensa y televisión, más 360 millones, también reciben ayudas el fútbol, el cine y la iglesia, que se lleva más de 6.000 millones de euros.

La cuarta mentira es que los sindicatos se lucran con las ayudas para la formación.

Las cuentas del Estado dicen que entre todos los sindicatos gestionan 150 millones de euros que el Gobierno destina a la formación profesional, las organizaciones de la patronal gestionan la misma cantidad. Este dinero procede de las nóminas de los trabajadores y de las cotizaciones de los empresarios, y gracias a él se forman cerca de 2,5 millones de personas al año de forma gratuita. Todos los cursos están sometidos a control público y a auditorias.

La quinta afirmación, los sindicatos no sirven para nada,

CCOO y el resto de los sindicatos tienen 300.000 delegados y delegadas elegidos en las elecciones sindicales en los centros de trabajo que, por compromiso, dedican tiempo y esfuerzo a mejorar las condiciones laborales de sus compañeros. En España, hay 4.000 liberados sindicales que atienden a 12 millones de trabajadores y trabajadoras. Para CCOO, lo que molesta no el coste de las horas sindicales sino lo que se consigue con ellas, un incremento del 1% del salario supone para la empresa 10 veces más coste que las horas sindicales.

CCOO es la organización social con mayor afiliación, por delante de cualquier partido político. Más de 1,2 millones de personas legitiman a CCOO en todo el país. En concreto el trabajo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO lo respaldan más de 250.000 personas afiliadas.

Solo con la fuerza que le da su afiliación CCOO logra mayor peso y capacidad de intervención. Porque cada persona que se afilia a CCOO refuerza una manera de entender la sociedad y contribuye a defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Pincha en este enlace y podrás visionar el video: http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Inicio:246279

Mensaje de CCOO a los trabajadores, trabajadoras, a la sociedad y a las fuerzas políticas

En este nuevo número de Gaceta Sindical se informa de que el 24 de septiembre, en el Palacio de Vistalegre de Madrid, la Confederación Sindical de CCOO reunirá a 20.000 delegados y delegadas de todo el país para reivindicar el papel de los sindicatos en la sociedad actual.

Portada de Gaceta Sindical nº 60.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se dirigirá a los allí congregados para situar el sindicato ante el cambio de ciclo político al que podemos asistir, en un contexto de persistencia de la crisis y de las políticas neoliberales para enfrentarla.

En el informe al Consejo Confederal, que se celebró el 13 de septiembre en Madrid, Toxo reconoció la gravedad de la situación económica y financiera y sus efectos sobre el empleo.

Toxo: "CCOO es un sindicato que no se resigna"

"CCOO no quiere quedarse en la mera contestación o rechazo, ni es un sindicato que se resigne", ha afirmado esta mañana el secretario general de CCCO, Ignacio Fernández Toxo, en la rueda de prensa en la que ha anunciado que el sindicato propondrá a otras organizaciones, empezando por UGT, empresarios, partidos políticos y Gobierno, un "Pacto por el Empleo" con medidas para salir de la crisis que frenen el desempleo y por el sostenimiento del Estado de Bienestar.

Javier Pueyo, Ignacio Fernández Toxo y Fernando Lezcano.

En un contexto económico que oscila entre "una nueva recesión dentro de la recesión y el estancamiento", Toxo ha defendido la necesidad de un Pacto por el Empleo con objeto de dar un cambio de rumbo frente a políticas que han fracasado, que son contraproducentes y que tienen como su máxima expresión la existencia de casi 5 millones de desempleados y la pérdida de calidad del Estado de Bienestar.

La propuesta de Pacto por el Empleo, que forma parte de los acuerdos del Consejo Confederal de CCOO celebrado ayer, contemplaría, según detalló Toxo, un conjunto de medidas que incluyen un pacto de rentas; un pacto fiscal; vivienda; la reforma del sistema financiero y la regulación de precios de alimentos básicos, el transporte, la electricidad y el gas, como elementos más destacados.

La propuesta de CCOO de pacto de rentas, que no es un pacto de moderación salarial, como matizó Toxo, parte de que los salarios son un componente de los precios, pero no el único. En este sentido defendió un pacto de beneficios para que también los empresarios aporten esfuerzo, ya que "la inflación erosiona el poder adquisitivo y la competitividad de la economía española".

En materia fiscal no se trata únicamente de recuperar figuras fiscales en desuso, sino sobre todo de "mejorar la capacidad recaudatoria con el objetivo de reponer la capacidad financiera de las administraciones públicas" teniendo como prioridad sostener la sanidad y la enseñanza, entre otros servicios públicos.

Asimismo, el secretario general de CCOO se refirió a la reforma del sistema financiero. "se trata de estimular la economía, para crear empleo, especialmente de los jóvenes", con medidas como la introducción de un sistema de formación dual de empleo que posibilite los jóvenes se incorporen al mercado de trabajo en buenas condiciones.

El Pacto por el Empleo que propone CCOO es necesario "gobierne quien gobierne" porque tras el 20-N el nuevo Ejecutivo se encontrará con los mismos problemas o agravados, destacó Toxo en la rueda de prensa en la que compareció junto al secretario confederal de Comunicación, Fernando Lezcano, y el adjunto de la Secretaría de Juventud, Javier Pueyo, para presentar el acto que celebrará CCOO en el Palacio de Vistalegre el próximo 24 de septiembre, en el que está prevista la participación de alrededor de 20.000 delegados y delegadas del sindicato, así como la campaña de esta secretaría "La resignación no es una opción. Lucha".

Los sindicatos exigen cambios en la Ley de Función Pública para evitar conflictos

8/9/2011 R. ACOSTA (La Provincia)

Los sindicatos no quieren que el contenido de la nueva Ley de Función Pública sea el mismo que dejó el anterior consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, y por eso ayer le pidieron al nuevo titular del departamento, Francisco Hernández Spínola, que se introduzcan modificaciones en la nueva norma consensuadas con los representantes de los funcionarios. Los empleados públicos esperan recuperar la "confianza perdida" en la Administración autonómica tras los conflictos laborales vividos en los dos últimos años ya que, en caso contrario, se pueden abrir nuevos enfrentamientos como consecuencia de la reorganización administrativa planteada por el nuevo Ejecutivo o por los cambios que se pretenden introducir en el trabajo de los funcionarios para aumentar su productividad y su movilidad.

El consejero de Presidencia y Justicia se comprometió a tener una actitud dialogante con los representantes de los funcionarios y a no adoptar medidas unilaterales. Habrá una nueva Ley de Función Pública porque no se modifica desde 1987, pero se revisará el borrador de ley dejado por el anterior equipo de la Consejería y se tomarán en cuenta las propuestas de los sindicatos, según señalaron sus dirigentes.

El responsable del Área Pública de CC OO, José Ramón Barroso, criticó las "imposiciones" del anterior equipo de la Consejería de Presidencia y advirtió tanto a los cabildos como a los ayuntamientos que se deben implicar en la reorganización administrativa que quiere realizar el Gobierno. "Sabemos que esta crisis acarrea riesgos para los empleados públicos pero partimos de la base de que la movilidad debe partir del voluntarismo y no de la imposición", señaló Barroso.

Por su parte, el secretario de Justicia de UGT Canarias, Gregorio Pérez, señaló que los representantes de los empleados públicos deben ser "corresponsables" de las medidas que adopte el Ejecutivo que afecten directamente a la Función Pública. "Ya basta de machacar al funcionario público, es hora de valorar el trabajo que realizamos", agregó el dirigente ugetista.

Hernández Spínola solicitó "comprensión, solidaridad y que afrontemos la crisis juntos desde el diálogo". Por ello, el consejero se comprometió a que las medidas relacionadas con los funcionarios serán consultadas con los representantes sindicales.

CCOO y UGT argumentan las movilizaciones convocadas

31.08.2011.- En rueda de prensa celebrada hoy en la sede de CCOO, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, explican a la ciudadanía los motivos por los que ambos sindicatos, junto a otras organizaciones sociales, han convocado movilizaciones, desde hoy y hasta el día 6 de septiembre, contra las recientes reformas del Gobierno

Ignacio Fernández Toxo, en la rueda de prensa

Reforma "express" de la Constitución para poner techo al gasto público, contrato formativo hasta los 30 años y suspensión de los efectos jurídicos de la encadenación de contratos, en definitiva las últimas reformas del Gobierno, han sido objeto de duras críticas por parte de ambos dirigentes sindicales.

Según Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, las actuaciones del Gobierno durante los 4 años de crisis corresponden a una visión ideológica coherente con la lógica del PP pero incoherente con los valores de la izquierda. Según el dirigente sindical, la reforma constitucional que se pretendees una ruptura del equilibrio constitucional y un ataque frontal al Estado de Bienestar, y se realiza hurtando el debate a la ciudadanía y conduciendo el debate parlamentario al trueque.

Toxo también ha criticado la reforma laboral que incluye un nuevo contrato formativo, alejado de las negociaciones mantenidas en materia de modelo de relación de empleo y de modelo formativo. Según el dirigente de CCOO, se trata de un modelo disparatado que coloca a las personas jóvenes en situación de aprendizaje hasta los 30 años, por tanto sin cotizar para la contingencia -entre otras- de jubilación, lo que les llevaría forzosamente, de continuar una relación laboral ininterrumpida, a la edad de 75 años para alcanzar el derecho a la jubilación. "Una fórmula de contrato basura, mano de obra barata", afirma el líder sindical que termina expresando "el éxito de este nuevo contrato supondría el fracaso de la Seguridad Social".

Respecto al encadenamiento de contratos, Fernández Toxo recordó al ministro de Trabajo que esa medida fue, en 2005, la que él mismo consiguió pactar, como medida estrella, con las organizaciones sindicales y advierte que su suspensión, lejos de generar empleo, sólo permitirá a las empresas mantener contratos ya precarios.

También invita a la reflexión colectiva, sobre todo de quienes están en desacuerdo con la reforma, al menos en la forma, sobre la posibilidad de que, también por la vía de urgencia, los últimos momentos de la legislatura pasen por más recortes de derechos, por ejemplo en materia de negociación colectiva y pacto de rentas, acusando al Gobierno, no solo de no merecer un pacto de Estado sino, más bien, de impedirlo.

Por último, el secretario general de CCOO ha afirmado que la actitud del partido político en el Gobierno, "está poniendo una alfombra al PP para legitimarlo -de gobernar- en la puesta en marcha de reformas de mucho más calado".

Por su parte, Cándido Méndez ha puesto en valor lo que, a su juicio, es el principal defecto de la reforma que pretende el Gobierno sobre el límite al déficit público y que consiste en elevar a causa de la crisis lo que, en realidad, es un efecto de la misma. Según Méndez la reforma constitucional admitiría "como pecado original de la crisis la situación de las cuentas públicas". El dirigente explicó que estas se encuentran entre las más saneadas de Europa y el impacto negativo actual se produce, precisamente, por haber luchado contra la crisis, confundiendo, por tanto, causa con consecuencia.

Méndez también ha hablado de la ruptura del equilibrio constitucional que permitía el desarrollo de la Ley Marco desde posturas, tanto conservadoras como progresistas. Ahora, ese equilibrio "se escora hacia la derecha" dado que, según el secretario general de UGT, las decisiones políticas erróneas -como la venta de patrimonio público y la rebaja de impuestos- no queda margen para los ingresos, "esta regla constitucional de techo de gasto sólo puede repercutir en recortar nuestro sistema de bienestar social".

Con similares argumentos a los mencionados, Méndez también explica el rechazo de su sindicato a las reformas laborales que, hoy, entran en vigor. Por último, ante las preguntas de los medios, ambos líderes sindicales responden haber tenido conocimiento de las pretensiones del Gobierno en el momento de la comparecencia parlamentaria y, añaden, todas ellas alejadas de las conversaciones mantenidas, recientemente, con el presidente del Gobierno.

Los secretarios generales de CCOO y UGT han informado también de la carta enviada a todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado en solicitud de su rechazo a la reforma constitucional propuesta por el Gobierno y en solicitud de un referéndum.

Sindicatos y organizaciones sociales convocan movilizaciones contra la reforma constitucional

Las centrales sindicales CCOO, UGT y USO junto a una docena de organizaciones sociales, entre otras Paz Ahora, Plataforma 2015 y + y la Coordinadora de ONG de Desarrollo, han mantenido esta mañana una reunión en la sede de Comisiones Obreras tras la que han acordado convocar movilizaciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre y una manifestación el martes 6 de septiembre en Madrid

Ramón Górriz en la rueda de prensa

Las organizaciones sindicales y sociales convocantes han manifestado, en la rueda de prensa posterior a la reunión, su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución y solicitan al Congreso y al Senado que no la voten favorablemente o que, en caso de hacerlo convoquen un referéndum que permita que la ciudadanía dé su opinión sobre esa propuesta.

Tanto los sindicatos como las entidades sociales consideran que la reforma introduce en la Carta Magna un factor económico al dictado de los mercados y supone una amenaza para las prestaciones sociales, la pervivencia del Estado de Bienestar, de las políticas sociales y de la cooperación al desarrollo.

Para Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, la reforma es "rechazable por su contenido" e "inaceptable por su procedimiento" y supone llevar a la Constitución los principios del neoliberalismo, ofreciendo un sacrificio en honor de los mercados. En palabras de Toni Ferrer, de UGT, es el momento "de la unidad y de la convergencia", de "sumar" para evitar la reforma.

El representante de Paz Ahora, Julio Rodríguez, ha expresado que "en momentos de crisis es que cuando hay que demandar mayor solidaridad"; mientras que Nieto, en nombre de la Plataforma 2015 y +, ha resaltado cómo la calle y las organizaciones sociales "han demandado a la clase política por la existencia de un déficit democrático".

Las organizaciones asistentes a la reunión creen necesario que la ciudadanía exprese su rechazo a la reforma constitucional, que la representación del pueblo en las cámaras, senadores y diputados, no la voten favorablemente y que, en caso de aprobarla, sea sometida a referéndum.

Todas las organizaciones respaldarán la convocatoria de movilizaciones, apoyarán la participación en otras actividades que se convoquen, promoverán la recogida de firmas y participarán en la manifestación del próximo 6 de septiembre en Madrid.

FSC-CCOO reclama un acuerdo marco canario sobre el empleo público ante el debate de la reforma de la administración

El sindicato apuesta por una Ley de Administraciones Locales de Canarias y no descarta movilizaciones en caso de que se tomen decisiones unilaterales

Pedro Moreno, secretario general de FSC Canarias

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moreno, reclamó este sábado un acuerdo marco que regule las condiciones de trabajo de los Empleados Públicos de las administraciones Locales de Canarias con participación de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI).

Para Pedro Moreno, la defensa de los servicios públicos y la ordenación y organización de los recursos humanos se deben abordar aprovechando los mecanismos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por el contrario, buscar la solución ayuntamiento por ayuntamiento, con medidas traumáticas, sin negociación previa con la representación de los empleados públicos, no es el camino por el que se debe transitar. Si esta fuera la decisión que se adoptara, afirma Pedro Moreno, "los sindicatos vamos a dar una respuesta contundente en la que no descartamos recurrir a cualquier tipo de movilizaciones".

El sindicato apuesta por un acuerdo con la FECAM y la FECAI, que aborde las líneas generales de actuación y las recomendaciones necesarias para evitar la confrontación y aprovechar el dialogo social para ordenar y regularizar los recursos humanos en las administraciones locales en Canarias. "En la actual situación, cualquier propuesta que pretenda abrirse camino para superarla, debe contar necesariamente con la participación y un acuerdo con los agentes sociales, por lo que en el marco del diálogo social actualmente abierto en Canarias, se podría crear una mesa con participación de todas las administraciones y las organizaciones sindicales más representativas, para explorar las posibles soluciones", afirma Moreno.

Para FSC-CCOO es necesario un pacto local en Canarias que aborde el ámbito competencial de las distintas administraciones públicas, que a su vez facilite la descentralización y la regulación de los recursos de las distintas administraciones, permita racionalizar la prestación de los servicios públicos, mancomunando la prestación de los mismos, etc. Su conclusión debería ser una Ley de Administraciones Públicas de Canarias, un proyecto que se ha quedado aparcado por la falta de voluntad de los dirigentes políticos.

Una Ley de Administraciones Locales en Canarias ayudaría a ordenar el actual desaguisado de competencias y a su vez facilitaría una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. En la actualidad existen leyes de Administración Local en varias comunidades autónomas. Respecto de la Ley de Sedes, el sindicato considera que, tal como está concebida, no da respuesta a los actuales retos, pues su naturaleza es propia de otros tiempos donde el pleito insular era la nota predominante.

Para Moreno, lo fundamental es, en cualquier caso, "que no se recurra a la toma de decisiones unilaterales contando con la excusa de la situación económica, pues si bien los sindicatos estamos dispuestos a colaborar si se nos convoca a un diálogo serio, también estamos dispuestos a iniciar un conflicto social si se deja al margen de las decisiones a los representantes de los trabajadores".

A veces una mentira repetida, se convierte en una verdad a medias.

Esta reflexión que para nada podemos compartir, y no compartimos, y ni tan siquiera podemos admitir, es la idea fuerza de alguno y de alguna.

El acosador o acosadora, acosado o acosada.

Esta afirmación se produce cuando se recibe "la misma medicina", que de forma generalizada se ha venido aplicando o se viene aplicando, dependiendo la dosis, y si eres o no adepto al régimen impuesto.

Es evidente que la acción que ha realizado y viene realizando, CCOO es molesta. Algunas más que otras. La beligerancia realizada identifica al actor o actora, dependiendo del irracional que se preste a ello. Nos tememos que, a veces, son más de la cuenta, y hasta ahora indemnes.

El posicionamiento de CCOO, y que va a seguir siendo, es defender al conjunto de los empleados públicos del SCE, pese a quien pese, y del conjunto de todas las administraciones en general. No admitimos chantajes, ni acciones barriobajeras, que identifican al actor o actora, de los hechos. ¡Faltaría más!

Al parecer, en los corrillos del café, como si de un programa de televisión se tratase, y en los desayunos, alguno y alguna desde un anonimato perfectamente estudiado y preparado optan por calumniar a personas por su acción.

Pero he aquí, que de buenas a primera, sufren una galopante pérdida de memoria, que a veces se puede traducir más en un comportamiento de clausura, que en un comportamiento libre y abierto, y sobre todo de valentía.

Decir mentiras a medias es un intento banal de envenenar el mensaje y al receptor del mensaje emitido.

Las irregularidades administrativas, y las que no lo son, tienen un cauce de solución, que tiene un marco jurídico establecido y que hace necesario respetarse escrupulosamente por los gestores políticos que estén al frente de las centros directivos públicos, al cual han sido designados. En este caso, iremos al dicho: “La mujer del César, no sólo debe serlo, sino además parecerlo”.

Cuando se adoptan decisiones, a sabiendas de su irregularidad, estamos ante un hecho de perjudicar intencionadamente, de actuar dolosamente, en lugar de mantener la objetividad que se le presupone, y que debiese ser el leitmotiv de sus actuaciones: los criterios objetivos.

Las subjetividades vienen de otro u otra. Allá ellos.

Son muchos y muchas, que se han tenido que apartar, para no sufrir los embistes dictatoriales. Son muchos en los más de 30 años ejerciendo, de amigos, colegas, compañeros, y como no subalternos también.

Cubrir con mentiras los hechos acontecidos, solo produce una imagen mezquina del referente, pero estamos acostumbrados, pero no por ello, identificados ni compartidos.

La utilización de los recursos públicos, para sustentar acciones sectarias, es a todas luces irregular cuando no, y nos permitimos incluso de calificar en estos tiempos de recortes económicos y de derechos sociales conquistados y de valores, hasta delictivo.

Hemos sufrido por representar las acciones sindicales de CCOO en defensa de lo público: recortes salariales injustificables, reclamaciones salariales legítimas por acoso, denegación de actos, etc.

Todo ello conforma un abultado expediente que en el momento procesal oportuno, se dirigirá a donde se tenga las competencias en estas materias, sin descartar ninguna. Con algunas hemos comenzado.

Recordamos a todas y todos, la imposición de la máxima “quien no esté de acuerdo, que acuda a los juzgados”, en ello estamos.

La reforma de pensiones garantiza la jubilación a los 65 a la mayoría de trabajadores

Con la aprobación hoy en el Congreso de la reforma del sistema de pensiones culmina el proceso iniciado con la firma del Acuerdo de Pensiones el pasado 2 de febrero. CCOO muestra su satisfacción por la forma en que los contenidos de este acuerdo han sido trasladados al que será nuevo texto legal.

Acto de la firma del Acuerdo Social y Económico.

CCOO ha subrayado que la reforma de pensiones aprobada ayer definitivamente en el Congreso garantiza la jubilación a los 65 años y el cien por cien de la pensión a la mayor parte de los trabajadores, que verán así reconocido sus mayores esfuerzos de cotización. La reforma establece la edad ordinaria de jubilación entre los 65 y los 67 años, según la carrera de cotización de cada persona, y que el retraso de la jubilación a los 67 o edad posterior a los 65, sólo afectará a quienes tengan carreras cortas de cotización

Además, este sindicato valora que la reforma de pensiones es producto del consenso social y político, lo que, según alega, contrasta con la imposición de otras reformas "en las que el sentido de la responsabilidad ha brillado por su ausencia", como la reforma laboral y la de la negociación colectiva.

El texto aprobado en el Congreso incorpora, tanto el contenido del acuerdo con los sindicatos, como las cuestiones que necesitaban mayor concreción y que han sido abordadas por el Gobierno, los grupos parlamentarios y los interlocutores sociales durante el periodo de tramitación parlamentaria.

Asimismo, CCOO ha destacado que la norma incluye un nuevo derecho a la jubilación anticipada voluntaria a los 63 años, "inexistente hasta ahora en España", y reconoce nuevos periodos cotizados a jóvenes en formación y personas que han renunciado al trabajo para atender a sus hijos.

Por otra parte, esta reforma se van a mejorar las pensiones de en torno a 2 millones de personas que padecen hoy un tratamiento discriminatorio en materia de protección social. La integración de los regímenes especiales agrario (850.000 personas) y de empleados de hogar (700.000 personas); el reconocimiento de coeficientes reductores en la edad de jubilación para los trabajos más duros, mejorará sustancialmente la protección social de estos colectivos.

La previsión del Acuerdo Social y Económico de mejorar las pensiones más bajas de pensionistas que no tienen otras rentas se ha concretado para cerca de un tercio de las pensiones de viudedad, satisfactorio pero aún insuficiente para CCOO, que ha pedido mejorar esta medida en el futuro.

Pese a la adecuada traslación del Acuerdo Social y Económico a este nuevo texto legal, CCOO mantiene una posición crítica con alguna de las materias acordadas en el Parlamentario. Concretamente la inadecuada previsión de traspaso de inmuebles de la Seguridad Social al estado, para su posterior traspaso a las comunidades autónomas, que supone detraer patrimonio de la Seguridad Social sin las adecuadas compensaciones al amparo de una supuesta e inexistente compensación de deudas. Esta materia no ha sido tratada en el marco del Diálogo Social, y debe ser objeto de renegociación.

Esta reforma, resultado del Acuerdo Social y Económico, reconduce de manera sustancial la prevista inicialmente por el Gobierno, orientada de forma incorrecta a la gestión de la crisis actual, y afronta, en su conjunto, las necesidades propias de nuestro sistema de pensiones, reforzando su sostenibilidad para las futuras generaciones y el principio de contributividad que consiste en reconocer adecuadamente el mayor esfuerzo de cotización de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, al tiempo que exige mayor esfuerzo a las personas que hoy cotizan menos, al amparo de la regulación en vigor.

CCOO exige a Rosell que rectifique y reconozca la valía y sacrificio de los funcionarios en la crisis

El coordinador del Área Pública de CCOO, Enrique Fossoul, ha enviado hoy una carta al presidente de la CEOE, Juan Rosell, en la que le exige que rectifique unas declaraciones realizadas ayer en las que pedía que se penalizara a los funcionarios "prepotentes" e "incumplidores con su trabajo".

CCOO exige a Juan Rosell que rectifique las declaraciones realizadas ayer.

Fossoul recuerda al presidente de la patronal que el conjunto de los empleados públicos ha dado sobradas muestras de su valía profesional y ha sufrido las consecuencias de la recesión económica al ver reducidos y congelados sus salarios.

También indica en la carta que la organización que preside Rosell "optó por romper el concierto social impulsando la imposición de una reforma laboral, que ya hemos valorado como más favorable a los intereses de la patronal que a los de las personas trabajadoras de este país".

El contenido íntegro de la carta es el siguiente:

"Ante las declaraciones realizadas en el día del ayer por el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, el Área Pública de CCOO, que encuadra al conjunto de las personas de las administraciones públicas afiliadas al sindicato, desea hacer constar lo siguiente:

Las declaraciones del Sr. Rosell son congruentes con su reconocida trayectoria, en el seno de la patronal catalana, de frontal opositor al papel de lo público en su aportación a la construcción social que reconoce y establece la Constitución Española.

El Sr. Rosell olvida que, durante los dos últimos años, las personas al servicio de las administraciones y los servicios públicos han contribuido directa e indirectamente a la resolución de una crisis de la que no fueron causantes ni beneficiadas durante los años de enriquecimiento y endeudamiento masivo de la sociedad española. La razón es bien simple, mientras la inflación crecía a una media del 4%, sus salarios sólo evolucionaban la mitad, a un 2%, durante más de una década.

Sin embargo, durante los momentos de recesión económica fue el funcionariado y el resto del sector público español quienes contribuyeron responsablemente a contener la crisis, alcanzando acuerdos en el ámbito del diálogo social que establecían una práctica congelación salarial (0,3%) como aportación concreta a la salida de la crisis, mientras la organización que él preside optó por romper el concierto social impulsando la imposición de una reforma laboral a través de la ley 35/2010, que ya hemos valorado como más favorable a los intereses de la patronal que a los de las personas trabajadoras de este país.

Al acusar tan frívolamente al personal al servicio de las administraciones públicas de prepotencia —trasladando así una acusación pública y social—, el Sr. Rosell olvida anteponer la ley y los intereses colectivos al legítimo interés individual y al afán de legítimo enriquecimiento, por más que éste sea su papel. Pero también olvida que fue este colectivo el que ha visto mermado en un 5% de media sus salarios durante el pasado año, así como congelada su masa salarial durante 2011, provocando de este modo nuevas mermas en su capacidad adquisitiva.

Debería recordar el Sr. Rosell que las vacantes que se producen en las administraciones públicas y en la mayoría de los servicios públicos no se están cubriendo, así como que las ofertas de empleo público están congeladas, lo que genera un incremento de la productividad de las personas que atienden esos servicios y está provocando, en muchos casos, una pérdida o retroceso en la calidad de los mismos.

Desde la aprobación en las Cortes del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) —con un alto grado de acuerdo—, CCOO viene reclamando la apuesta por poner en aplicación la reforma de las administraciones y del sector público. El EBEP recoge la puesta en marcha de un sistema que busca la mayor eficacia y eficiencia de los recursos puestos al servicio de la sociedad a través de figuras como la evaluación al desempeño en el puesto de trabajo, la carrera profesional, la formación para el empleo, etc.

Asimismo, es cierto que jamás hemos encontrado receptividad para la modernización de lo público por parte de la organización que el Sr. Rosell preside, más interesada en lo que puede ofrecer de negocio una parte de las necesidades que cubren los servicios públicos como las pensiones, la sanidad, la enseñanza, etc. Así, habría que recordar al Sr. Rosell que, precisamente, una de las mayores bolsas de ineficiencia de lo público es la relacionada con el gasto a terceros, donde mayor interés pueden tener parte de sus representados. Igualmente, habría que recordar al Sr. Rosell que el gasto sanitario está por debajo de la media de los países de nuestro entorno, con una prestación universal y gratuita en la que, sin duda, en algo contribuirán los empleados públicos de dicho sector.

Por todo ello, nos parece exigible al presidente de la patronal española una rectificación pública que reconozca el papel que juegan en nuestra sociedad las y los profesionales de la enseñanza, la sanidad, la judicatura, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios de emergencia y todas las personas al servicio del interés público, quienes tienen una acreditada trayectoria durante la totalidad del periodo democrático de nuestro país y que nunca se habían visto sujetos a ataques tan injustos y mezquinos como a los que se vienen exponiendo durante los últimos dos años".

Toxo: "Demonizar a los funcionarios públicos, que han sufrido un duro ajuste salarial, es demencial"

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha calificado de "demencial" la pretensión de demonizar a los funcionarios públicos, en respuesta a Joan Rosell, presidente de la CEOE, que este lunes expuso sus recetas para la salida de la crisis en España - entre otras cosas, señaló que hay que acabar con los funcionarios "prepotentes e incumplidores" y con aquellas personas que se apuntan al paro "porque sí"-.

Ignacio Fernández Toxo no ha tardado en responder al presidente de la patronal y ha asegurado que el planteamiento de Rosell le parece "demencial" y que seguramente "no era consciente de lo que estaba diciendo". "Echar la culpa a los parados y a que la administración no funciona es reduccionista e injusto", aseguró.

Asimismo, Toxo emplazó a Rosell a que si "tiene algún dato concreto que le motive a hacer estas declaraciones debería denunciarlo", ya que demonizar a los funcionarios públicos, que han sufrido un duro ajuste salarial, es preocupante". Además, señala que es injusto y reduccionista "establecer una relación entre parados y funcionarios, porque viene a decir que obtienen fraudulentamente dinero".

La Junta Electoral Central confirma la validez de la ILP presentada por CCOO y UGT

La JEC ha validado las 500.000 firmas necesarias de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por CCOO y UGT para modificar los capítulos fundamentales de la reforma laboral actualmente en vigor, y debatir una nueva propuesta por el empleo estable y con derechos.

CCOO y UGT entregaron el pasado 16 de junio un millón setenta mil firmas ante el Congreso de los Diputados para que la JEC procediese a su validación. Una vez verificadas las primeras 500.000 firmas, la JEC ha dado luz verde a la iniciativa sindical.

A partir de este momento, la ILP se traslada a la Mesa del Congreso para que se inicie su tramitación parlamentaria. CCOO espera que los Grupos Parlamentarios sean sensibles a dicha ILP y pueda articularse una reforma laboral para un empleo estable y con derechos.

AUTORIZADAS SEIS AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha asegurado que la previsión del Gobierno apunta a que este año cerrará con la creación de entre 40.000 y 50.000 nuevos puestos de trabajo más.

nuevatribuna.es Actualizado 07 Julio 2011 - 19:19 h.

"Los parados necesitan que les atendamos y preparemos para recuperar el empleo"Rodríguez confirmó que los planes del Gobierno son que este año se genere empleo neto por primera vez en crisis, pese a que la vicepresidenta económica y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, admitiera ayer que la economía española podría haberse desacelerado en el segundo trimestre del año, tras crecer un 0,3% en tasa intertrimestral y un 0,8% en tasa interanual en el primer trimestre.

En declaraciones en los medios tras inaugurar el seminario sobre "Políticas Activas de Empleo", la responsable de Empleo quiso aclarar que "sea cual sea" el número de parados, que superan los cuatro millones de personas, el Gobierno tiene la "obligación" de "trabajar" con los desempleados para agilizar su reincoporación al mercado de trabajo.

En este sentido, defendió el cambio "profundo y ambicioso" impulsado con la reforma de las políticas activas de empleo (PAE) el pasado mes de febrero, que marca el inicio de una estrategia de empleo que debe estar "lista" en octubre de este año.

"Los parados necesitan que les atendamos y preparemos para recuperar el empleo", enfatizó Rodríguez, quien recordó que más de seis millones de personas han participado en programas de PAE durante 2010.

MÁS DE 6 MILLONES DE PARTICIPANTES EN PAE.

En concreto, la secretaria de Estado subrayó que 2,4 millones de parados realizaron programas destinados a mejorar su empleabilidad, 1,4 millones de personas estaban participando en planes de orientación y búsqueda activa de empleo, mientras que casi 900.000 desempleados contaban con itinerarios personalizados de inserción.

Dentro de este intento del Ministerio de Trabajo por "movilizar" a los parados, alrededor de medio millón de parados estaba participando en programas de recualificación de empleo. Además, 430.000 ocupados realizaron este tipo de programas, a los que ha que añadir 2,7 millones de trabajadores que estaban cursando formación dentro de las empresas y 165.000 personas que combinan trabajo con desempleo, como los inscritos en escuelas talleres.

"Hay que atender más y mejor a los parados, hay que preparar más y mejor a los parados"30.000 MILLONES ANUALES PARA PRESTACIONES

Rodríguez también aprovechó para incidir en que el Gobierno ha destinado unos 30.000 millones de euros anuales a protección económica de los parados durante los tres años de crisis, además de los casi 7.800 millones invertidos en PAE.

Por ello, recordó que casi siete de cada diez parados cuenta con algún tipo de prestación, lo que relacionó con que en España no hayan existido "grandes episodios de fractura social" derivados de la atonía económica.

"Hay que atender más y mejor a los parados, hay que preparar más y mejor a los parados", reivindicó. La responsable de Empleo además adelantó que Trabajo ya ha autorizado para operar a seis agencias privadas de colocación de empleo, de las 46 solicitadas recibidas por este departamento.

Los empleados públicos ante la nueva legislatura

Ante el inicio de la nueva legislatura autonómica y una situación de crisis que no parece remontar, asistimos a un recrudecimiento del debate sobre los supuestos privilegios de los que, según algunas versiones interesadas, disfrutan los empleados públicos. Desde los foros empresariales, e incluso desde instancias políticas, se envía a la opinión pública el mensaje sobre la necesidad de una reducción del tamaño de las administraciones públicas canarias.

Pero para que el ciudadano pueda hacerse una idea de cuál es la verdadera dimensión de la administración pública en las islas, lo razonable es comenzar por los datos oficiales. Así, para una población canaria de 2.118.519 de habitantes, contamos con 129.000 empleados públicos, lo cual supone un ratio de 1 empleado público por cada 16,4 habitantes. Si la cifra parece alta, el lector debe saber que no lo es si la comparamos con los países de nuestro entorno. Así, en Francia y Bélgica hay un empleado público por cada 12 habitantes y en Finlandia uno por cada 9. Es decir, el volumen de las administraciones públicas canarias se sitúa muy por debajo de alguno de los países más prósperos de Europa. Añádase a eso la condición fragmentada de nuestro territorio que obliga, para satisfacer los derechos constituciones de los ciudadanos, a reiterar algunos servicios públicos.

Pero, además, tan solo el 11,77% de la población activa canaria son empleados públicos, lo que es lo mismo que decir que el 88,23% no lo son. En ese sentido, tiene poco fundamento pretender atemorizar a la opinión pública afirmando que el número de empleados en el sector público es superior al de empleados en el sector turístico, pues habría de indicarse a continuación por qué habría de ser de otra manera. Tan sólo por lógica se deduce fácilmente que los servicios que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos son muy superiores en número a los servicios que presta nuestra industria turística. Y eso es así porque las administraciones no solo sirven a los residentes, sino también a los turistas que nos visitan, a los que proporcionan un entorno de seguridad sin el cual nuestra industria turística no podría florecer.

Es por este motivo por lo que es necesario que el nuevo Gobierno canario se interese por alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para unos servicios públicos sostenibles, que pasen por la transparencia, la eficacia, el redimensionamiento del gasto público y la mejora de los ingresos. Esto no solo repercute en el bienestar de nuestros residentes, sino también en la seguridad de los turistas que nos visitan.

Además, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos es una exigencia constitucional irrenunciable que debe formar parte del sustrato cultural de las administraciones públicas. Por ello, la evaluación de los resultados debe ser una constante de todos los agentes implicados en la gestión de lo público, lo cual puede conseguirse a través de la gestión participativa, la implicación de los empleados públicos en el logro de una mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos y el establecimiento de incentivos relacionados con el cumplimiento de tales fines.

La solución ha de pasar por afrontar seriamente la cuestión de la eficacia de nuestras administraciones, pero, en ningún caso, con lanzar globos sonda a la opinión pública sobre la necesidad de reducir el número de empleados. Como dijimos, al comienzo de este artículo, el número de empleados en nuestra comunidad está muy lejos aún de países con amplia tradición democrática. Mala solución sería que, con tal de meter la tijera, nos encontráramos con el volumen de empleo público propio de países que no son homologables al nuestro en materia de protección de los derechos y las libertades.

Javier Godoy es secretario del Área Pública y de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias

Guacimara Medina y Manuela Armas se harán cargo de viceconsejerías canarias de Medio Ambiente y Educación

EFE SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su primera reunión de la octava legislatura, ha nombrado hoy al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Pedro Herrera nuevo viceconsejero de Justicia.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, que continúa en su cargo y que ha informado de los nombramientos que se han producido en el Gobierno en una rueda de prensa en la capital grancanaria.

Indicó que la socialista Guacimara Medina Pérez será la viceconsejera de Medio Ambiente y la también socialista Manuela de Armas Rodríguez, viceconsejera de Educación y Universidades.

Como viceconsejero de Relaciones con el Parlamento se ha designado a Manuel González, mientras que el exconsejero de Economía y Hacienda en la última etapa del anterior Gobierno Jorge Rodríguez, será el que ocupará la viceconsejería de Presidencia.

El viceconsejero de Turismo seguirá siendo Ricardo Fernández de la Puente, según indicó Marrero, quien señaló que el Gobierno espera cerrar en breve el resto de los nombramientos y que volverá a reunirse el próximo jueves.

El resto de nombramientos producidos hoy, cuyos currículos no están completos según advirtió Marrero, son los siguientes:

Presidencia del Gobierno:

-Secretaria general, Ángeles Bogas Gálvez, quien sustituyó en la anterior legislatura a Fernando Ríos en este cargo desde que ocupó su escaño en el Congreso de los Diputados.

Vicepresidencia:

-Director general del gabinete del vicepresidente, Juan Carlos Martín Artiles. Es funcionario de carrera y pertenece al cuerpo técnico superior del Cabildo de Gran Canaria. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ha sido jefe de servicios del Cabildo de Gran Canaria.

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad:

-Secretaria general técnica, Blanca Méndez Sánchez. Es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Financieros y Tributarios de la Comunidad Autónoma y ha trabajado en el gabinete del interventor general de la Consejería de Economía y Hacienda. Es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales y máster en Derecho Tributario y Contabilidad.

Consejería de Medio Ambiente:

-Director general de Centros e Infraestructura Educativa, Demetrio Suárez Díaz. Es maestro de profesión y ha sido consejero del Cabildo de Gran Canaria en distintas etapas y alcalde de Gáldar. Ha de dejar su cargo como consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria al igual que Guacimara Medina.

-Director general de Formación Profesional y Educación de Adultos, José Moya Otero. Es diplomado en Educación General Básica, licenciado en Filosofía, en Ciencias de la Educación y Doctor en Ciencias de la Educación.

-Directora general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Giorgina Molina Jorge. Es licenciada en Filosofía y Letras, Geografía e Historia por la Universidad de Granada y ha sido docente y es vicepresidenta del Foro Europeo de Administradores de la Educación.

-Director general de Personal, Carlos Quesada Frigolet. Es diplomado en Magisterio y licenciado en Psicopedagogía y ha sido asesor de Educación y Juventud en el Cabildo de Gran Canaria en los últimos años.

-Director general de Universidades, Carlos Guitián Aineto. Es catedrático de la Escuela Universitaria del área didáctica de Ciencias Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y doctor en Geografía e Historia. Ha sido vicerrector de Ordenación Académica, Profesorado y Calificación Docente de la ULPGC. Ha sido miembro del Consejo Escolar de Canarias y del Consejo Social de la ULPGC.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

-Secretaria general técnica, Cándida Hernández Pérez. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, así como en Derecho. Es funcionaria de la Comunidad Autónoma, ha sido profesora de Teoría Económica en la Universidad de La Laguna, y jefa de sección de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Obras Públicas y de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo.

En la pasada legislatura ha sido la jefa de servicios de Asuntos Generales en la secretaría general de Presidencia del Gobierno.

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial:

-Secretario general técnico, Pedro Gómez Jiménez, quien repite en el cargo pero toma de nuevo posesión del mismo por el cambio que se ha producido en el organigrama del Gobierno.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas:

-Secretario general técnico, José Barreno Chicharro, también está en la misma situación que el anterior.

Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda:

-Secretario general técnico, Francisco Hernández Padilla, quien en la anterior legislatura ocupó este cargo en la Consejería de Bienestar Social.

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

- Secretaria general técnica, Berta Pérez Hernández. Hasta ahora ha sido jefa de servicio en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

-Director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Roberto Moreno, quien fue consejero de Turismo en el Cabildo de Gran Canaria y es experto en nuevas tecnologías.

-Dirección general de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Pedro Ramos. Es licenciado en Psicología.

-Dirección general de Juventud. Estefanía Castro. Es licenciada en Derecho.

-Directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez Rodríguez. Es licenciada en Historia.

Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad:

-Secretaria general técnica, Cristina de León Marrero. Fue secretaria general técnica de la Consejería de Empleo e Industria y en los últimos meses en la de la Consejería de Economía y Hacienda.

-Director general de Promoción Económica, Laureano Pérez Rodríguez.

La nueva consejera Margarita Ramos, apela al ''consenso'' para activar el empleo

Canariasahora.com

La nueva consejera de Empleo, Industria y Comercio asegura que "Canarias tiene que hacer un esfuerzo por modernizarse y ponerse a la cabeza en los adelantos científicos de innovación energética".

La nueva consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha apelado al "consenso", la "participación" y el "diálogo" como las bases de su labor para generar políticas que combatan las cifras de desempleo con las que cuenta el Archipiélago.

"Vamos a llevar a cabo mecanismos y actuaciones lideradas por la idea de consenso, pues somos conscientes de que cualquier medida o actuación adoptada requiere la confluencia y aportación de los interlocutores", afirmó tras su toma de posesión.

Ramos insistió en que "mi máxima de gobierno va a ser la máxima de participación. Voy a abrir canales de diálogo y participación que se extenderán en este ámbito, el Empleo, y alcanzarán al Comercio y la Industria".

Para la nueva consejera "será prioritario absolutamente entrar de lleno en el Empleo para desarrollar políticas activas y maximizar la eficiencia de recursos con que contamos para que haya interrelación con la formación, la recualificación y adaptación de los trabajadores a las nuevas necesidades del marcado de trabajo".

Por ello, aseguró que va a "dinamizar los servicios de intermediación entre las empresas y sus demandas y la existencia de trabajadores en desempleo".

En cuanto al Comercio, dijo que el Gobierno "tratará de dinamizarlo y atender sensibilidades distintas y diversas de consumidores y usuarios".

Por último, Ramos lanzó el reto de que "Canarias tiene que hacer un esfuerzo por modernizarse y ponerse a la cabeza en los adelantos científicos de innovación energética, diversificación energética y en la potenciación de la industria".

Trayectoria

Ramos es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de La Laguna y autora de libros y numerosos ensayos de carácter científico en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en particular sobre seguridad y salud de los trabajadores y migraciones laborales.

Asimismo es directora e investigadora principal de proyectos de investigación nacionales y autonómicas; ponente en congresos de carácter nacional e internacional en materia de inmigración, igualdad por razón de género, salud laboral y condiciones de trabajo.

También ha ejercido labores como árbitro del Tribunal Laboral canario y directora del máster en prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de La Laguna (2001-2010). Fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (1996-1999) y miembro de la Asociación española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Ramos es además miembro del Comité número 9 de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora en España del Ministerio de Ciencia e Innovación, y del panel de expertos externos del Programa de la Agencia Nacional de Evaluación de la calidad y acreditación.

Hasta la actualidad ha estado desempeñando el puesto de consejera experta del Consejo Económico y Social (de España), nombrada por el Gobierno de la Nación.

Valoración de CCOO Canarias de la investidura del presidente del gobierno Canario

Comisiones Obreras Canarias valora positivamente que en el debate de investidura del presidente del Gobierno de Canarias se ponga en valor el pacto social por la economía y el empleo y se haga una apuesta por el diálogo social con el compromiso de impulsar grandes acuerdos en materia de sanidad y educación.

Parlamento de Canarias.

El ya elegido presidente del gobierno de Canarias, en la votación que tuvo lugar ayer para concluir el debate de investidura, ha presentado un programa lleno de buenas intenciones y sin demasiadas concreciones que habrá que ver si podrá llevarlo a la práctica para que las palabras se sustenten en los hechos.

Los diez compromisos que ha asumido en su intervención inicial el presidente Paulino Rivero no se contradicen con la posición del sindicato que hemos expresado antes y después del pasado 22 de Mayo en relación a los programas electorales y de gobierno y a las prioridades que se deberían abordar en Canarias.

Prioridades que desde nuestro punto de vista no se deben centrar sólo en la recuperación económica, la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos sino también en la recuperación de la legitimidad de las instituciones democráticas.

Nuestro sindicato también ya ha manifestado que la recuperación económica que necesita Canarias no puede venir por la vía de profundizar en las políticas de ajuste que además, producen un reparto injusto de los costes de la crisis. En este sentido, es determinante la orientación de las políticas presupuestarias y fiscales que adopte el nuevo gobierno. Sin menoscabo que se siga intentando racionalizar el gasto, es fundamental conseguir una mayor suficiencia presupuestaria a través del incremento de los ingresos y esto nos lleva, irremediablemente, a la vía de las reformas fiscales para poder aumentar las inversiones públicas que dinamicen la economía y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

No es cierto que tengamos en Canarias unas administraciones públicas sobredimensionadas, a pesar de que el hecho insular da lugar a un sobrecoste en el mantenimiento de algunos servicios básicos. No nos cansaremos de repetir que en estas islas es fundamental la prestación de servicios públicos de calidad como mecanismo esencial de la cohesión social y de la actividad económica y ello no es incompatible con la reforma de las administraciones públicas para hacerlas mas eficientes y capaces.

Las constantes referencias al diálogo, la participación y el consenso deben dar lugar a cambios en las prácticas del pasado inmediato que impidieron alcanzar un acuerdo sobre la ley de la función pública de Canarias con los representantes de los empleados públicos o que dieron lugar a incumplimientos importantes de acuerdos alcanzados con los agentes sociales y económicos.

Tampoco conviene generar confusión alguna con las referencias a la prioridad de las actuaciones dirigidas a los residentes en Canarias. Lo prioridades se deben situar en primer lugar en la atención de las personas sin recursos que viven en Canarias.

CCOO Canarias renueva una vez más su compromiso con la búsqueda de salidas consensuadas de la grave crisis que padecemos en estas islas, primando el interés general y centrando los ejes de actuación en el empleo, la atención a las personas y la legitimidad social de la actividad pública.

Polémicas descongeladas al calor de la radiofrecuencia

Ante la noticia publicada en la portada del diario tinerfeño "El Día" relacionando la existencia de liberados institucionales con la campaña electoral y en la medida en la que se nos cita reiteradamente, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Canarias quiere hacer público:

1) Lo que en la portada del citado rotativo se presenta como una noticia, no es mas que la reiteración de una polémica que, en su día, ya sostuvimos exactamente con los mismos acusadores y con los mismos argumentos. Para mayor coincidencia vuelve a sostenerse la acusación sin un solo dato objetivo que avale lo afirmado.

2) Sorprende igualmente, que la noticia se publique sin haber siquiera contrastado con el resto de los concernidos, para al menos publicar, junto a la acusación, la replica de los aludidos. Los profesionales de este y otros medios saben perfectamente que muchos de los cuadros y dirigentes de esta organización, están permanentemente localizados para contestar a sus preguntas y que lo hacemos diariamente con absoluta diligencia y corrección. No habernos preguntado no es mas que una decisión deliberada y poco profesional que nos consta no se toma por el magnifico equipo de profesionales con los que cuenta el periódico.

3) En cuanto al contenido concreto de la noticia, los acuerdos firmados con el gobierno, en lo que tiene relación con la administración pública, ya han sido reiteradamente criticados y defendidos, son públicos y conocidos y nadie ha podido encontrar en el texto mas que una hoja de ruta para debatir y acordar un proceso de reformas de las administraciones públicas, explícitamente encaminado a superar este periodo de dificultades económicas, sin mermar ni la cantidad ni la calidad de las prestaciones públicas y sin afectar al volumen global del empleo público.

4) No es a cambio sino para desarrollar este acuerdo, para lo que se fijan los cupos de liberados sindicales a los que se refiere la noticia y al contrario de lo que se dice no es la voluntad de los firmantes la que ha excluido del ámbito de aplicación del acuerdo a las dos organizaciones sindicales críticas con el acuerdo. Ha sido la reiterada estrategia de no adquirir ningún compromiso concreto, de preservar una imagen diseñada exclusivamente para el conflicto sin salida, lo que origina que determinados sindicatos no quieran comprometerse con este proceso de reformas.

5) Comisiones Obreras por el contrario mantiene desde sus inicios una larga tradición de negociación y acuerdos que, precisamente porque no renunciamos a la movilización, nos permiten influir en los hechos que afectan a los trabajadores y trabajadoras, públicos y privados, y por tanto, si se va a realizar un proceso de reforma de las administraciones públicas canarias, estaremos presentes para influir y condicionar el resultado final de la misma, para defender los intereses que representamos y el interés de la mayoría de la población garante último de la existencia del empleo y las administraciones públicas.

6) Por último, manifestamos nuestra voluntad explicita de no entrar en una campaña de descalificaciones con otras organizaciones sindicales ni con ningún medio de comunicación. Si nos hemos visto obligados a publicar esta replica, es precisamente por que la noticia se publicó sin contrastarla y no podemos dejar de explicarle a la opinión pública que los sindicatos, en general, no tienen liberados por regalo de los gobiernos, sino por un derecho constitucional que algunos viven empeñados en ignorar, incluso dentro del propio movimiento sindical.

Campaña por un Impuesto a las Transacciones Financieras y la supresión de los paraísos fiscales

CCOO, UGT, ATTAC, Izquierda Unida, Plataforma 2015 y más, Ecologistas en Acción, Cristianos de ase, ADICAE, USO, Confederación Intersindical, IA, Socialismo 21 y Alianza contra la Pobreza, instan al Gobierno español a impulsar, junto a otros gobiernos europeos, la aprobación y puesta en marcha inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en la Unión Europea y la supresión de los paraísos fiscales.

Manifiesto por un Impuesto a las Transacciones Financieras y la supresión de los paraísos fiscales

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes instamos al Gobierno español a impulsar, junto a otros gobiernos europeos, la aprobación y puesta en marcha inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en la Unión Europea.

Debido a la fuerte presión social de estas organizaciones y otras 200 redes de 23 países, la implantación mundial del ITF fue incluida en la agenda de la reunión del G20 en Seúl. Lamentablemente, la propuesta no fue ni tan siquiera tomada en consideración en la cumbre, por lo que es más necesario que nunca incrementar las acciones tendentes a conseguir su implantación efectiva.

El impuesto que se propone gravaría fiscalmente a un sistema financiero que favorece la especulación a gran escala sobre las divisas y otros activos de la economía no productiva, pero también sobre los recursos energéticos y otras materias primas, y lo que es más grave si cabe, sobre los alimentos básicos y el agua potable. Se trata de una especulación desenfrenada protagonizada por enormes fondos financieros que se mueven libremente por todo el planeta y que, irremisiblemente, provocan grandes burbujas que acaban explotando y arrastrando a las sociedades a crisis sucesivas de la economía real. La profunda crisis global en la que ahora nos encontramos, ha llevado al paro a 32 millones de trabajadores, en mayor medida en los países ricos, está extendiendo el hambre y la pobreza en el mundo, principalmente en los países del Sur, y en unos y otros países ha incrementado los déficits fiscales, recortados los gastos sociales y aumentado la desigualdad. Lo que resulta más inadmisible socialmente es que se trata de una crisis que tiene culpables claros que, de momento, siguen impunes: son las personas e instituciones que controlan los mercados financieros, apoyadas por unos gobiernos que, sin cuestionar en ningún momento la actual hegemonía de las finanzas sobre la economía productiva, han permitido a éstas alcanzar un poder desmesurado no sujeto a control ni regulación, y que es el causante del retroceso en los avances sociales logrados a lo largo del siglo XX. Son gobiernos que, como los de la Unión Europea, para tratar de salir de la crisis no han dudado en aplicar a la ciudadanía de sus países dolorosos planes de ajuste basados en el recorte de los gastos sociales, la perdida de derechos en el Estado de bienestar, atrasos en la edad de jubilación, contrarreformas laborales y reducciones salariales, planes que dan prioridad a la lucha contra el déficit fiscal pero renuncian a incrementar sus ingresos presupuestarios gravando a la banca, a las megaempresas y a las grandes fortunas.

Ante este escenario insostenible, social, económica y ambientalmente, los firmantes de este Manifiesto exigimos la implantación inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF, o FTT en su acepción inglesa). Desde Keynes hasta Stiglitz, pasando por James Tobin, numerosos economistas han advertido que la falta de regulación de los mercados financieros lleva a la economía hacia la deriva especulativa estrangulando la economía productiva, que es la que genera bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales a la vez que crea empleo. Para hacer frente a esta situación, tanto los movimientos sociales como otras organizaciones de la sociedad civil vienen reclamando desde hace más de 10 años el establecimiento un impuesto global que regule estos mercados, y sirva a la vez para obtener recursos financieros que, penalizando fiscalmente las transacciones especulativas, impulsen el desarrollo de los países del Sur, , ayuden a la financiación de la lucha contra el cambio climático y permitan establecer, mantener o fortalecer los sistemas de protección social en todos los países. Este impuesto, conocido popularmente como Tasa Tobin, tendría además un efecto estabilizador sobre los precios de los activos financieros, favoreciendo el crecimiento económico y el empleo.


El ITF tiene una viabilidad técnica fuera de toda duda, como reconoce el estudio del FMI encomendado por el G20 durante la cumbre de Pittsburgh y presentado en Ottawa. Diferentes Presidentes de Gobierno de la UE ya se han manifestado por su implantación, como es el caso de Merkel, Sarkozy y el propio Rodríguez Zapatero en la reciente cumbre de la ONU sobre los Objetivos del Milenio. Pero a estos gobernantes hay que exigirles no solo la aplicación inmediata del impuesto, sino también la fijación de unos tipos impositivos que disuadan a los especuladores de seguir apostando en el casino financiero. No resultarían adecuados por ello unos tipos muy bajos, orientados básicamente hacia la recaudación fiscal, o planteados con la inocente idea de que su inocuidad no va a molestar a los mercados financieros, por lo que los acabarían aceptando. Mientras no se les fuerce, las finanzas rechazarán cualquier impuesto, por bajo que sea, pero es que además, y ésta es una de las cuestiones más importantes, lo que se persigue con el ITF es justamente entorpecer el funcionamiento de los mercados especulativos y favorecer la economía productiva.

Aunque el alcance del impuesto ha de ser global, se resalta la oportunidad de comenzar su aplicación en primer lugar en la UE o, por lo menos, en la zona euro, por ser un importante espacio económico desde donde se podría después generalizar a todo el planeta. Su implantación es urgente porque favorece una salida de la crisis que antepone el interés de las personas al de las finanzas, al defender el empleo de los europeos y europeas del ataque de los especuladores, y reforzar el sistema democrático frente a la ofensiva de los mercados financieros. Porque establecer un impuesto a las transacciones financieras especulativas es un instrumento que puede contribuir a hacer recaer los costes de la crisis en sus verdaderos culpables y servir al mismo tiempo para financiar otros objetivos de interés planetario, tales como el suministro de bienes públicos globales, la lucha contra la pobreza y sus causas, frenar el cambio climático y cumplir con el resto de los Objetivos del Milenio en España, en Europa y en el mundo.

De forma paralela a la implantación del ITF, los firmantes de este Manifiesto exigimos a los gobiernos de la UE la adopción y promoción de medidas legales y administrativas concretas y eficaces para favorecer la transparencia y combatir la evasión, el fraude fiscal y lavado de dinero de todo tipo de delitos realizados a través de los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes. La erradicación de los paraísos fiscales es perfectamente posible y es una exigencia política y moral que alcanza el más amplio consenso social.

(continúa en http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Informacion:Campanas:187059 )

Subvenciones a los sindicatos. Artículo de opinión de Javier López, secretario general de CCOO de Madrid

A raíz de los ataques permanentes de los poderes económicos, políticos y mediáticos contra los sindicatos, utilizando argumentos recurrentes como el dinero que se embolsan en concepto de subvenciones, son no pocos los que me han pedido que escriba sobre este tema.

Javier López

Un artículo elaborado por nuestra Federación de Servicios Financieros y Administrativos me brinda la oportunidad de dar respuesta a estas demandas, partiendo del hecho de que la Constitución Española reconoce a los sindicatos de trabajadores el derecho a constituirse, participar en las políticas públicas y en la planificación económica del Gobierno. Los sindicatos, en función de su representatividad, representan a sus afiliados, pero también al conjunto de los trabajadores. Las elecciones sindicales permiten determinar la representatividad de cada sindicato, cosa que no ocurre con las organizaciones empresariales, en las que no hay elecciones libres.

CCOO ha ganado en las elecciones sindicales el derecho a participar en la negociación de la gran mayoría de los convenios colectivos que regulan los derechos y condiciones de trabajo en las empresas.

Los sindicatos reciben del Estado por esta acción sindical que desarrolla las leyes y las adapta a cada sector y empresa 15,7 millones de euros. Hablamos de más de 4.000 convenios y la mayoría de los trabajadores y trabajadoras.

Las organizaciones empresariales, todo hay que decirlo, reciben ayudas similares. Los partidos políticos reciben 84,4 millones de euros, la Casa Real 8,9 millones y la Iglesia Católica, sin reconocimiento constitucional en un Estado laico, recibe 252 millones de euros.

Las asociaciones juveniles reciben 7,8 millones. La Federación Española de Futbol 4,8 millones. Las empresas privadas de prensa escrita y las televisiones privadas reciben 360 millones de euros, el cine español 89,6 millones de euros.

Los curas que trabajan en instituciones públicas como hospitales, cárceles y el ejército, reciben lo mismo que los sindicatos, 15 millones de euros.

Los profesores de religión nos cuentan 600 millones de euros y las subvenciones a los toros 564 millones de euros, aunque sólo merecen el interés del 28 por ciento de los españoles.

No parece mucho, así pues, la cantidad que reciben los sindicatos. Sin embargo siguen abundando los ataques, según los cuales, los sindicatos están comprados y no defienden los intereses de los trabajadores.

Veamos el caso de CCOO. Los más de 1.200.000 afiliados y afiliadas, con el pago de las cuotas, cada mes, aportamos 118 millones de euros cada año al sindicato. Los servicios jurídicos para afiliados y no afiliados, apartan unos 20 millones de euros. Las subvenciones del Estado no llegan a suponer ni el 10 por ciento del total de nuestros ingresos.

Los poderes económicos, salvados de la crisis por el Estado. Los poderes políticos que mantienen sueldos públicos, subvenciones públicas y una corte injustificable de cargos a dedo, asesores, gabinetes, etc. Los poderes mediáticos, que viven de la subvención y la publicidad de las Administraciones públicas, saben todo esto, conocen la realidad.

Pero siguen atacando a los sindicatos, porque saben que son la barrera más sólida para frenar la avaricia, la especulación, la corrupción y los cambios que pretenden introducir para, a base de ajustes y recortes, hacer pagar a los trabajadores y sus familias, el coste de la crisis.

Para ello no dudan en utilizar dos tácticas muy ensayadas por los regímenes totalitarios, autoritarios y fascistas: "Las grandes masas sucumben más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña", "una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad".

Nosotros elegimos cada día caer o no caer en esta trampa.

"La reforma laboral no ha servido ni servirá para corregir los problemas de nuestro mercado laboral"

Tras un año de aplicación de la reforma laboral el mercado laboral sigue manteniendo los mismos problemas: la temporalidad injustificada, que sigue creciendo al mismo tiempo que disminuye la contratación indefinida, y el descenso de los contratos de fomento de la contratación indefinida, a pesar de que el aumento de esta modalidad contractual era uno de los objetivos prioritarios del Gobierno.

Paloma López

El número de personas desempleadas en junio desciende en 67.858 personas, situándose el total en 4.121.801. El descenso, por tercer mes consecutivo, es consecuencia de la temporada estival, que en el sector servicios ha sido de 40.400 personas menos, y con el mayor crecimiento en afiliación a la Seguridad Social en el sector de hostelería.

A pesar de que el descenso del número de desempleados siempre es un buen dato, hay que señalar que el descenso de este año ha sido menor que en junio de 2010, cuando bajó en 83.834 personas, y que en términos interanuales el paro aumenta en 139.433 personas, un 3,5%.

Por sexos, el desempleo desciende en 41.504 (-2,01%) entre los hombres y en 26.345 (-1,24%) entre las mujeres. Entre los menores de 25 años el paro desciende en 24.309, un 5,39%, mientras que los mayores de 25 ven reducido el número de parados en 43.549 (-1,16%). Después de tres meses consecutivos de aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social, en el mes de junio disminuye en 5.612 para el conjunto del sistema y aumenta en 2.314 para el Régimen general. Esta caída se ha producido por un descenso de la afiliación en Educación (-35.667), por la finalización del curso escolar; en el régimen agrario (-13.941), probablemente por la crisis del pepino; Administración pública (-11.706) y Construcción (-6.744).

Los contratos registrados en junio de 2011 aumentan un 1,83%, aunque este incremento sólo afecta a los contratos temporales con 31.867 contratos más (2,69%) frente al descenso de los indefinidos en 8.252 contratos (-8%). El mayor descenso entre los contratos indefinidos, con un -12,59%, se produce entre los contratos de fomento de la contratación indefinida, descendiendo tanto los contratos iniciales como las conversiones. Por su parte, los indefinidos ordinarios se reducen un 7,11%.

Ante estos datos, CCOO denuncia que la Reforma laboral no ha servido ni servirá para corregir los problemas de nuestro mercado, que son de patrón de crecimiento y no de reformas legislativas que disminuyen los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Para Paloma López, secretaria confederal de Empleo, "transcurrido un año desde su aplicación, el mercado laboral sigue manteniendo los mismos problemas, especialmente en cuanto a la temporalidad injustificada, que sigue creciendo al mismo tiempo que disminuye la contratación indefinida. Asimismo, descienden los contratos de fomento de la contratación indefinida, a pesar de que el aumento de esta modalidad contractual era uno de los objetivos prioritarios del Gobierno".

La ILP presentada al Parlamento por los sindicatos el 16 de junio, avalada con más de un millón de firmas, presenta alternativas para corregir esta situación, recuperando además, los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

CCOO observa un descenso del empleo en el sector agrario como consecuencia de la "crisis del pepino" y la caída de las exportaciones agrarias, que afecta fundamentalmente a las mujeres, por lo que insta al Gobierno a que agilice las ayudas a los trabajadores y trabajadoras de este sector, lo mismo que ya se ha hecho para los empresarios.

CCOO también considera que ahora más que nunca es imprescindible el mantenimiento del empleo en el sector público, así como su crecimiento, para dar una mayor y mejor atención a la ciudadanía en todo lo referido a sanidad, educación, servicios sociales, atención a la dependencia y a las personas en situación de desempleo. En este sentido, para CCOO es imprescindible una apuesta por el empleo público y los servicios de calidad, que compensan los desequilibrios sociales.

Finalmente, según CCOO la calidad de las prestaciones a las personas en situación de desempleo sigue cayendo por el descenso de las prestaciones contributivas por desempleo, por ello CCOO reclama que cuando en el mes de agosto finalice el Programa PREPARA, se revisen las ayudas económicas para las personas en situación de desempleo que carecen de recursos. En este sentido, CCOO seguirá insistiendo para que estas ayudas económicas se realicen a través de la renta activa de inserción.

Paro registrado, junio 2011

El aprovechamiento de las circunstancias de mejora que concurren actualmente en la economía canaria han de verse como una oportunidad para desarrollar políticas económicas consensuadas. Es por ello que debe fomentarse, tanto desde el ámbito público como privado el apalancamiento necesario para mantener la recuperación y así alejar un hipotético empeoramiento del paro registrado y la actividad económica.

Cae el desempleo en Canarias debido, principalmente al fomento de la contratación en el colectivo sin empleo anterior (paro de larga duración o aquellos que nunca han trabajado antes). La disminución del desempleo está centrada en la provincia de Las Palmas, puesto que en la de Santa Cruz de Tenerife se incrementa. Dicha disparidad tiene como variable explicativa en la distribución intrasectorial del sector servicios. Es el segundo mes consecutivo donde servicios no se muestra como el principal generador de contratos, lo cual debe ser tema de preocupación. No obstante, dicho descenso se basa en temporalidad contractual que, si no se consolidan, se destruirán con la misma rapidez que con la que se crea. De igual modo se asiste a un menor número de contratos, tanto temporales como indefinidos respecto al mes anterior.

Para trasladar dicha recuperación de forma sostenida al campo del empleo habrá que esperar a tasas de crecimiento económico lo suficientemente altas para provocarlo. De ahí que hay que demandar un mayor esfuerzo a las políticas públicas para que sostenga rentas que permita a las familias sufragar sus deudas a la vez que fomente el consumo y potencie la cartera de pedidos de las empresas para que éstas rentabilicen sus inversiones y generen más empleo. La generación de más empleo estable garantizará la concesión de un mayor número de créditos hacia la economía real al fomentar la seguridad de los avales comprometidos por parte de las personas físicas o jurídicas endeudadas.

Las principales directrices para la elaboración de los futuros Presupuestos públicos se deben centrar en habilitar financiación pública, con el fin de potenciar los diferentes procesos de inversión junto a un tratamiento solidario de las rentas altas, así como volver a instaurar una mayor progresividad fiscal para incrementar la recaudación tributaria, dado que la financiación pública vía gasto (impuestos indirectos) no es ahora la más idónea.

En la actualidad hay que ubicar, como colectivos prioritarios de actuación a aquellas unidades familiares en donde ninguno de sus miembros trabaja o no perciben rentas mensuales de ninguna naturaleza o inferiores al salario mínimo interprofesional para evitar un proceso de deflación por motivos de depresión en la demanda por generación insuficiente de rentas.

En la actual situación es necesario reiterar la voluntad de acuerdo que inspira al Pacto Social por la economía y el empleo en Canarias, siendo fundamental que empresarios, sindicatos e instituciones democráticas, no sólo mantengan un diálogo social permanente, sino que lleguen a acuerdos concretos que faciliten la generación de empleo.

CCOO Canarias rinde homenaje al "liderazgo, compromiso y personalidad" de su primer secretario general, Felipe Martos Bueno

El centro de Formación y Empleo (Forem) en Las Palmas de Gran Canaria pasa a llamarse Centro de Formación Sindical 'Felipe Martos Bueno'-El secretario general de CCOO Canarias, Juan Jesús Arteaga, destaca la "vigencia" de las ideas de Martos, al que califica de "pionero"-Antonio Martos, hermano de Felipe Martos, agradece en nombre de su familia el homenaje de CCOO Canarias y dice que su hermano "luchó por sus ideas a riesgo de su libertad"

Felipe Martos Bueno.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio. Comisiones Obreras Canarias rindió este jueves, 23 de junio, un emotivo homenaje al "liderazgo, el compromiso y la personalidad" de Felipe Martos Bueno, quien fuera secretario general de la organización en Canarias desde 1978 hasta primeros años de los 90.

El secretario insular de CCOO en Gran Canaria, Antonio Pérez Marrero, hizo de maestro de ceremonias recalcando que "el actual contexto de defensa de derecho de los trabajadores" invitaba a recordar el trabajo de Felipe Martos durante años al frente de CCOO Canarias.

MARTOS, VIGENTE

Juan Jesús Arteaga, secretario general actual de CCOO Canarias, insistió en la vigencia de las ideas de Martos Bueno, de quien dijo que fue un "pionero" en su concepción de la actividad sindical, así como un "defensor incansable de la formación como método para abrir puertas en la vida y en la actividad laboral de los trabajadores". El Centro de Formación y Empleo (Forem) en Las Palmas de Gran Canaria pasa a llamarse desde este 23 de junio Centro de Formación Sindical 'Felipe Martos Bueno'. Una placa conmemorativa con su nombre fue descubierta por su hermano, Antonio Martos Bueno, en ese Centro de Formación Sindical.

Como ejemplo de esa vigencia de Martos Bueno, Arteaga reprodujo unas palabras del propio Martos en las que advertía que "una vez que el trabajador pasa al paro, el papel del sindicato se diluye", como ejemplo de retos ante los que se encuentra CCOO Canarias en la actualidad -la defensa de los parados- y que ya Martos advertía hace décadas.

Ya en el Centro Cívico Suárez Naranjo de Las Palmas de Gran Canaria, un montaje audiovisual rescató la memoria de Martos Bueno, desde su elección como primer secretario general de CCOO Canarias en octubre de 1978, en Tenerife, hasta su última intervención, como invitado al congreso regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía.

"IMPRIMÍA IDEOLOGÍA"

Javier Godoy, quien fuera miembro de la dirección regional liderada por Martos Bueno, recordó que Martos "imprimía ideología" y su "humanidad". "Pocos saben cómo se esforzó por que los hijos de los trabajadores de las empresa de Mr. Leacock tuvieran regalos el día de Reyes, cuando se encontraron en suspensión de pagos", indicó, como anécdota. "Felipe, además, nunca renunció a su doble condición militante: de Comisiones Obreras y del Partido Comunista".

COMPROMISO FAMILIAR

Antonio Martos Bueno, hermano de Felipe Martos, agradeció en nombre de su familia -"especialmente de nuestra madre"- y en nombre de ésta -acudieron desde Jaén sus hermanas Sole, Celia, Esperanza, Angelita, un sobrino y un cuñado, además del propio Antonio- el homenaje de "los compañeros y compañeras de Comisiones Obreras de Canarias".

Antonio Martos destacó la continua vocación formativa de su hermano, quien cursó innumerables cursos universitarios siempre relacionados con la formación laboral, las relaciones laborales, las empresas familiares y la economía social, y el orgullo familiar por Felipe Martos "que siempre maquillaba los sufrimientos de quienes como él lucharon en riesgo de su propia libertad, para que a su vez nosotros no nos preocupáramos".

Antonio Martos también insistió en cómo Canarias y Las Palmas de Gran Canaria se habían convertido en su casa y cómo dedicó a los trabajadores de Canarias sus mejores años, tras un tránsito que le condujo desde Almagro a Irún, Madrid y finalmente Granada. "Pero sin duda Felipe Martos fue de Canarias, como nos está demostrando las distinciones que estamos recibiendo ahora sus familiares y que nos hubiera gustado que él mismo hubiera recibido en vida", dijo.

GRAN ASISTENCIA

A los actos de homenaje a Felipe Martos asistieron más de un centenar de personas, entre ellas miembros de la dirección regional de CCOO Canarias -Reinaldo Medina, Luc André, Esther Rivero, Pedro Costeras...-; el ex consejero de Trabajo del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori; el director de Televisión Española en Canarias, Juan Luis Callau; e históricos militantes comunistas -Domingo Valencia, el represaliado más joven en Canarias durante la Guerra Civil, o José del Toro; el coordinador de Izquierda Unida Canaria, Manuel Rodríguez Hernández; y compañeros de trabajo de Martos en la empresa Telefónica, de la que fue presidente de su comité de empresa.

HIJO ADOPTIVO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Felipe Martos Bueno ha sido nombrado este 23 de junio Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria a título póstumo -aunque su concesión estaba prevista antes de su fallecimiento, que se produjo en febrero de 2011- a petición expresa del que fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra