8/9/2011 R. ACOSTA (La Provincia)
Los sindicatos no quieren que el contenido de la nueva Ley de Función Pública sea el mismo que dejó el anterior consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, y por eso ayer le pidieron al nuevo titular del departamento, Francisco Hernández Spínola, que se introduzcan modificaciones en la nueva norma consensuadas con los representantes de los funcionarios. Los empleados públicos esperan recuperar la "confianza perdida" en la Administración autonómica tras los conflictos laborales vividos en los dos últimos años ya que, en caso contrario, se pueden abrir nuevos enfrentamientos como consecuencia de la reorganización administrativa planteada por el nuevo Ejecutivo o por los cambios que se pretenden introducir en el trabajo de los funcionarios para aumentar su productividad y su movilidad.
El consejero de Presidencia y Justicia se comprometió a tener una actitud dialogante con los representantes de los funcionarios y a no adoptar medidas unilaterales. Habrá una nueva Ley de Función Pública porque no se modifica desde 1987, pero se revisará el borrador de ley dejado por el anterior equipo de la Consejería y se tomarán en cuenta las propuestas de los sindicatos, según señalaron sus dirigentes.
El responsable del Área Pública de CC OO, José Ramón Barroso, criticó las "imposiciones" del anterior equipo de la Consejería de Presidencia y advirtió tanto a los cabildos como a los ayuntamientos que se deben implicar en la reorganización administrativa que quiere realizar el Gobierno. "Sabemos que esta crisis acarrea riesgos para los empleados públicos pero partimos de la base de que la movilidad debe partir del voluntarismo y no de la imposición", señaló Barroso.
Por su parte, el secretario de Justicia de UGT Canarias, Gregorio Pérez, señaló que los representantes de los empleados públicos deben ser "corresponsables" de las medidas que adopte el Ejecutivo que afecten directamente a la Función Pública. "Ya basta de machacar al funcionario público, es hora de valorar el trabajo que realizamos", agregó el dirigente ugetista.
Hernández Spínola solicitó "comprensión, solidaridad y que afrontemos la crisis juntos desde el diálogo". Por ello, el consejero se comprometió a que las medidas relacionadas con los funcionarios serán consultadas con los representantes sindicales.
El consejero de Presidencia y Justicia se comprometió a tener una actitud dialogante con los representantes de los funcionarios y a no adoptar medidas unilaterales. Habrá una nueva Ley de Función Pública porque no se modifica desde 1987, pero se revisará el borrador de ley dejado por el anterior equipo de la Consejería y se tomarán en cuenta las propuestas de los sindicatos, según señalaron sus dirigentes.
El responsable del Área Pública de CC OO, José Ramón Barroso, criticó las "imposiciones" del anterior equipo de la Consejería de Presidencia y advirtió tanto a los cabildos como a los ayuntamientos que se deben implicar en la reorganización administrativa que quiere realizar el Gobierno. "Sabemos que esta crisis acarrea riesgos para los empleados públicos pero partimos de la base de que la movilidad debe partir del voluntarismo y no de la imposición", señaló Barroso.
Por su parte, el secretario de Justicia de UGT Canarias, Gregorio Pérez, señaló que los representantes de los empleados públicos deben ser "corresponsables" de las medidas que adopte el Ejecutivo que afecten directamente a la Función Pública. "Ya basta de machacar al funcionario público, es hora de valorar el trabajo que realizamos", agregó el dirigente ugetista.
Hernández Spínola solicitó "comprensión, solidaridad y que afrontemos la crisis juntos desde el diálogo". Por ello, el consejero se comprometió a que las medidas relacionadas con los funcionarios serán consultadas con los representantes sindicales.
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