Pero para que el ciudadano pueda hacerse una idea de cuál es la verdadera dimensión de la administración pública en las islas, lo razonable es comenzar por los datos oficiales. Así, para una población canaria de 2.118.519 de habitantes, contamos con 129.000 empleados públicos, lo cual supone un ratio de 1 empleado público por cada 16,4 habitantes. Si la cifra parece alta, el lector debe saber que no lo es si la comparamos con los países de nuestro entorno. Así, en Francia y Bélgica hay un empleado público por cada 12 habitantes y en Finlandia uno por cada 9. Es decir, el volumen de las administraciones públicas canarias se sitúa muy por debajo de alguno de los países más prósperos de Europa. Añádase a eso la condición fragmentada de nuestro territorio que obliga, para satisfacer los derechos constituciones de los ciudadanos, a reiterar algunos servicios públicos.
Pero, además, tan solo el 11,77% de la población activa canaria son empleados públicos, lo que es lo mismo que decir que el 88,23% no lo son. En ese sentido, tiene poco fundamento pretender atemorizar a la opinión pública afirmando que el número de empleados en el sector público es superior al de empleados en el sector turístico, pues habría de indicarse a continuación por qué habría de ser de otra manera. Tan sólo por lógica se deduce fácilmente que los servicios que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos son muy superiores en número a los servicios que presta nuestra industria turística. Y eso es así porque las administraciones no solo sirven a los residentes, sino también a los turistas que nos visitan, a los que proporcionan un entorno de seguridad sin el cual nuestra industria turística no podría florecer.
Es por este motivo por lo que es necesario que el nuevo Gobierno canario se interese por alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para unos servicios públicos sostenibles, que pasen por la transparencia, la eficacia, el redimensionamiento del gasto público y la mejora de los ingresos. Esto no solo repercute en el bienestar de nuestros residentes, sino también en la seguridad de los turistas que nos visitan.
Además, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos es una exigencia constitucional irrenunciable que debe formar parte del sustrato cultural de las administraciones públicas. Por ello, la evaluación de los resultados debe ser una constante de todos los agentes implicados en la gestión de lo público, lo cual puede conseguirse a través de la gestión participativa, la implicación de los empleados públicos en el logro de una mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos y el establecimiento de incentivos relacionados con el cumplimiento de tales fines.
La solución ha de pasar por afrontar seriamente la cuestión de la eficacia de nuestras administraciones, pero, en ningún caso, con lanzar globos sonda a la opinión pública sobre la necesidad de reducir el número de empleados. Como dijimos, al comienzo de este artículo, el número de empleados en nuestra comunidad está muy lejos aún de países con amplia tradición democrática. Mala solución sería que, con tal de meter la tijera, nos encontráramos con el volumen de empleo público propio de países que no son homologables al nuestro en materia de protección de los derechos y las libertades.
Javier Godoy es secretario del Área Pública y de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias
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