CCOO exige a Juan Rosell que rectifique las declaraciones realizadas ayer.
Fossoul recuerda al presidente de la patronal que el conjunto de los empleados públicos ha dado sobradas muestras de su valía profesional y ha sufrido las consecuencias de la recesión económica al ver reducidos y congelados sus salarios.
También indica en la carta que la organización que preside Rosell "optó por romper el concierto social impulsando la imposición de una reforma laboral, que ya hemos valorado como más favorable a los intereses de la patronal que a los de las personas trabajadoras de este país".
El contenido íntegro de la carta es el siguiente:
"Ante las declaraciones realizadas en el día del ayer por el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, el Área Pública de CCOO, que encuadra al conjunto de las personas de las administraciones públicas afiliadas al sindicato, desea hacer constar lo siguiente:
Las declaraciones del Sr. Rosell son congruentes con su reconocida trayectoria, en el seno de la patronal catalana, de frontal opositor al papel de lo público en su aportación a la construcción social que reconoce y establece la Constitución Española.
El Sr. Rosell olvida que, durante los dos últimos años, las personas al servicio de las administraciones y los servicios públicos han contribuido directa e indirectamente a la resolución de una crisis de la que no fueron causantes ni beneficiadas durante los años de enriquecimiento y endeudamiento masivo de la sociedad española. La razón es bien simple, mientras la inflación crecía a una media del 4%, sus salarios sólo evolucionaban la mitad, a un 2%, durante más de una década.
Sin embargo, durante los momentos de recesión económica fue el funcionariado y el resto del sector público español quienes contribuyeron responsablemente a contener la crisis, alcanzando acuerdos en el ámbito del diálogo social que establecían una práctica congelación salarial (0,3%) como aportación concreta a la salida de la crisis, mientras la organización que él preside optó por romper el concierto social impulsando la imposición de una reforma laboral a través de la ley 35/2010, que ya hemos valorado como más favorable a los intereses de la patronal que a los de las personas trabajadoras de este país.
Al acusar tan frívolamente al personal al servicio de las administraciones públicas de prepotencia —trasladando así una acusación pública y social—, el Sr. Rosell olvida anteponer la ley y los intereses colectivos al legítimo interés individual y al afán de legítimo enriquecimiento, por más que éste sea su papel. Pero también olvida que fue este colectivo el que ha visto mermado en un 5% de media sus salarios durante el pasado año, así como congelada su masa salarial durante 2011, provocando de este modo nuevas mermas en su capacidad adquisitiva.
Debería recordar el Sr. Rosell que las vacantes que se producen en las administraciones públicas y en la mayoría de los servicios públicos no se están cubriendo, así como que las ofertas de empleo público están congeladas, lo que genera un incremento de la productividad de las personas que atienden esos servicios y está provocando, en muchos casos, una pérdida o retroceso en la calidad de los mismos.
Desde la aprobación en las Cortes del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) —con un alto grado de acuerdo—, CCOO viene reclamando la apuesta por poner en aplicación la reforma de las administraciones y del sector público. El EBEP recoge la puesta en marcha de un sistema que busca la mayor eficacia y eficiencia de los recursos puestos al servicio de la sociedad a través de figuras como la evaluación al desempeño en el puesto de trabajo, la carrera profesional, la formación para el empleo, etc.
Asimismo, es cierto que jamás hemos encontrado receptividad para la modernización de lo público por parte de la organización que el Sr. Rosell preside, más interesada en lo que puede ofrecer de negocio una parte de las necesidades que cubren los servicios públicos como las pensiones, la sanidad, la enseñanza, etc. Así, habría que recordar al Sr. Rosell que, precisamente, una de las mayores bolsas de ineficiencia de lo público es la relacionada con el gasto a terceros, donde mayor interés pueden tener parte de sus representados. Igualmente, habría que recordar al Sr. Rosell que el gasto sanitario está por debajo de la media de los países de nuestro entorno, con una prestación universal y gratuita en la que, sin duda, en algo contribuirán los empleados públicos de dicho sector.
Por todo ello, nos parece exigible al presidente de la patronal española una rectificación pública que reconozca el papel que juegan en nuestra sociedad las y los profesionales de la enseñanza, la sanidad, la judicatura, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios de emergencia y todas las personas al servicio del interés público, quienes tienen una acreditada trayectoria durante la totalidad del periodo democrático de nuestro país y que nunca se habían visto sujetos a ataques tan injustos y mezquinos como a los que se vienen exponiendo durante los últimos dos años".
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