Parlamento de Canarias.
El ya elegido presidente del gobierno de Canarias, en la votación que tuvo lugar ayer para concluir el debate de investidura, ha presentado un programa lleno de buenas intenciones y sin demasiadas concreciones que habrá que ver si podrá llevarlo a la práctica para que las palabras se sustenten en los hechos.
Los diez compromisos que ha asumido en su intervención inicial el presidente Paulino Rivero no se contradicen con la posición del sindicato que hemos expresado antes y después del pasado 22 de Mayo en relación a los programas electorales y de gobierno y a las prioridades que se deberían abordar en Canarias.
Prioridades que desde nuestro punto de vista no se deben centrar sólo en la recuperación económica, la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos sino también en la recuperación de la legitimidad de las instituciones democráticas.
Nuestro sindicato también ya ha manifestado que la recuperación económica que necesita Canarias no puede venir por la vía de profundizar en las políticas de ajuste que además, producen un reparto injusto de los costes de la crisis. En este sentido, es determinante la orientación de las políticas presupuestarias y fiscales que adopte el nuevo gobierno. Sin menoscabo que se siga intentando racionalizar el gasto, es fundamental conseguir una mayor suficiencia presupuestaria a través del incremento de los ingresos y esto nos lleva, irremediablemente, a la vía de las reformas fiscales para poder aumentar las inversiones públicas que dinamicen la economía y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.
No es cierto que tengamos en Canarias unas administraciones públicas sobredimensionadas, a pesar de que el hecho insular da lugar a un sobrecoste en el mantenimiento de algunos servicios básicos. No nos cansaremos de repetir que en estas islas es fundamental la prestación de servicios públicos de calidad como mecanismo esencial de la cohesión social y de la actividad económica y ello no es incompatible con la reforma de las administraciones públicas para hacerlas mas eficientes y capaces.
Las constantes referencias al diálogo, la participación y el consenso deben dar lugar a cambios en las prácticas del pasado inmediato que impidieron alcanzar un acuerdo sobre la ley de la función pública de Canarias con los representantes de los empleados públicos o que dieron lugar a incumplimientos importantes de acuerdos alcanzados con los agentes sociales y económicos.
Tampoco conviene generar confusión alguna con las referencias a la prioridad de las actuaciones dirigidas a los residentes en Canarias. Lo prioridades se deben situar en primer lugar en la atención de las personas sin recursos que viven en Canarias.
CCOO Canarias renueva una vez más su compromiso con la búsqueda de salidas consensuadas de la grave crisis que padecemos en estas islas, primando el interés general y centrando los ejes de actuación en el empleo, la atención a las personas y la legitimidad social de la actividad pública.
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