Revuelta de empleados públicos en Murcia

CONTRA LOS PLANES DE RECORTE

Los sindicatos creen que el plan de ajuste del presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, dejará en la calle a más de 2.000 interinos. Valcárcel ofrece pocas pistas de su paradero y convoca a los medios de comunicación apenas media hora antes del inicio de un acto.

nuevatribuna.es 27.12.2010

Más de 6.000 trabajadores públicos -según los cálculos de los organizadores- se han manifestado este lunes por el centro de Murcia en protesta por las medidas de ajuste emprendidas por el Gobierno regional y que, según los sindicatos, "dejarán en la calle" el año que viene a más de 2.000 interinos.

Los concentrados, pertenecientes sobre todo a los sectores educativo y sanitario, han protestado por espacio de dos horas contra las recientes medidas de ajuste aprobadas con carácter de urgencia por la Asamblea regional que suponen, en palabras del secretario general de CCOO en la región, Daniel Bueno, un ataque “sin precedentes” a los derechos laborales y sociales de cerca de 55.000 empleados públicos, así como “dinamitar doce años de negociacion colectiva”.

Bueno ha calificado de "estado de excepción laboral" las medidas aprobadas en solitario por el gobierno regional de Murcia. Por su parte, el secretario de comunicación del sindicato en la región, Antonio Rubio, ha declarado que con estas medidas el presidente Valcarcel se ha quitado la "careta de político negociador" y ha empezado a actuar “como lo que es”, es decir, “un político mediocre incapaz de asumir medidas contra la crisis que no sean atacar a los sectores mas débiles”, añadió, tras reprochar a Valcárcel que deje irse de “rositas” a quienes se han llenado durante años los bolsillos con la especulación y los proyectos despilfarradores del Gobierno autónomo.

CONVOCATORIA 'IN EXTREMIS'

La protesta, convocada por los seis sindicatos de la función pública (CCOO, UGT, SIDI, STERM, ANPE, CSIC y SATSE) se inició alrededor de las 11 horas frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, que desde primera hora se encontraba blindado por más de una treintena de policías, y donde los asistentes pedían al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que "saliese a dar la cara".

Valcárcel, en esos momentos, se encontraba inaugurando las nuevas instalaciones del Centro Tecnológico del Metal, en el polígono industrial Oeste de San Ginés, para lo que convocó a los medios de comunicación apenas media hora antes.

Los manifestantes, que portaban pancartas en las que se leía "Valcárcel usurero, ¿dónde está el dinero?" o "En defensa de la educación", coreaban consignas, entre pitadas, de "Manos arriba, esto es un atraco", "Valcárcel, capullo, baja el sueldo tuyo" o "Valcárcel dimisión, por chorizo y por ladrón", mientras lanzaban huevos a la fachada del Gobierno regional.

Tras una hora de airadas protestas frente al Palacio de San Esteban, se produjeron momentos de tensión entre manifestantes que querían entrar en el edificio y agentes de policía, que intentaban contenerlos, aunque, en esta ocasión, no se vio ninguna porra fuera de su funda, como ocurrió el pasado día 23 a las puertas de la Asamblea Regional, donde se aprobó, con los votos a favor del PP, la ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

Los secretarios generales de UGT, Antonio Jiménez, y de CCOO, Daniel Bueno, han reiterado hoy "la profunda indignación" de los trabajadores públicos de la Región ante la aprobación de esta normativa, que supone una bajada de 75 euros mensuales a profesores y maestros, incrementa la jornada laboral y reduce en un 30 por ciento el número de liberados sindicales, entre otras medidas.

En este sentido, el dirigente de CCOO ha anunciado que el próximo 12 de enero la ciudad de Murcia será testigo de "una multitudinaria" manifestación contra una ley, "aprobada de un día para otro" y "sin contar con los sindicatos, vulnerando así el derecho de los trabajadores públicos a la negociación colectiva".

"Esta ley pone en peligro más de 2.000 empleos de interinos en la sanidad y la educación pública, y en la televisión autonómica 7RM", ha denunciado Bueno, quien ha indicado que los sindicatos están estudiando vías jurídicas para impedir que la normativa se ejecute.

Entre éstas ha citado la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, para lo que ha solicitado el apoyo del PSOE, que votó en contra de esta medida.

Según Bueno, las movilizaciones van a continuar porque "no hay derecho a que los trabajadores públicos paguen la mala gestión del Gobierno regional".

A esta opinión se ha sumado el dirigente de UGT, quien ha señalado que esta ley perjudica a 55.000 familias murcianas, al tiempo que "echa por tierra" los acuerdos sindicales de los últimos años, "de forma unilateral", por lo que ha asegurado que lo que se va a intentar ahora es que "el Gobierno regional negocie estos cambios con los sindicatos".

Por su parte, el secretario de Comunicación de CCOO, Antonio Rubio, se ha preguntado “con qué criterios” se van a sentar a negociar ahora las organizaciones sindicales si el presidente “ha demostrado cuan poco le importa” la existencia de acuerdos y sus garantías jurídicas.

QUE EL NUEVO AÑO 2011 COLMEN TODAS NUESTRAS ILUSIONES

FELICES FIESTAS Y QUE EL AÑO 2011, NOS SIRVA PARA IMPEDIR QUE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, PUEDAN SER PISOTEADOS POR EL MERCADO DEL CAPITAL Y DE LOS PARÁSITOS AL SERVICIO DE LOS MISMOS.

QUE EL 2011, SEA EL AÑO QUE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES, PODAMOS DECIDIR EN CONCIENCIA, Y RECORDANDO TODO EL AÑO 2010 CON LOS FAMOSOS RECORTES SOCIALES, SALARIALES, EN DERECHOS, ETC.

EJERZAMOS NUESTRO VOTO EL 22 DE MAYO, QUE ES NUESTRO DERECHO Y QUE NO DEBEMOS OBVIARLO, PENSANDO QUE TODOS Y TODAS SON IGUALES, QUE ES LO QUE SE DESEA POR UNOS POCOS, PARA PODER SEGUIR "DIRIGIENDONOS" CON LOS DICTADOS DEL MERCADO DEL CAPITAL.

PENSEMOS EN ELLO, EN CANARIAS Y EN EL ESTADO, EJERCIENDO NUESTRO DERECHO AL VOTO EL 22 DE MAYO, ES NUESTRA ACTIVA ELECCIÓN.

¡¡ FELICIDADES !!

MANIFESTACIONES DEL SÁBADO 18 DE DICIEMBRE

Toxo avisa que "habrá huelga general, y la habrá en enero", si se eleva la edad de jubilación

Si el Gobierno, al que ha acusado de gobernar al dictado de las 37 mayores empresas del país, decide elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, "habrá otra huelga general, y la habrá en enero". Con esta rotundidad ha concluido el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, su intervención al término de la manifestación que ha reunido a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en Madrid. Varios centenares de miles de personas se han manifestado en todo el país en rechazo a la política económica y social del Gobierno, y muy especialmente a la reforma laboral, la eliminación de los 426 euros a los parados sin ningún ingreso y el retraso de la edad de jubilación a los 67 años.

Condena al SCE por atentar contra la libertad sindical

canariasahora.com 17/12/2010

DESCONTÓ HORAS SINDICALES A UNA TRABAJADORA

El juzgado entiende que el SCE violó los derechos fundamentales de la trabajadora, que además es delegada sindical de CCOO Canarias.

El Juzgado de lo Social número ocho de Las Palmas ha condenado al Servicio Canario de Empleo (SCE) a devolver a una trabajadora los 625,17 euros que le había descontado por haberse ausentado del puesto de trabajo para realizar actividades sindicales.

Según expone Comisiones Obreras (CCOO) en un comunicado, el Juzgado entiende que, de esa forma, el SCE violó los derechos fundamentales de la trabajadora, que además es delegada sindical de Comisiones Obreras Canarias.

La sentencia estima que la empleada pública notificó su ausencia en tiempo y forma a los estamentos competentes, aunque éstos se desentendieran del preaviso y reclamaran a la delegada sindical que los tramitara a través de un procedimiento informático al que ni siquiera tenía acceso.

Afirman que éste fue el motivo de la apertura de un expediente de deducción de haberes por inasistencia al trabajo.

La sentencia entiende que la detracción de haberes por utilización de crédito horario a la que dio lugar el expediente “atenta contra la libertad sindical” porque este derecho queda “afectado y menoscabado si la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien la ejerce”.

Como consecuencia, el juez estima que el perjuicio económico infringido contra la delegada sindical de CCOO en el SCE es “un obstáculo objetivamente constatable para la efectividad del derecho de libertad sindical, por su potencial efecto disuasorio para la decisión de realizar funciones sindicales”.

Este obstáculo repercute, según la sentencia, no sólo en la representante sindical, que “soporta el menoscabo económico”, sino que puede proyectarse asimismo sobre la organización sindical correspondiente y afectar a las tareas de defensa y promoción de los intereses de los trabajadores que la Constitución encomienda a los sindicatos.

Desde Comisiones Obreras se espera que esta sentencia “dé lugar a la depuración responsabilidades en el seno del Servicio Canario de Empleo, por la vulneración de un derecho amparado por la Constitución”.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

El pasado 4 de noviembre, se ha solicitado a la dirección del SCE, apertura de expediente sobre la base de lo regulado en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios, sobre lo preceptuado en la Ley 30/1992. "La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia grave, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca".

Esperemos que los funcionarios encargados del trámite, oséase, jefes de servicios; no realicen acciones de retrasar lo solicitado, pues estamos a 42 días de la solicitud, y nada ha cambiado.

Cosa bien distinta, es el gestor político, que de ese no hablamos, pues no sabe, no contesta, cuando no eterniza el problema por su incapacidad.

Pero la responsabilidad es del funcionario de carrera (Jefa de Servicio), que es el competente en informar y actuar, conforme a la Ley.

Y ello se motiva, por una sentencia judicial en el ámbito laboral,que da por demostrado lo que se quería evidenciar como no realizado, con lo que estamos ante una tergiversación de la realidad.

Esperaremos a los acontecimientos, por mor de no tener que denunciar la no ejecución de lo solicitado en otros estamentos.

MANIFESTACIÓN SÁBADO 18 A LAS 12 HORAS, GRAN CANARIA Y TENERIFE

EN DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL

RECUPERAR DERECHOS

CONTRA EL RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS

CONTRA LOS PRESUPUESTOS MÁS RESTRICTIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

MOVILÍZATE,

ACUDE A LA MANIFESTACIÓN EL SÁBADO 18 A LAS 12.00

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (PARQUE DE SAN TELMO)

EN TENERIFE (PLAZA DE LOS PATOS)

La Audiencia eleva al Constitucional la normativa autonómica del recorte salarial del sector público

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuatro Autos distintos, amplia sus dudas de inconstitucionalidad del recorte salarial de las empleadas y empleados públicos a las normas de aplicación generadas por otras admistraciones.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado tres nuevos autos, en otros tantos conflictos colectivos planteados por la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en las empresas Autoridades Portuarias, Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y Radio Televisión de Andalucía (RTVA), en los que ratifica su posición respecto al primer caso recurrido por el sindicato en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

En aquella ocasión, la Audiencia Nacional dictó un auto en la que mostraba sus dudas sobre la constitucionalidad de la redacción dada al artículo de medidas contra el déficit acordadas por el Gobierno, relativas al recorte salarial a los empleados públicos. Este órgano jurisdiccional entendía que el artículo podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva.

En el auto sobre el conflicto de RTVA adquiere especial significación el hecho de que, por primera vez, la resolución judicial extiende las dudas sobre la constitucionalidad del recorte salarial en el sector público, ordenado inicialmente mediante Real Decreto Ley estatal, a las disposiciones adoptadas para su desarrollo y aplicación en otras administraciones.


Según el auto, la aplicación del recorte salarial al sector público andaluz, ordenada por la Junta de Andalucía mediante Decreto Ley 2/2010, de 18 de mayo, trae causa del carácter básico de la normativa estatal y, por tanto, deriva de la misma, estando afectada de las mismas dudas de constitucionalidad que esta última.


FSC-CCOO entiende que, como reseña el auto, el carácter básico de las disposiciones del RDL 8/2010, es la causa y fundamento de las disposiciones legales y administrativas que adoptaron las distintas administraciones , como en el supuesto andaluz, para instrumentar la rebaja salarial en el sector público.


Por tanto, los motivos de posible inconstitucionalidad de aquel están contenidos igualmente en aquellas, en cuanto afectan al contenido esencial del derecho a la negociación colectiva, vertiente funcional del derecho fundamental a la libertad sindical garantizado en nuestra Constitución.


Con estos autos, la Audiencia Nacional ratifica su posición y amplía las dudas de constitucionalidad del recorte salarial al personal laboral asalariado en entes y organismos del sector público de otras administraciones.

CCOO exige del Ejecutivo las medidas necesarias para restituir los convenios, pactos y acuerdos en vigor, así como la práctica del diálogo social en el sector público, otorgando certeza en las relaciones laborales, como forma de contribuir a la necesaria estabilidad y recuperación de la confianza, única base para un crecimiento sólido, sostenido y sostenible que saque a nuestro país de la crisis.

CCOO cree que nada justifica el golpe de mano de los controladores, ni siquiera la errática conducta del Gobierno

La actuación intolerable y ajena a los códigos del sindicalismo confederal, de los controladores aéreos, dejando a centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas bloqueados en los aeropuertos españoles, es a juicio de CCOO, un hecho de grave irresponsabilidad que merece "nuestro más contundente y radical rechazo".

La decisión de los controladores de abandonar su puesto de trabajo sin previo aviso, en demanda de objetivos que no se atreven a confesar públicamente, debe hacer pensar de una vez por todas, a quienes desde la política (gobiernos de uno y otro color) y la empresa impulsaron -y lo siguen haciendo- modelos de agrupamiento corporativo buscando, por un lado, un aparente escenario de privilegio contractual, y por otro, el debilitamiento del sindicalismo de clase y confederal. La propia dirección de AENA consolidó con la organización de los controladores un modelo de relaciones laborales que ahora salta por los aires, pero que tiene mucho que ver con la reflexión anterior.

El secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, advierte que nada justifica la conducta de los controladores de desprecio a la ciudadanía y a la práctica reivindicativa de los derechos laborales, al ignorar la secuencia legal y pactada de convocatoria de una huelga; "ni siquiera, precisa Lezcano, la acción errática del Gobierno, aprobando el decreto en vísperas del largo puente de la Constitución y dejando pudrirse el diálogo con este colectivo, puede acercarnos ni un milímetro a la actuación de un grupo que se mueve a sus anchas desde hace tiempo".

CCOO quiere aclarar, que la acción protagonizada por los controladores aéreos no puede, en ningún caso, interpretarse como una huelga -nadie la convocó en tiempo y forma- o una movilización sindical en defensa de unas demandas determinadas -la asociación de los controladores no es un sindicato ni practica el sindicalismo, sino una agrupación corporativa tratada con mimo por la empresa y los poderes públicos-. Por eso, CCOO sale al paso de la confusión creada entre la ciudadanía y en los propios medios de comunicación para reivindicar la actualidad del sindicalismo confederal en defensa de los intereses de todos los trabajadores, algo a lo que son hostiles los grupos corporativos.

CCOO se dirige a los controladores a los que pide que respeten la legislación laboral; si quieren convocar una huelga que hagan públicas sus peticiones, informen con antelación a la ciudadanía y cumplan el plazo de convocatoria que marca la ley. Al mismo tiempo, esperan que el "estado de alarma" decretado por el Ejecutivo esta mañana, esté orientado fundamentalmente a lograr lo antes posible la normalidad en el espacio aéreo y en los aeropuertos para que los cientos de miles de ciudadanos puedan llegar a sus destinos.

Por último, CCOO quiere llamar la atención sobre la situación que más preocupa a los trabajadores de AENA, y que no puede ‘solaparse’ con el caos provocado por los controladores; "nos estamos refiriendo a la decisión del Gobierno de privatizar el 49% de AENA contra la que vamos a movilizarnos en los próximos días", concluye CCOO.

Funcionarios

OPINIÓN La Provincia. 3/12/2010

La estrategia empresarial del mundo privado no incluye entre sus objetivos el interés general

PILAR CÁCERES (*) Una vez más, como en tantos otros momentos de avaricia empresarial, se vuelve a poner en cuestión la honradez y la honorabilidad de los funcionarios. No les importa que los dos tercios de los empleados públicos trabajen en la salud y la educación, es decir, los servicios esenciales de la sociedad. El motivo subliminal: privatizar todo para ponerlo en manos de corporaciones privadas (y tras ellas, la gran banca), convirtiendo en cuotas de mercado las necesidades básicas de los ciudadanos, cuando el origen de los funcionarios está precisamente en la garantía del funcionamiento objetivo de los servicios públicos esenciales que garanticen el provecho colectivo.


La regulación del empleo público tiene su base en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y además del funcionario de carrera, comprende al personal laboral, funcionarios interinos, personal directivo y personal eventual. Son aquellas personas que desempeñan un trabajo por cuenta ajena al servicio de la Administración Pública, a cambio de una retribución, y vinculada por una relación estatutaria (leyes y reglamentos) regida por el Derecho Administrativo.


Los políticos gestionan los recursos públicos, es decir, lo que es de todos y cada uno de los ciudadanos, que no son, precisamente, una sociedad anónima sino seres humanos con nombres y apellidos. No perdamos de vista, que la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública difiere de la empresarial por la necesidad de prevenir el clientelismo y garantizar los requisitos de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública que la Constitución exige. El carácter inamovible del funcionario, así como las estrictas causas regladas para su separación, impide, por justicia, aplicar la estrategia empresarial del mundo particular, porque éste no incluye entre sus objetivos el interés general, que sólo puede ser asegurado en los servicios esenciales por los trabajadores públicos, a los que injustamente se acusa de ineficiencia. Exijamos responsabilidades a los gestores políticos, para que no cedan al exterminio de lo público o colectivo, por el indecente beneficio de una minoría empresarial que persigue pingues beneficios y le trae sin cuidado el bienestar común y la cohesión social.

(*) Jurista

3 de Diciembre. Día internacional de las Personas con Discapacidad

El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con discapacidad, es una fecha que convoca a la reflexión y al balance entorno a las políticas públicas que se implementan para la normalización de las condiciones de vida y de trabajo de las personas con discapacidad y que deben incidir fehacientemente en la eliminación de las múltiples y diversas barreras que limitan su ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía en general y el derecho al trabajo en particular. Desde CCOO Canarias saludamos positivamente el proceso iniciado por el Gobierno estatal para adaptar la legislación española en materia de

sanidad, igualdad de oportunidades, empleo etc., a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad que entró en vigor en el mes de mayo de 2008, realiza una aportación sustancial y cualitativa, que conviene resaltar, que es la de situar la atención a la discapacidad en el marco de los derechos humanos, superando el sesgo asistencial que persiste en las políticas públicas y privadas.

Avanzar en derechos sociales y laborales de las personas con discapacidad, no será posible mientras el gobierno persista en una política económica enfocada en exclusiva a la reducción del déficit en plazos inasumibles y al recorte del gasto social debilitando derechos sociales y laborales, mientras se abandonan los estímulos públicos destinados a dinamizar la actividad económica y la generación de empleo. Tampoco se podrán conseguir

objetivos planteados mientras el conjunto de las administraciones reduzcan las partidas presupuestarias destinadas a gasto público educativo para garantizar la igualdad de oportunidades y las reservadas a programas de servicios sociales y atención a la dependencia para promover la calidad de vida y la participación social.

Esto supone que en nuestro país la ratificación del Gobierno a la resolución adoptada por la Convección de la ONU debería corregir los desequilibrios existentes entre unas normas avanzadas en sus proclamas y unas prácticas políticas que no acaban de abandonar el sesgo asistencial y graciable, dada la insuficiencia de medios y recursos que se destinan con una falta de concreción de los objetivos grandilocuentes que se expresan.

Desde CCOO Canarias venimos manifestando insistentemente a los diferentes gobiernos que avanzar en la consecución del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, pasa por situarlas en el seno de la Concertación Social y por el abandono de las políticas de gestos, diseñadas al margen de los agentes sociales y cuyos resultados son escasamente relevantes, mientras persisten y se cronifican las barreras que impiden a las personas con discapacidad el acceso al mercado ordinario de trabajo y la mejora de la calidad de las condiciones laborales y salariales del empleo protegido.

Urge, por tanto, el cumplimiento de compromisos ya tomados por el Gobierno con los agentes sociales en 2006, para evaluar el impacto real que están teniendo sobre el empleo las medidas vigentes y reorientar el diseño adecuación de las mismas promoviendo un mercado de trabajo inclusivo y normalizado y un empleo protegido que recupere su función de procurar y acompañar los procesos individuales de inserción al mercado de trabajo.

La ratificación de la Convención de la ONU hecha por el gobierno español, conlleva necesariamente actuar sobre la regulación laboral incidiendo de manera inequívoca en 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad posibilitar este tránsito del empleo protegido al empleo ordinario, adecuando y dotando estos procesos con las medidas de apoyo que sean necesarias. El derecho al trabajo de las personas con discapacidad no puede seguir situándose en el terreno de la filantropía y el voluntarismo por parte de administraciones y empresas.

Persiste año tras año la baja tasa de actividad de las personas con discapacidad que según los últimos datos del INE se sitúa en el 35’4%, permaneciendo en cifras próximas a la mitad de la tasa de actividad general del conjunto de la población. Una diferencia que a juicio de CCOO Canarias también pone de manifiesto la insuficiencia de medidas eficaces para eliminar las barreras arquitectónicas, formativas y de comunicación que perduran en nuestra sociedad.

Este año, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad desde CCOO

Canarias queremos poner de relieve que las políticas sectoriales para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad necesitan mayores compromisos financieros y cambios cualitativos en su conceptualización. Más allá de lo aparentes que puedan resultar las medidas puntuales y parciales que se adoptan, es engañoso desligarlas de los efectos negativos de la política económica, social y de empleo que está ejecutando el Gobierno y que a nuestro juicio no solo retrasan la salida de la situación de crisis en la que estamos inmersos, sino que además suponen un debilitamiento del Estado de Bienestar, al renunciar a mayor inversión en gasto social y al impulso económico y de creación de empleo que las administraciones debieran realizar desde el sector público, ampliando y mejorando los sistemas de bienestar que garantizan derechos y promueven sociedades más justas y cohesionadas en todos los ámbitos.

Convencidos de que otra política es posible, desde CCOO Canarias invitamos a todas las personas comprometidas con los derechos de ciudadanía y de empleo de las personas con discapacidad a participar en la movilización convocada por CCOO y UGT para el próximo día 18 de diciembre, para que el gobierno atienda las propuestas sindicales y tome medidas que hagan reversible una reforma laboral que abarata y facilita el despido, que garanticen la protección de las personas que pierden empleo y prestaciones, que prioricen la reactivación económica y la creación de empleo, que eviten una reforma regresiva de las pensiones y que refuercen los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales de dependencia, como pilares clave del Estado de Bienestar.

MOVILIZACIÓN EN CANARIAS, POR EL RECORTE CONTEMPLADO EN LOS PRESUPUESTOS CANARIOS 2011

A PESAR DE LA ALERTA METEREOLOGICA, MÁS DE 500 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN GRAN CANARIA CONTRA LOS PRESUPUESTOS MAS ANTISOCIALES DE LA HISTORIA DE CANARIAS

Unos presupuestos que exige sacrficios a los más débiles en forma de desempleo, de desmantelamiento de los servicios públicos y de elminación de prestaciones sociales y no exige ningún esfuerzo a los que más tienen. Unos presupuestos que no solo no nos sacaran de la crisis sino que nos hundirán más en ella tienen que cambiar. Estos presupuestos llevarán a la miseria a miles de personas, no lo podemos permitir, por eso tenemos que dar un giro social a los presupuestos

Hace muchos años, un famoso humorista puso de moda en la televisión la expresión de "yo sigo". Esa es la expresión que toca defender hoy en Canarias después de haber llevado muy alto el "yo voy" en la huelga general, convirtiendo nuestra presencia hoy aquí en un nuevo acto de resistencia, solidaridad y esperanza, volviendo a entonar un basta decidido frente a la resignación.

El sábado pasado, los presidentes de las principales empresas españolas centraron buena parte de sus propuestas al presidente del gobierno para abordar la actual crisis en pedir más recortes de las prestaciones sociales, nuevas reformas laborales y la reforma de nuestro sistema de pensiones que empobrezca aún más a nuestros mayores. Y, de paso, no vendría mal echar a la calle a un buen número de empleados públicos. Los teólogos del neoliberalismo se mueven a gusto en estos tiempos por todos los foros relacionados con el poder económico y político.

Ya lo decíamos el pasado 29 de septiembre, nos hemos quedado solos hablando de derechos sociales y laborales, mientras los poderes económicos y políticos se han plegado al dictado de los mercados, es decir, de los bancos.

Pero desde la soledad de los que defienden los intereses de la inmensa mayoría del pueblo, queremos dejar bien claro que no nos vamos a callar y que no vamos a caer en la inactividad.

No vamos a plegarnos a las políticas de ajuste presupuestario que han dado lugar a que desde la resignación se nos diga que hay que reducir de un plumazo los gastos de la administración autonómica de Canarias para el 2011 y de otro plumazo se recorta el presupuesto de este año en 250 millones de euros. No podemos quedarnos callados cuando se aprovecha la ocasión para anular parte del convenio colectivo del personal laboral de la administración pública canaria y se anulan unilateralmente otros acuerdos laborales y sindicales. No podemos permitir que como consecuencia de estas políticas de ajuste se pierdan miles de trabajo del sector privado vinculados a la actividad de las administraciones y a la inversión pública.

No queremos que nuestro futuro sea el presente de Irlanda. El paraíso neoliberal donde se ha gobernado como quieren que se gobierne hoy en España en Canarias y que van en camino de conseguirlo. El paraíso que no ha podido evitar el hundimiento de sus bancos y que lo van a tener que pagar todos los irlandeses. Y para ello, van a despedir a miles de empleados públicos, subir los impuestos indirectos, reducir las prestaciones sociales,… Las recetas de siempre. Más sacrificios, más hundimiento de la economía, nuevos ajustes y así hasta no se sabe donde en esa espiral depresiva que es lo que nos puede pasar a nosotros si se sigue adelante con estas políticas que estamos denunciando.

No queremos que nos recorten nuestros derechos sociales y laborales y que nos condenen a vivir en el miedo permanente de no conseguir empleo o de perderlo.

Y para ello debemos saber y deben saber que tenemos alternativas.

Que la única solución posible no es la del ajuste presupuestario por la vía de reducir los gastos deprimiendo aún más nuestra economía y añadiendo más sufrimiento a nuestro pueblo, que hay recursos suficientes para mantener la inversión pública, el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y reducir el déficit público y que esos recursos los tienen la minoría, que en Canarias es donde hay una mayor concentración de la riqueza y que los que más tienen en estas islas no aportan a las arcas públicas la parte que le corresponde en los sacrificios que hay que hacer en estos tiempos de crisis por el fraude fiscal y un sistema fiscal regresivo. Que ahora hay que hablar de recuperar algunos impuestos y subir algunos tipos porque no queremos que mañana se practiquen subidas indiscriminadas de los impuestos indirectos.

Que los bancos tienen que aportar los créditos necesarios para que los particulares y las empresas puedan reactivar nuestra economía y que no es de recibo que no sólo no se avance hacia la creación de una banca pública, sino que lo más parecido a ello, las Cajas de Ahorro, se privaticen.

Por eso, hoy estamos aquí para que llegue nuestra voz al gobierno de Canarias. Y el próximo 15 de diciembre trataremos que esa misma voz se oiga en las empresas de nuestras islas y el 18 de diciembre en las calles de Santa Cruz y de Las Palmas. Lo decíamos el 29 de septiembre. Ese día no terminaba nada sino que empezaba la gesta de reivindicarnos como una generación valiente que no iba a permitir que las conquistas laborales y sociales conseguidas con muchos sacrificios por nuestros padres, no se las pudiésemos dejar como herencia a nuestros hijos. Asumíamos el compromiso de luchar por la dignidad y la esperanza de que un futuro mejor sea posible.

Por eso renovamos el compromiso de ayudar a construir una alternativa plural y viable frente al pensamiento único en el que los trabajadores y trabajadoras, la inmensa mayoría de los ciudadanos puedan encontrar aliento e inspiración para mantener la defensa de los valores democráticos y de justicia social. No vamos a permitir que con el combustible de nuestra sangre, unos pocos mantengan sus negocios.

PRIMERO EL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL

EL EMPLEO EN CANARIAS: LA REALIDAD PARALELA

Francisco Pozo Vozmediano

Secretario de Empleo. CCOO Canarias

Miembro Consejo General de Empleo del SCE

He titulado estos breves comentarios sobre la actualidad del empleo, o mejor dicho, del desempleo en nuestras islas como la “realidad paralela”, en referencia a la doble visión sobre el problema del paro en Canarias: por una parte, la realidad palpable, la contable, la estadística, la que podemos observar, lamentablemente, si pisamos con los pies en la tierra, si salimos a la calle y nos apartamos un poco de los centros capitalinos, donde vemos tiendas y bares cerrados, lo que indica mucho más de lo que parece, acerca de la salud de la Economía Canaria. Diariamente se cierran negocios, porque no tienen a quien vender, porque los clientes no tienen con que comprar porque no hay quien les pague un salario…. Porque están parados. Esa es la triste y dolorosa realidad.

Pero estuve dudando en titular estas líneas como “LA REALIDAD PARA LELOS”, que es la que nos está vendiendo algún representante del Gobierno de Canarias, a través de sus declaraciones públicas, en cuestiones de Empleo. Esta “realidad para lelos” no es otra que: la culpa es del ciclo económico, que los parados canarios no tienen formación y por eso no pueden acceder a puestos de trabajo, que rechazan los empleos que se les ofrecen….. Si alguien se cree esta versión de la realidad, debería buscar ayuda en profesionales.

Quien justifica los más de 300.000 parados (y creciendo) de Canarias por la escasa formación estos y que las políticas de empleo que está aplicando el Gobierno son las adecuadas, no está diciendo la verdad. Quien dice que los sindicatos no hacemos propuestas en el seno del Consejo General de Empleo (CGE), y que se revisen las actas de los mismos, no está diciendo la verdad.

En primer lugar, los miembros de CCOO en el CGE, desde que formamos parte de ese órgano, abril de 2009, hemos hecho numerosas aportaciones a las políticas de empleo propuestas por el Gobierno de Canarias, apoyando y aprobando aquellos planes que considerábamos que podían resultar positivos para los desempleados y trabajadores canarios en general y no apoyando ni aprobando otros que considerábamos que no iban a beneficiar a los trabajadores. Por el contrario, la patronal canaria, con presencia en el seno del CGE, ha votado a favor de todas y cada una de las propuestas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa. Nos sorprende sobremanera las recientes declaraciones en el diario “la provincia”, por parte de varios representantes de esta patronal, tachando de “fracaso absoluto” las políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias, cuando esta misma patronal es absolutamente corresponsable de la puesta en marcha de esas fracasadas políticas, al haberlas aprobado todas.

Me parece que se falta a la verdad también cuando el Sr. Director del SCE dice que los sindicatos no hemos hecho propuestas en el seno del Consejo General de Empleo. Desde luego que hemos hecho propuestas, e incluso algunas, de manera repetitiva, pero, quizá, como decía al principio, vivimos en realidades diferentes y por eso no se han percibido por parte de los representantes del Gobierno?. Sería razonable preguntarnos si hemos estado sentados en la misma mesa en esas reuniones, porque hemos sido reiterativos en decir que se cumpla el pacto económico y social, firmado en 2009, puesto que, quien dice que se ha cumplido al 99%, no está diciendo la verdad, ni por asomo. Baste decir que no se está priorizando, en cuanto a empleo, a las familias con todos sus miembros en paro, como dice el pacto, o a los mayores de 45 años, o a la renovación de la planta hotelera, como está firmado en el pacto. Hemos propuesto, tanto en la Comisión de Seguimiento de la Contratación, como en el CGE, que se diseñen planes de empleo específicos para mayores de 45 años, que se haga un mayor esfuerzo en favor del autoempleo, que haya una mayor dedicación a los barrios periféricos, donde el desempleo juvenil alcanza en algunos casos el 70%. Hemos propuesto que las ayudas a la patronal se condicionen siempre al mantenimiento o incremento del empleo, en definitiva, que se gestione bien el dinero público, ya que son recursos limitados y es posible que en el futuro aún se limiten más.

Se falta a la verdad también cuando se dice que si se revisan las actas del CGE, se puede ver que todas las propuestas parten de la Administración y no de los empresarios o sindicatos. En primer lugar, nos gustaría ver alguna de esas actas, ya que aunque las hemos pedido, después de año y medio, todavía no nos han dado ni una sóla. Quizá sea porque cuando nos daban algún borrador, observábamos, y así lo hacíamos constar, que lo que allí ponía, difería bastante, en algunos casos, de lo que realmente se había dicho o se había acordado en el CGE, y así lo hacíamos constar.

En definitiva, a pesar de los diferentes puntos de vista y de los diferentes intereses que defendemos, creo que todos los que formamos parte de órganos tan serios e importantes como el CGE, deberíamos ser consecuentes con nuestras actuaciones y no contradecirnos y no echarle la culpa a los otros, y no hacer propaganda gratuita, o pagada con fondos públicos, porque así no vamos a arreglar el problema del desempleo en Canarias. Pongámonos a cumplir lo que firmamos.

Un buen punto de partida sería releer, por si a alguien se le ha olvidado lo que pone, el Pacto Social por la Economía y el Empleo en Canarias, firmado por los agentes políticos económicos y sociales el 4 de junio de 2009.

Por si alguien no lo tiene a mano, les dejo un enlace a la página oficial:

http://www.gobcan.es/presidencia/pacto_social_2009/

Salud a todas y a todos.

ANTE UNOS PRESUPUESTOS ANTISOCIALES: MOVILIZACION

EL GOBIERNO PROPONE PARA EL 2011, LOS PRESUPUESTOS MAS ANTISOCIALES DE LA HISTORIA DE CANARIAS, ES URGENTE MOVILIZARNOS PARA DAR UN GIRO SOCIAL A LOS PRESUPUESTOS QUE PONGA AL EMPLEO Y A LA PROTECCION SOCIAL COMO OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Sólo se inserta a la mitad de los parados que se contratan

El Plan Integral de Empleo (PIEC) ha beneficiado a casi 60.000 desempleados y ha supuesto un gasto de más de 580 millones

LA PROVINCIA. RUBÉN ACOSTA. 22/11/2010. Los fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) han beneficiado en 14 años de vigencia a cerca de 60.000 personas, con un gasto total que supera los 580 millones de euros. Sin embargo, el índice de inserción en el mercado laboral apenas alcanza a la mitad de los parados contratados directamente a través de este plan, que se nutre de fondos del Estado. Un ejemplo fue la ejecución del II PIEC (2002-2006), que benefició a 22.762 desempleados, de los cuales se insertaron en el mercado 10.389 personas, siendo el porcentaje medio de continuidad en el puesto de trabajo del 45%. Entre los principales objetivos del PIEC se encuentra precisamente la inserción laboral de los parados, además de la integración de colectivos en riesgo de exclusión social o el acceso de las mujeres a un empleo.

El Plan Integral de Empleo de Canarias fue producto de los primeros acuerdos alcanzados por Coalición Canaria con el primer Gobierno de José María Aznar a cambio de darle estabilidad en el Congreso. El primer PIEC se prolongó entre 1997 y 2001, el segundo entre 2002 y 2006 y el tercero se inició en 2007 y finaliza este año, aunque ya hay un compromiso del Gobierno central de firmar un nuevo convenio en 2011. La ficha presupuestaria de este plan es de 42 millones de euros anuales y siempre ha formado parte de los acuerdos políticos de los nacionalistas con el Ejecutivo central, tanto con el PP como con el PSOE en La Moncloa.

Una parte importante de los recursos del PIEC, cerca de la mitad, ha ido destinada a los convenios con las corporaciones locales, sobre todo ayuntamientos, para ejecutar proyectos municipales de infraestructuras básicas. Otra parte de los fondos van a formación a través de las escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y formación ocupacional. Por último, una pequeña parte se destina a la propia modernización de los servicios públicos de empleo y al fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Local de los ayuntamientos canarios.

El nivel de ejecución de los fondos del PIEC y si éstos han conseguido realmente sus objetivos son las principales críticas que ha recibido desde que comenzó a aplicarse. Entre 1997 y 2004, años de prosperidad y bonanza económica, se devolvían al Estado entre el 30% y el 40% de los fondos debido al bajo grado de ejecución de los mismos por la ineficacia a la hora de programar los cursos de formación y la tardanza en la gestión de los planes de empleo. A partir de 2005 fue cuando se elevó considerablemente la ejecución presupuestaria por los cambios introducidos en el procedimiento de gestión. Según el Servicio Canario de Empleo (SCE) actualmente se ejecuta una media del 95% de los recursos.

El director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova, considera que estos 42 millones anuales que inyecta el Estado a las políticas activas de empleo son un elemento fundamental para el segmento de población que tiene dificultades para conseguir un puesto de trabajo, la única vía no sólo para obtener una renta sino para tener más oportunidades de insertarse en el mercado laboral. Para Génova, "las políticas activas de empleo no son una varita mágica pero es la única posibilidad que tienen muchas personas para lograr un empleo y sólo de esta forma pueden tener alguna opción de insertarse en el mercado laboral".

Ejecución
En cuanto al nivel de ejecución, el director del SCE advierte que conseguir el 100% de cumplimiento de los fondos es "imposible" pero se ha logrado un elevado grado de gasto del presupuesto, una media del 95%, cuando en la primera etapa del PIEC la ejecución era mucho menor porque la rigidez era mayor y los programas eran aplicados por el servicio público de empleo estatal.

No es de la misma opinión la diputada del PSC en el Parlamento regional, Gloria Gutiérrez, quien critica que anualmente se estén devolviendo cerca de 2 millones de euros a Madrid por la ineficacia del Gobierno canario y que sea el Ejecutivo central el que aporte más del 70% de los fondos para incentivar el empleo en las Islas, mientras la Comunidad Autónoma reduce cada vez más sus propios fondos para luchar contra el paro.

Para Gutiérrez, "una cosa es el grado de ejecución y otra bien distinta es dónde se gastan los cuantiosos fondos que vienen del Estado". En este sentido, la parlamentaria socialistas critica la opacidad del SCE a la hora de informar sobre el destino de los fondos al comprobarse que las Islas se han mantenido siempre como la Comunidad Autónoma con mayor tasa de paro.

Concentración el 30 de Noviembre por el Empleo y la Protección Social, y contra de los presupuestos más antisociales de la Historia de la CAC

LA MOVILIZACION CONTINÚA: ASAMBLEA DE DELEGADOS EN GRAN CANARIA, PARA PREPARAR LAS MOVILIZACIONES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

EL GOBIERNO PROPONE PARA EL 2011, LOS PRESUPUESTOS MAS ANTISOCIALES DE LA HISTORIA DE CANARIAS, ES URGENTE MOVILIZARNOS PARA DAR UN GIRO SOCIAL A LOS PRESUPUESTOS QUE PONGA AL EMPLEO Y A LA PROTECCION SOCIAL COMO OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

El presupuesto de la Comunidad autónoma tiene un marcado carácter antisocial, ya que recorta las prestaciones y la calidad de los servicios públicos.

Recortar las prestaciones sociales y la inversión pública en infraestructuras generará nuevas dificultades para la dinamización de la economía y retrasará la salida de la crisis. Los recortes no son inevitables. Lo más probable, es que generen una recesión de la actividad económica y en consecuencia una disminución de los ingresos públicos que conlleve la justificación para nuevos recortes. Ya cuando se presupuestaron trescientos millones de € de menos en el año 2010, advertimos que serían el preludio de nuevos y más severos recortes.

Movilizarse contra los presupuestos es por tanto esencial, por un lado para mantener los servicios públicos estratégicos y por otro lado para romper este círculo vicioso que conllevará más destrucción de empleo, nuevos recortes y mayores deterioros de la calidad de vida y de las prestaciones de la mayoría de la población.

CCOO propone cambios en el apartado de gastos: la reducción del recorte de gasto y su distribución, de manera que el ahorro se dirija al gasto superfluo y al gasto producido por las ineficiencias y descoordinación entre administraciones públicas de Canarias

En el apartado de ingresos gravando tanto las rentas más altas mediante la imposición directa, como determinados productos como los combustibles o el tabaco lo que permitiría tanto moderar su consumo como incrementar los ingresos disponibles para el año 2011.

LA MOVILIZACIÓN ES LA FUERZA DE LA MAYORÍA SOCIAL

ACUDE A LA CONCENTRACION EL 30 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30

EN LA SEDE DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Plaza O`Sanahan)

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS

INFORMA ÁREA PÚBLICA CCOO CANARIAS

El pasado jueves, 11 de noviembre se reunió la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos (MGNEP) de la Administración Pública Canaria, donde se debatieron los recortes que contiene el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011, con respecto a lo referido al Capítulo I (personal).

La valoración de la Administración, realizada por su Viceconsejero de Hacienda, es que son unos presupuestos austeros, sociales y los únicos que se pueden realizar en la actual coyuntura económica. Tal posición es refrendada por el también Viceconsejero de Función Pública, ante el panorama internacional, nacional y canario, y además se incide que Canarias, es la que más presupuesto asigna al capítulo I, conteniendo el gasto, atenuando la pérdida de empleo con las medidas de ajustes.

Por parte de la nueva Directora General de la Función Pública, se plantea que hay que lograr más eficacia y eficiencia con los recursos que se va a contar en los presupuestos del 2011.

En todas las intervenciones de la administración, se habla de porcentajes de reducción pero no se facilita un solo dato económico concreto, eludiendo la concreción que se solicita por parte de los sindicatos presentes en la Mesa General....

Continúa en la página web de la FSC:

http://www.fsc.ccoo.es/webfsccanarias/menu.do?Inicio:103168

ANTEPROYECTO DE LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CANARIA

El Gobierno de Canarias en las reuniones celebradas hoy de la Mesa General de Negociación Empleados Públicos y de la Comisión Superior de la Función Pública ha retirado del orden del día el punto que trataba el Anteproyecto de la Ley de la Función Pública.

En breve el Área Pública de CCOO Canarias hará una valoración al respecto.

CCOO convoca una huelga para el 15 de diciembre

Posición de CCOO Canarias ante la reducción del gasto del gobierno canario

El Área Pública de CCOO Canarias ha dado a conocer su posición, frente a los Presupuestos de Canarias para el año 2011, a través de su Coordinador, José Ramón Barroso, Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, Pedro Moreno, Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, y José Alonso Tapia, Secretario General de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Canarias.

Desde la Sala de Prensa, de la sede sindical, en la calle Méndez Núñez de Santa Cruz de Tenerife, se ha ofrecido una rueda de prensa a los medios de comunicación, para dar a conocer la posición de CCOO Canarias, ante el acuerdo del Gobierno de Canarias, relativo a las medidas extraordinarias, para la reducción del gato, así como hacer público el planteamiento de movilizaciones en contra del mismo, que incluye la convocatoria de una Huelga en la administración pública de las islas, para el miércoles 15 de diciembre, previa consulta a los trabajadores en sus centros de trabajo.

Comisiones Obreras contempla para el último mes del año un calendario de movilizaciones con un paro el día 15 de diciembre en todo el Archipiélago contra el que han considerado el presupuesto "más regresivo de la historia de Canarias", especialmente, en el ámbito público, es decir, Sanidad, Educación y Administración.

El coordinador del Área Pública de CCOO, José Ramón Barroso; el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Pedro Moreno; y el secretario general de la Federación de Sanidad, José Alonso Tapias, así lo han anunciado adelantando que confían en que esta iniciativa tenga eco en otras formaciones sindicales y sea un éxito.

A lo largo de la rueda de prensa, los responsables sindicales han hablado de "inconstitucionalidad" de estos presupuestos y de las consecuencias que estas cuentas supondrán para los trabajadores, pero sobre todo su repercusión sobre los ciudadanos.

Así han denunciado la "ruptura de la negociación colectiva", amparándose en la crisis económica, pero que según Barroso no deja de ser "una agresión directa" a los servicios públicos esenciales como la Educación, la Sanidad y la Administración y también a las organizaciones sindicales porque los "deja sin voz" y sin capacidad de negociación.

La resolución del Gobierno de Canarias, a pesar de que no es firme, puede que se inyecten como disposiciones transitorias y se deje sin capacidad de reacción a la organización pública, temen desde Comisiones. Estas medidas han llevado a convocar una huelga el 15 de diciembre que se irá consultando en los centros y lugares de trabajo en los próximos días hasta que llegue la jornada de huelga.

"El presupuesto que se presenta para 2011 es superrestrictivo en muchísimos aspectos que son los servicios públicos escenciales. ¿Por qué se atacan los servicios? ¿No queremos defender el estado de bienestar? ¿La crisis la han creado los trabajadores? No, y llevamos más de un año hablando de aumentar los impuestos a los que tienen más ingresos o recuperar el impuesto de sucesiones... ¿por qué siempre tienen que pagar los mismos", se ha preguntado el sindicalista, que ha señalado que los que tienen el sartén por el mango son los partidos políticos y las entidades financieras lo que, en su opinión, debería llevar a los gobiernos a buscar soluciones para que "todos" puedan arrimar el hombro.

Ha añadido además que hay políticas y partidos que creen que las políticas sociales son importantes, no así Canarias en donde los gestos y actos de los políticos han revelado, según el secretario de Educación, que no cree en sus servicios públicos. "No nos negamos a hacer el esfuerzo, pero todos por igual. Busquemos soluciones conjuntas. No rompamos la negociación colectiva y busquemos medidas de ingresos necesarios para superar esta crisis en las que estamos inmersos", ha sentenciado.

Confluir todos

Por su parte, Pedro Moreno ha hecho especial hincapié en que todas las organizaciones sindicales han coincidido en combatir estos presupuestos de Canarias pero que sería importante que confluyeran todas en un día y en un formato para afrontar este reto pues este ha sido, sin duda, "el peor presupuesto".

Ha recalcado que con este paquete de medidas -ampliar la jornada, recortes salariales o uniformarles- no van a generar empleo ni a sacar a Canarias de la crisis. "Ya está bien. El Gobierno de Canarias está en una posición complicada y en minoría pero no es un ejemplo de responsabilidad pues no tiene una mínima garantía de concertación social", ha sentenciado. "Quieren aprovechar la crisis para llevarnos 20 años atrás en el estado de Bienestar Social", ha lamentado Moreno, que ha criticado que se use "como descarga" la excusa del exceso de liberados sindicales, que por otra parte, es, según el sindicalista, "falso".

"Que no vengan a engañar a la sociedad canaria es una huelga potente con una manifestación potente en canarias a quienes defiendan las cuentas y al Parlamento de Canarias vamos a ir", ha apuntado para recalcar que las organizaciones políticas no deberían guardar "un silencio sospechoso" sino trabajar en cómo cambiar estas cuentas. Así la ciudadanía deberá saber quienes son los cómplices de los "presupuestos canarios más regresivos de la historia moderna", ha subrayado Pedro Moreno.

Garantizar la mejor coyuntura posible

"Hay que salir a la calle... porque se nos viene encima una regresión social sin precedente", ha apuntado el representante del área de Sanidad de Comisiones Obreras. "La política donde tiende es a la privatización de los servicios públicos y esto no lo vamos a permitir", ha explicado Tapias.

"No nos merecemos lo que van a hacer, ni va a salir de la crisis, al contrario. Con estos presupuestos Canarias explota socialmente", ha concluido Pedro Moreno.

LA PALMA: Concluyen los cursos formativos y vuelve a subir el paro en la Isla

EL DÍA, Los Llanos 5.Noviembre.2010

El paro volvió a subir en octubre, según los datos de las oficinas de Empleo en la Isla, situándose en 9.291 desempleados, con un aumento de 106 personas con respecto al mes anterior (un 6,19% de aumento sobre el mismo periodo de 2009). Del total, 4.357 son hombres y 4.934 mujeres, sin embargo, de los nuevos desempleados registrados, 72 son hombres y 34 mujeres.

Según ha valorado el sindicato mayoritario en la Palma, Comisiones Obreras (CCOO), "estos datos vienen a confirmar que la reducción que experimentó el desempleo insular el pasado mes de septiembre no se debió a creación de empleo ni a la reactivación de la economía insular, sino que fue consecuencia directa de las acciones formativas que se habían desarrollado. Las personas asistentes a los cursos formativos fueron contabilizadas como contrataciones temporales. Una vez que han ido finalizando estos cursos, vuelve a repuntar el número de desempleados".

Tan solo en cuatro municipios descendió la cifra de parados: Tazacorte (23), Breña Baja (19), Los Llanos de Aridane (12) y Tijarafe (1). En el resto subió, destacando la cifra de 72 nuevos parados en Santa Cruz de La Palma, 18 en Mazo y 17 en Puntallana. En cualquier caso, Los Llanos de Aridane, como municipio más poblado, sigue siendo el de mayor número de parados, con 2.364 personas, seguido por Santa Cruz de La Palma con 1.975 desempleados.

Por sectores económicos, hay siete parados menos en el comercio y dos en industria. En el resto de actividades se incrementó, especialmente en el caso de los servicios, con 56 nuevos desempleados, la agricultura, con 30, y en la construcción, con 11 más.

La Audiencia reafirma su posición sobre el recorte salarial del sector público con otra providencia

La Audiencia Nacional reafirma su criterio sobre la posible inconstitucionalidad del recorte salarial de los empleados públicos. La Sala de lo Social ha concedido un plazo de diez días a las partes personadas en la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos CCOO, UGT y SFF-CGT contra la empresa Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la aplicación del recorte salarial de los empleados públicos.

Con esta decisión, la Audiencia Nacional mantiene el mismo criterio adoptado en relación con una reclamación similar presentada por las organizaciones sindicales en el ámbito de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Las dos resoluciones de la Audiencia avanzan dudas sobre la constitucionalidad de la redacción de algunos de los artículos del real decreto ley de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, por posible afectación del "contenido esencial del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva".

Según Enrique Lillo, letrado del Gabinete Interfederal de CCOO, ambas providencias refuerzan la posición defendida por los sindicatos frente al recorte salarial de los empleados públicos y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en el conjunto de las administraciones públicas.

En este sentido, CCOO ha dejado clara su posición favorable a mantener las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos del personal del sector público, promoviendo las iniciativas necesarias para su extensión a cerca de tres millones de personas afectadas.

Nuevo borrador del anteproyecto de la Ley de Función Pública Canaria (14/10/2010)

La nueva propuesta de la Ley de Función Pública Canaria, que ha presentado la Dirección General de la Función Pública, supone un retroceso de los derechos de los empleados públicos canarios

Después de la última comisión técnica reunida el 10 de agosto, la Administración Autonómica, vuelve a presentar un proyecto, que no recoge las propuestas de las organizaciones sindicales, siendo un proyecto lesivo para los empleados públicos y para la propia Administración Pública Canaria, a pesar de las incontables veces que desde CCOO hemos venido planteando la necesidad de contar con las federaciones locales de Canarias, esto es, la Fecam y la Fecai, por lo que pretende desarrollar el proyecto de ley; esto no ha sido posible por la sinrazón de los políticos presentes en las reuniones.

Este proyecto, no recoge las propuestas que desde CCOO hemos realizado al primer borrador que fue presentado a principios de año (3 de marzo)

La propuesta que se pone en la mesa, no soluciona los graves problemas que se tienen en los ayuntamientos o en los cabildos, pero tampoco sirve como herramienta de trabajo en la administración autonómica, más allá de sacar pecho de haber logrado hacer un borrador que no contenta nada más que a quien lo propone, lo abandera y lo agita.

Esto unido a las propuestas de modificación de los derechos de los trabajadores que se recogen en los diferentes pactos o convenios colectivos, a través del recorte presupuestario, se pretende atentar contra los más elementales derechos de la negociación colectiva y de la libertad sindical.

Desde CCOO, no estamos en absoluto de acuerdo con permanecer quietos antes estos envites que se pretende ejercer desde el Gobierno de Canarias, contra los derechos de los empleados públicos.

Este proyecto de ley, no garantiza el empleo, más bien lo destruye. Elimina puestos actuales en la Administración Pública, y no consolida los puestos que se vienen desempeñando desde hace años. Se incide de nuevo, en las amortizaciones de plazas si no se convoca la respectiva oferta pública de empleo (OPE).

Se intenta consolidar la ILT, como un recorte más, donde el empleado público, tenga que pasar otro tribunal no médico, éste nuevo con carácter economicista, frente a criterios de salud.

Con la instauración de la evaluación del desempeño, como se pretende por parte de la administración autonómica, se podrá perder todos los niveles retributivos o perder el puesto al que se concursó últimamente. Se intentará que sea, la evaluación del desempeño una moneda de cambio para el partido que esté en el gobierno.

Desde CCOO, seguimos sin entender las prisas que tiene la Dirección General de la Función Pública de dotarse de una Ley, cuya duración y trascendencia va a ser de décadas, para el conjunto de las Administraciones Públicas, sin articular un proceso normalizado de negociación efectiva de la Ley.

Informamos igualmente que desde CCOO se han interpuesto los oportunos recursos jurídicos contra la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 2010 y contra el Decreto de retribuciones de su personal, por la imposición que ha supuesto a los empleados públicos, van en buen camino. Ya la Audiencia Nacional, ha remitido al Tribunal Constitucional las cuestiones que entiende son inconstitucionales, en los recortes planteados por la Administración Pública.

Hacemos un llamamiento a la participación en las movilizaciones que desde nuestra organización pretendemos llevar a cabo, con el fin de lograr que las reivindicaciones de los colectivos sean asumidas en el proyecto de ley elaborado por la Administración Autonómica.

Ha muerto Marcelino Camacho, una figura irrepetible

Ha muerto Marcelino Camacho. El dirigente obrero y comunista, el representante más cualificado de los derechos de los trabajadores. Toda una vida dedicada a la causa de los más débiles, a la conquista de una sociedad más justa y solidaria. La Comisión Ejecutiva de CCOO lamenta la muerte de su primer secretario general, el que contribuyó decisivamente a que CCOO sea hoy el sindicato más fuerte del país, y expresa a su familia su más sentido pesar.

En la guerra, en el exilio, en la dictadura y en la libertad, Marcelino Camacho siempre luchó al lado de los trabajadores. No en vano fue detenido en numerosas ocasiones y encarcelado durante varios años. Fue el primer secretario general de CCOO, en la clandestinidad de la Asamblea de Barcelona y en el I Congreso, ya conquistada la democracia, en 1978; el militante obrero que, junto a otros muchos sindicalistas, fundó a finales de los 50 las primeras comisiones obreras.

Durante más de 10 años ocupó la secretaría general de CCOO, -posteriormente hasta 1996 ocupó la presidencia-, una organización que él contribuyó decisivamente a transformar en el primer sindicato del país. Era un hombre abierto, firme, coherente y defensor de un sindicalismo de presión-negociación, que desde hace muchos años simboliza la estrategia del movimiento sindical.

Su compromiso con la libertad y el socialismo le llevó muy pronto a ingresar en el PCE, y a protagonizar la lucha política y sindical con el mismo empeño y generosidad. En 1985 formó parte del grupo que fundó IU, organización a la que perteneció hasta el final de sus días.

Pero, sin duda, su mayor legado aparece indisolublemente asociado a la creación y desarrollo de CCOO, un sindicato que modernizó y transformó, a partir de una apuesta decidida y valiente por la autonomía sindical, autonomía que ya es la expresión de identidad más sólida de CCOO. Los que posteriormente le sucedieron en el cargo, Antonio Gutiérrez, José María Fidalgo y el actual secretario general, Ignacio Fernández Toxo no han hecho sino blindar su legado.

Marcelino Camacho estará siempre presente en el proyecto sindical de CCOO, en la reivindicación y en la propuesta, en la negociación y en la movilización. Nos ha dejado Marcelino Camacho, un hombre irrepetible.

(*) La capilla ardiente quedará instalada en Lope de Vega 40 (Madrid), a partir de las 10:00 horas del viernes 29 de octubre hasta las 11:30 horas del sábado 30. A las 12:00 del sábado, el féretro se trasladará a la Puerta de Alcalá donde a las 12:30 horas se celebrará un acto de despedida. A las 14:00 horas será enterrado en el Cementerio Civil

EN GRAN CANARIA a la entrada del edificio de CCOO, a las 12.00 horas haremos un acto de recuerdo al compañero Marcelino.

La Audiencia eleva al Constitucional el recorte salarial del sector público

28-10-2010. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado, mediante Auto notificado hoy, 28 de octubre, elevar definitivamente al Tribunal Constitucional, en el ámbito de su jurisdicción, las disposiciones referidas a la rebaja salarial al personal laboral del sector público, contenidas en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, de Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público. El Auto dictado admite, en buena parte, los argumentos de la demanda presentada por CCOO.

La Sala confirma las consideraciones anticipadas en su Providencia del pasado 7 de octubre, con motivo del conflicto colectivo interpuesto por CCOO en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), Ente Público que cuenta en la actualidad con alrededor de 1.750 personas asalariadas.

El Auto dictado admite, en buena parte, los argumentos de la demanda presentada por CCOO. De forma somera, en primera lectura y a la espera de un estudio más profundo, el motivo básico de inconstitucionalidad que aprecia, y sobre el que tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional, se refiere al hecho de que, conforme a la Constitución, un real decreto ley no puede afectar, entre otras materias, a los derechos, deberes y libertades ciudadanas regulados en su Capítulo I, tal y como ocurre con el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, conculcada por el Gobierno. Estas materias están reservadas a la Ley.

Así, la Audiencia defiende que la ley puede modificar un convenio colectivo vigente, pero siempre que se respete el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, estando obligado a razonar pormenorizadamente un triple control: idoneidad, necesidad y proporcionalidad, debiendo acreditar que es el único modo de alcanzar el fin perseguido legítimamente por la Ley, con el mínimo perjuicio o sacrificio de los derechos fundamentales que se vulneran.

Ello supone que el RDL cuestionado no dispone de habilitación para modificar lo pactado en un convenio colectivo estatutario mientras esté vigente, porque afecta directamente a los derechos fundamentales que se encuentran en juego en este conflicto.

También hace referencia, el auto, a la vulneración del derecho a la igualdad, recogido en el Artículo 14 de la Constitución Española.

Empleadas y empleados a quienes puede afectar

La remisión al Tribunal Constitucional de las disposiciones recurridas no produce, aún, efectos materiales ni jurídicos inmediatos. No obstante, cuestiona su legalidad y la forma de su adopción, con claro desprecio de los derechos individuales y colectivos de quienes trabajan en el sector público.

Si bien este Auto se ciñe exclusivamente al ámbito de la FNMT, una eventual declaración de inconstitucionalidad de los artículos aquí cuestionados podría afectar, de manera casi directa, a las más de 425.000 personas asalariadas en sociedades mercantiles, agencias y entes del sector público en sus diferentes ámbitos (estatal, autonómico o local). De hecho, ya se han celebrado, hasta la fecha, los juicios correspondientes a las demandas formuladas por CCOO en relación a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, que pueden generar, previsiblemente, autos de similar contenido a éste.

Igualmente, los elementos de fondo, que hacen a la Sala cuestionar la constitucionalidad de dichos artículos, serían también de aplicación al conjunto de empleados y empleadas públicos (más de 1.000.000) sometidas a régimen laboral en las Administraciones Públicas y sus Organismos Autónomos. En total, más del 45% del conjunto del empleo del sector público.

Centenares de reclamaciones promovidas por CCOO

Las consideraciones y Fundamentos Jurídicos que contiene el Auto, que recoge sustancialmente una parte de los planteados en el juicio por CCOO son, entre otros, los mismos que se incluyen en los centenares de reclamaciones promovidas por CCOO ante la jurisdicción contenciosa, en toda España, en defensa de los derechos de las cerca de 1.650.000 personas del sector público en régimen funcionarial o estatutario. También sirven de base para el cuestionamiento de la constitucionalidad de las disposiciones autonómicas locales aplicados en desarrollo del RDL 8/2010, en todo el Estado.

CCOO exige restitución de los derechos del personal asalariado del sector público

CCOO exige del Ejecutivo las medidas necesarias para restituir los convenios, pactos y acuerdos en vigor, así como la práctica del diálogo social en el sector público, otorgando certeza en las relaciones laborales, como forma de contribuir a la necesaria estabilidad y recuperación de la confianza, única base para un crecimiento sólido, sostenido y sostenible que saque a nuestro país de la crisis.

En ese sentido, CCOO hace un llamamiento al nuevo gobierno, y especialmente al vicepresidente 3º del Gobierno, Sr. Manuel Cháves, recientemente nombrado responsable de Administraciones Públicas, a que rectifique, ya, su política de vulneración de los pactos y acuerdos firmados y retome la vía del diálogo y la negociación, restituyendo el Acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la Función Pública, firmado el pasado 25 de septiembre de 2009, roto con el recorte salarial impuesto e incumplido por el Gobierno, de manera expresa y flagrante, en el resto de sus compromisos.

Marcelino Camacho, histórico líder de CC.OO., ingresado en estado crítico

Marcelino y su inseparable compañera Josefina Samper

Fue secretario general de CC OO entre 1976 y 1987.

Cuando me dijeron el pasado lunes, 25 de octubre, el empeoramiento de la salud del compañero Marcelino (92 años), me vinieron a la mente las veces que coincidimos en Canarias, en diferentes reuniones , en asambleas (Astican, generales de afiliados, de trabajadores, etc.) y siempre con su ánimo de trasladar a los trabajadores y trabajadoras la necesidad de organizarse y luchar por conquistar nuestros derechos, que ahora otros y otras pretenden eliminar o simplemente obviar como conquista de la clase trabajadora. (Javier Godoy)

El histórico dirigente y fundador de CC.OO., Marcelino Camacho, se encuentra en estado crítico según indicó el secretario confederal de Comunicación del sindicato, Fernando Lezcano, quien añadió que el veterano sindicalista se encontraba ya gravemente enfermo.

Nacido en enero de 1918 en Soria, empezó a militar en la UGT a los 18 años y formó parte del Frente Popular. Durante la Guerra Civil, se alistó en las milicias populares para acabar exiliándose a Francia y Argel tras la victoria franquista.

Tornero de profesión, trabajó en la fábrica Perkins, donde formó las clandestinas Comisiones Obreras durante la dictadura franquista junto a Julián Ariza. Tras pasar varias veces por prisión en una etapa de lucha contra el régimien y con la muerte posterior del dictador, fue nombrado primer secretario general de CC.OO. entre 1976 y 1978. Destacado miembro comunista, también fue diputado en el Congreso de los Diputados en plena Transición, entre 1977 y 1981.

Acusado de participar en la Comisión Coordinadora General de Comisiones Obreras, en 1972 fue uno de los acusados en el entonces llamado "Proceso 1.001" y condenado a 20 años de prisión, aunque a finales de 1975 consiguió beneficiarse del indulto general que se concedió por la proclamación del rey Juan Carlos.