Nuevo borrador del anteproyecto de la Ley de Función Pública Canaria (14/10/2010)

La nueva propuesta de la Ley de Función Pública Canaria, que ha presentado la Dirección General de la Función Pública, supone un retroceso de los derechos de los empleados públicos canarios

Después de la última comisión técnica reunida el 10 de agosto, la Administración Autonómica, vuelve a presentar un proyecto, que no recoge las propuestas de las organizaciones sindicales, siendo un proyecto lesivo para los empleados públicos y para la propia Administración Pública Canaria, a pesar de las incontables veces que desde CCOO hemos venido planteando la necesidad de contar con las federaciones locales de Canarias, esto es, la Fecam y la Fecai, por lo que pretende desarrollar el proyecto de ley; esto no ha sido posible por la sinrazón de los políticos presentes en las reuniones.

Este proyecto, no recoge las propuestas que desde CCOO hemos realizado al primer borrador que fue presentado a principios de año (3 de marzo)

La propuesta que se pone en la mesa, no soluciona los graves problemas que se tienen en los ayuntamientos o en los cabildos, pero tampoco sirve como herramienta de trabajo en la administración autonómica, más allá de sacar pecho de haber logrado hacer un borrador que no contenta nada más que a quien lo propone, lo abandera y lo agita.

Esto unido a las propuestas de modificación de los derechos de los trabajadores que se recogen en los diferentes pactos o convenios colectivos, a través del recorte presupuestario, se pretende atentar contra los más elementales derechos de la negociación colectiva y de la libertad sindical.

Desde CCOO, no estamos en absoluto de acuerdo con permanecer quietos antes estos envites que se pretende ejercer desde el Gobierno de Canarias, contra los derechos de los empleados públicos.

Este proyecto de ley, no garantiza el empleo, más bien lo destruye. Elimina puestos actuales en la Administración Pública, y no consolida los puestos que se vienen desempeñando desde hace años. Se incide de nuevo, en las amortizaciones de plazas si no se convoca la respectiva oferta pública de empleo (OPE).

Se intenta consolidar la ILT, como un recorte más, donde el empleado público, tenga que pasar otro tribunal no médico, éste nuevo con carácter economicista, frente a criterios de salud.

Con la instauración de la evaluación del desempeño, como se pretende por parte de la administración autonómica, se podrá perder todos los niveles retributivos o perder el puesto al que se concursó últimamente. Se intentará que sea, la evaluación del desempeño una moneda de cambio para el partido que esté en el gobierno.

Desde CCOO, seguimos sin entender las prisas que tiene la Dirección General de la Función Pública de dotarse de una Ley, cuya duración y trascendencia va a ser de décadas, para el conjunto de las Administraciones Públicas, sin articular un proceso normalizado de negociación efectiva de la Ley.

Informamos igualmente que desde CCOO se han interpuesto los oportunos recursos jurídicos contra la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 2010 y contra el Decreto de retribuciones de su personal, por la imposición que ha supuesto a los empleados públicos, van en buen camino. Ya la Audiencia Nacional, ha remitido al Tribunal Constitucional las cuestiones que entiende son inconstitucionales, en los recortes planteados por la Administración Pública.

Hacemos un llamamiento a la participación en las movilizaciones que desde nuestra organización pretendemos llevar a cabo, con el fin de lograr que las reivindicaciones de los colectivos sean asumidas en el proyecto de ley elaborado por la Administración Autonómica.