28-10-2010. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado, mediante Auto notificado hoy, 28 de octubre, elevar definitivamente al Tribunal Constitucional, en el ámbito de su jurisdicción, las disposiciones referidas a la rebaja salarial al personal laboral del sector público, contenidas en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, de Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público. El Auto dictado admite, en buena parte, los argumentos de la demanda presentada por CCOO.
La Sala confirma las consideraciones anticipadas en su Providencia del pasado 7 de octubre, con motivo del conflicto colectivo interpuesto por CCOO en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), Ente Público que cuenta en la actualidad con alrededor de 1.750 personas asalariadas.
El Auto dictado admite, en buena parte, los argumentos de la demanda presentada por CCOO. De forma somera, en primera lectura y a la espera de un estudio más profundo, el motivo básico de inconstitucionalidad que aprecia, y sobre el que tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional, se refiere al hecho de que, conforme a la Constitución, un real decreto ley no puede afectar, entre otras materias, a los derechos, deberes y libertades ciudadanas regulados en su Capítulo I, tal y como ocurre con el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, conculcada por el Gobierno. Estas materias están reservadas a la Ley.
Así, la Audiencia defiende que la ley puede modificar un convenio colectivo vigente, pero siempre que se respete el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, estando obligado a razonar pormenorizadamente un triple control: idoneidad, necesidad y proporcionalidad, debiendo acreditar que es el único modo de alcanzar el fin perseguido legítimamente por la Ley, con el mínimo perjuicio o sacrificio de los derechos fundamentales que se vulneran.
Ello supone que el RDL cuestionado no dispone de habilitación para modificar lo pactado en un convenio colectivo estatutario mientras esté vigente, porque afecta directamente a los derechos fundamentales que se encuentran en juego en este conflicto.
También hace referencia, el auto, a la vulneración del derecho a la igualdad, recogido en el Artículo 14 de la Constitución Española.
Empleadas y empleados a quienes puede afectar
La remisión al Tribunal Constitucional de las disposiciones recurridas no produce, aún, efectos materiales ni jurídicos inmediatos. No obstante, cuestiona su legalidad y la forma de su adopción, con claro desprecio de los derechos individuales y colectivos de quienes trabajan en el sector público.
Si bien este Auto se ciñe exclusivamente al ámbito de la FNMT, una eventual declaración de inconstitucionalidad de los artículos aquí cuestionados podría afectar, de manera casi directa, a las más de 425.000 personas asalariadas en sociedades mercantiles, agencias y entes del sector público en sus diferentes ámbitos (estatal, autonómico o local). De hecho, ya se han celebrado, hasta la fecha, los juicios correspondientes a las demandas formuladas por CCOO en relación a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, que pueden generar, previsiblemente, autos de similar contenido a éste.
Igualmente, los elementos de fondo, que hacen a la Sala cuestionar la constitucionalidad de dichos artículos, serían también de aplicación al conjunto de empleados y empleadas públicos (más de 1.000.000) sometidas a régimen laboral en las Administraciones Públicas y sus Organismos Autónomos. En total, más del 45% del conjunto del empleo del sector público.
Centenares de reclamaciones promovidas por CCOO
Las consideraciones y Fundamentos Jurídicos que contiene el Auto, que recoge sustancialmente una parte de los planteados en el juicio por CCOO son, entre otros, los mismos que se incluyen en los centenares de reclamaciones promovidas por CCOO ante la jurisdicción contenciosa, en toda España, en defensa de los derechos de las cerca de 1.650.000 personas del sector público en régimen funcionarial o estatutario. También sirven de base para el cuestionamiento de la constitucionalidad de las disposiciones autonómicas locales aplicados en desarrollo del RDL 8/2010, en todo el Estado.
CCOO exige restitución de los derechos del personal asalariado del sector público
CCOO exige del Ejecutivo las medidas necesarias para restituir los convenios, pactos y acuerdos en vigor, así como la práctica del diálogo social en el sector público, otorgando certeza en las relaciones laborales, como forma de contribuir a la necesaria estabilidad y recuperación de la confianza, única base para un crecimiento sólido, sostenido y sostenible que saque a nuestro país de la crisis.
En ese sentido, CCOO hace un llamamiento al nuevo gobierno, y especialmente al vicepresidente 3º del Gobierno, Sr. Manuel Cháves, recientemente nombrado responsable de Administraciones Públicas, a que rectifique, ya, su política de vulneración de los pactos y acuerdos firmados y retome la vía del diálogo y la negociación, restituyendo el Acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la Función Pública, firmado el pasado 25 de septiembre de 2009, roto con el recorte salarial impuesto e incumplido por el Gobierno, de manera expresa y flagrante, en el resto de sus compromisos.
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