OPINIÓN La Provincia. 3/12/2010
La estrategia empresarial del mundo privado no incluye entre sus objetivos el interés general
PILAR CÁCERES (*) Una vez más, como en tantos otros momentos de avaricia empresarial, se vuelve a poner en cuestión la honradez y la honorabilidad de los funcionarios. No les importa que los dos tercios de los empleados públicos trabajen en la salud y la educación, es decir, los servicios esenciales de la sociedad. El motivo subliminal: privatizar todo para ponerlo en manos de corporaciones privadas (y tras ellas, la gran banca), convirtiendo en cuotas de mercado las necesidades básicas de los ciudadanos, cuando el origen de los funcionarios está precisamente en la garantía del funcionamiento objetivo de los servicios públicos esenciales que garanticen el provecho colectivo.
La regulación del empleo público tiene su base en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y además del funcionario de carrera, comprende al personal laboral, funcionarios interinos, personal directivo y personal eventual. Son aquellas personas que desempeñan un trabajo por cuenta ajena al servicio de la Administración Pública, a cambio de una retribución, y vinculada por una relación estatutaria (leyes y reglamentos) regida por el Derecho Administrativo.
Los políticos gestionan los recursos públicos, es decir, lo que es de todos y cada uno de los ciudadanos, que no son, precisamente, una sociedad anónima sino seres humanos con nombres y apellidos. No perdamos de vista, que la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública difiere de la empresarial por la necesidad de prevenir el clientelismo y garantizar los requisitos de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública que la Constitución exige. El carácter inamovible del funcionario, así como las estrictas causas regladas para su separación, impide, por justicia, aplicar la estrategia empresarial del mundo particular, porque éste no incluye entre sus objetivos el interés general, que sólo puede ser asegurado en los servicios esenciales por los trabajadores públicos, a los que injustamente se acusa de ineficiencia. Exijamos responsabilidades a los gestores políticos, para que no cedan al exterminio de lo público o colectivo, por el indecente beneficio de una minoría empresarial que persigue pingues beneficios y le trae sin cuidado el bienestar común y la cohesión social.
(*) Jurista
La regulación del empleo público tiene su base en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y además del funcionario de carrera, comprende al personal laboral, funcionarios interinos, personal directivo y personal eventual. Son aquellas personas que desempeñan un trabajo por cuenta ajena al servicio de la Administración Pública, a cambio de una retribución, y vinculada por una relación estatutaria (leyes y reglamentos) regida por el Derecho Administrativo.
Los políticos gestionan los recursos públicos, es decir, lo que es de todos y cada uno de los ciudadanos, que no son, precisamente, una sociedad anónima sino seres humanos con nombres y apellidos. No perdamos de vista, que la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública difiere de la empresarial por la necesidad de prevenir el clientelismo y garantizar los requisitos de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública que la Constitución exige. El carácter inamovible del funcionario, así como las estrictas causas regladas para su separación, impide, por justicia, aplicar la estrategia empresarial del mundo particular, porque éste no incluye entre sus objetivos el interés general, que sólo puede ser asegurado en los servicios esenciales por los trabajadores públicos, a los que injustamente se acusa de ineficiencia. Exijamos responsabilidades a los gestores políticos, para que no cedan al exterminio de lo público o colectivo, por el indecente beneficio de una minoría empresarial que persigue pingues beneficios y le trae sin cuidado el bienestar común y la cohesión social.
(*) Jurista
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