02-02-2012. Las reformas llevadas a cabo no sólo no han solucionado los problemas sino que los han agravado. El déficit público no es una enfermedad del sistema. Es un instrumento más de política económica que, en época de crisis, debe ser utilizado para revertir o, en su caso, paliar la grave situación por la que pasa la sociedad canaria.
Parados demandando empleo.
Tras los deplorables datos ofrecidos por la EPA en 2011, el ejercicio recién estrenado continúa con la tónica de destrucción de empleo y generación de paro: menos consumo, menos inversión, menos contratación y más desempleo. Por ello las administraciones públicas deben intervenir con políticas anticíclicas a través de sus presupuestos. Estos cambios necesitan instituciones con capacidad de liderazgo y buenos gobiernos que apuesten por el fortalecimiento del diálogo social"
Así y todo, deben ponerse en funcionamiento, de forma urgente, mecanismos fiscales y laborales adecuados para redistribuir la renta. Los salarios no han contribuido en ningún momento a una menor generación de empleo ni incremento de precios y, por lo tanto, de pérdida de competitividad. Asimismo, no son los causantes de la caída de la recaudación de los ingresos de las administraciones públicas sino las rebajas fiscales que han impulsado tanto el Gobierno Nacional como el Autonómico. Éstas no fueron demandadas por los trabajadores ni se hicieron atendiendo a sus intereses y sí en contra de sus reivindicaciones.
De igual modo, CCOO Canarias no secundará planteamientos de querer mejorar el bienestar de las personas y las familias con una mayor facilidad para el despido y una menor remuneración para el factor trabajo y todo ello acompañado de una mejor tributación para los beneficios y para las rentas más altas. Hay que seguir exigiendo el fortalecimiento de las distintas políticas activas de empleo. Hay que seguir reivindicando un salario digno para todos los canarios y unas condiciones laborales que permitan la buena salud laboral de todos los trabajadores y trabajadoras de las islas.
Para hacerlo posible, también es el momento de las inversiones productivas que aprovechen los recursos disponibles en las distintas administraciones públicas y la inversión privada con el objeto de generar redistribución de la riqueza y no sólo mejoras de los resultados de las empresas.
Recientemente CCOO ha obtenido la firmeza de las sentencias favorables 277/2009, de 26 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de S/C de Tenerife, y 71 del TSJC presentada en demanda de interés de todos los funcionarios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y concretamente contra la Orden de 21 de febrero de 2008, dictada por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo C (C1), Cuerpo Administrativo, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la CCAA de Canarias. Más información en documento adjunto, que puedes descargar en:
Pedro Moreno y Javier Godoy, de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. canarias social CANARIAS SOCIAL
En un comunicado, CCOO sostiene que el permiso que se ha concedido a Gáldar para que prescinda mediante prejubilaciones de 17 trabajadores y suspenda temporalmente 87 contratos supone "un peligrosísimo precedente".
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de este sindicato opina que, si se asienta el criterio establecido con Gáldar, "se da rienda suelta a los ayuntamientos canarios para que gestionen sus cuentas con tanta irresponsabilidad como les apetezca, porque siempre la podrán compensar despidiendo a empleados públicos".
CCOO censura que se permita además un ERE a un ayuntamiento que -dice- "tiene pendiente de cobro cerca de 19 millones de euros, de los cuales 10,5 millones son producto de la gestión del actual alcalde, Teodoro Sosa", de Nueva Canarias.
Este sindicato asegura que el criterio aplicado con Gáldar, de prosperar, "supondría un socavamiento no ya del Estado del bienestar, sino del Estado mismo, cuya estructura podría quedar reducida a la de los políticos gobernantes y la de sus cargos de confianza que, como es obvio, siempre quedarían a resguardo de los expedientes de regulación de empleo".
Por su parte, UGT ha anunciado que impugnará la autorización del ERE de Gáldar y solicitará "inmediatamente" al Juzgado de lo Social la suspensión cautelar urgente de esta resolución por causar "graves daños a los trabajadores afectados".
En un comunicado, este sindicato señala que, de ejecutarse por el Ayuntamiento de Gáldar la resolución, los trabajadores afectados podrían no percibir la prestación por desempleo.
El sindicato argumenta que el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, advirtió, en un informe, que era "imposible legalmente" realizar un ERE en una administración pública, y por tanto, que no procedería el abono de la prestación por desempleo.
Francisco J. Bastida, catedrático de Derecho Constitucional.
Artículo de opinión publicado en lne.es/opinión de Francisco J. Bastida, catedrático de Derecho Constitucional
Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración Pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello, hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho.
En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la Función Pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales que, cuando llegan a gobernar, no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo.
El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la Función Pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada.
Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros.
La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
Toxo, Ménez y Rosell.
Los sindicatos y la patronal han remitido un documento al Gobierno en el que han plasmado los temas que han acordado hasta el momento y aquellos en los que aún están negociando relativos a la reforma laboral, y le han pedido que de les deje más "margen" para seguir trabajando en estos últimos más allá del 13 de enero, dentro del plazo previsto para su aprobación, en el primer trimestre del año.
Así lo han decidido después de que los presidentes de la CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, y los secretarios generales de CCOO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se hayan vuelto a ver las caras este martes para tratar de desatascar 'in extremis' las negociaciones. No ha sido así, y con este documento los agentes sociales intentan de darse un nuevo balón de oxígeno.
En un comunicado conjunto remitido posteriormente, los sindicatos y la patronal precisan una serie de materias en las que se ha alcanzado un acuerdo, otras en las que aún no hay acuerdo y un tercer grupo de materias que, por su propia naturaleza, corresponden fundamentalmente a los interlocutores sociales, sin perjuicio que alguna de ella tenga trascendencia legislativa.
Las materias en las que se ha alcanzado un acuerdo son:
- Solución autónoma de conflictos.
- Formación profesional para el empleo.
- Absentismo y mutuas.
- Racionalización de festivos.
- Jubilaciones anticipadas y medidas de prejubilación.
- Bonificaciones y reposición de prestaciones en los ERES.
Las materias que, por su propia naturaleza, corresponden fundamentalmente a los interlocutores sociales son:
- La renegociación del acuerdo de salarios vigente para 2012.
- La orientación de la evolución de los salarios para los años 2012, 2013 y 2014.
- Las negociaciones para favorecer el uso de la flexibilidad interna.
- La estructura de la negociación colectiva.
Los agentes sociales indican en el comunicado que no hay acuerdo y sería preciso más tiempo para negociar en cuestiones como:
- La contratación a tiempo parcial, la intermediación y la flexibilidad externa
- Las altas y bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes, en el capítulo de las mutuas.
- El fondo de capitalización de los trabajadores.
Según fuentes del Ministerio de Empleo, el Gobierno está a la espera de recibir el documento en el que trabajan los agentes sociales para "valorarlo y estudiarlo" en el Consejo de Ministros del viernes, pero lo ajustado de los tiempos hace que se descarte por el momento la aprobación ese día de las primeras medidas de reforma laboral.
Los acuerdos
Entre las materias acordadas se encuentran: pasar a los lunes las fiestas del 15 de agosto, del 1 de noviembre y del 6 de diciembre con el fin de evitar los macropuentes; prorrogar el Acuerdo Nacional de Formación firmado en 2010, y luchar contra el absentismo en las empresas, para lo que piden que se elabore trimestralmente un ratio de evaluación tanto en el sector público como en el privado, de forma que se puedan adoptar medidas correctoras en caso necesario. También defienden la jornada anual como elemento de distribución de la jornada laboral.
El documento remitido al Gobierno también incluye una defensa de las jubilaciones anticipadas, "un derecho individual que no supone mayor gasto para el Estado o el sistema de pensiones", y las prejubilaciones, una transición pactada entre la extinción de la relación laboral y el acceso a la jubilación, que cuando llega por acuerdo de empresa y trabajadores sirve para resolver de forma no traumática procesos de ajuste de empleo.
Por otra parte, proponen al Gobierno que elabore una regulación de las mutuas de accidentes de trabajo que mantenga su naturaleza jurídica y se respete su autonomía gestora.
Las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado viernes suponen una complicación para llegar a un acuerdo en cuestión de salarios dentro de unas negociaciones entre empresarios y sindicatos que "marchan a buen ritmo", en opinión del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Secretario General CCOO
En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Toxo ha asegurado que las negociaciones entre sindicatos y organizaciones empresariales "marchan a buen ritmo", aunque es difícil que pueda haber un acuerdo cerrado antes del 15 de enero. "Existen dificultades pero en algunos temas importantes como la solución extrajudicial de conflictos se ha avanzado mucho", señaló.
Una dificultad añadida para cerrar un acuerdo, según Toxo, lo representan las medidas aprobadas por el Gobierno del PP en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Así, la negociación salarial "se ha puesto más dura" debido a la subida fiscal y a la evolución del IPC (2,4% en tasa interanual en el mes de diciembre), así como por la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI).
Respecto a los salarios, a su juicio "las organizaciones empresariales deberían hacer un ejercicio de realismo, porque si se deprimen excesivamente los salarios, también se deprimirá todavía más una ya muy deprimida economía incapaz de generar empleo", advirtió.
Además de la negociación salarial, Toxo ha subrayado que donde es más complicado cerrar acuerdos es en la contratación, pues resulta "muy difícil" encontrar fórmulas para favorecer la creación de empleo cuando se prevé una atonía en la economía para el primer semestre.
Por el momento, solo habría cuatro ámbitos en los que el acuerdo estaría cercano: la redistribución de los festivos, la solución extrajudicial de los conflictos, mutuas y absentismo y formación.
Uno de los puntos más cercanos al acuerdo es el de la reorganización de los festivos que dependen del Gobierno Central, para trasladar algunos de estos días al lunes para ganar competitividad. Los agentes sociales están discutiendo en torno a tres fechas. Dos de ellas estarían pactadas ya: el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y la Asunción de la Virgen (15 de agosto). El problema es si el tercero es el de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) -que la CEOE rechaza porque supondría mover tres festividades religiosas- o el Día de la Constitución (6 de diciembre).
Además, estaría prácticamente culminado un pacto para renovar el Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) -que actualmente tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012- desde enero del próximo año hasta 2016.
Este arbitraje afectaría a la negociación colectiva de ámbito nacional, sería voluntario, tendría mayor vinculación a las comisiones paritarias y se extendería a otros litigios como los plazos máximos de negociación de convenios, para solucionar el problema de la ultraactividad (prórroga automática de un convenio en ausencia de su renovación).
Además, este arbitraje tendría eficacia general y directa, de modo que aquellas empresas que no se quieran adherir tendrán que comunicarlo expresamente y tendrán un plazo de unos tres meses para acordar con los sindicatos otras vías de solución extrajudicial. Dentro de este acuerdo se incluiría también una fusión de las listas de árbitros de todos los agentes sociales y una búsqueda de más profesionalidad con el reforzamiento de su formación continua.
Los escollos: salarios y contratación
En cuanto a los desacuerdos, las mayores fricciones siguen centradas en la renovación del acuerdo de moderación salarial hasta 2014. La postura de la CEOE es la de un "crecimiento extremadamente moderado" de los salarios. En el caso de los sindicatos, apuestan por una moderación salarial, pero no hasta ese punto, y ponen la barrera de lo extremo en aproximadamente el 1%.
Asimismo, aún aleja a las partes la petición por parte de la CEOE de desindexar los salarios y vincularlos a productividad. En este terreno, los sindicatos estarían poniendo de manifiesto la dificultad de conocer datos objetivos sobre productividad, aunque estarían abiertos a ligar los salarios a otras fórmulas, como la inflación subyacente (IPC sin precios energéticos ni alimentos frescos), o hablar de salarios fijos y variables.
Además, los sindicatos piden que se respete el vigente acuerdo de moderación salarial para 2012 -entre el 1,5% y el 2,5%- en el caso de los convenios plurianuales con efectos en el próximo año, cuestión en la que parece haber bastante cercanía.
Aunque el Gobierno no puede legislar sobre los salarios del sector privado, la postura del Ejecutivo sobre esta cuestión parece clara. Así, tras la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, la ministra de Empleo dejó caer que la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) es un "importante mensaje de moderación salarial para ayudar a la recuperación económica".
Por otro lado, las partes siguen negociando sin visos de acuerdo otras materias que deben tener, eso sí, la última palabra del Gobierno. Es el caso de la contratación, en el que hay tres frentes abiertos.
El primero sería el contrato de formación, actualmente limitado temporalmente a los trabajadores de hasta 30 años, pero destinado más adelante a aquellos de hasta 25 años, que la CEOE quiere desvincular de un límite de edad.
Además, la patronal quiere reducir su carga de formación retirando la obligación de que estos trabajadores tengan que estar guiados por un tutor en la empresa, responsable que los sindicatos piden que corra a cargo de los Servicios Públicos de Empleo. Además, las centrales persiguen que esta modalidad sirva de base para un futuro sistema de formación dual.
Otras cuestiones en el aire son el impulso de la contratación a tiempo parcial y de la conversión de contratos temporales en indefinidos, así como los costes del despido, aunque es una cuestión que en principio no está en la bolsa de temas que Rajoy trasladó a los agentes sociales.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, informa sobre lo acontecido en las reuniones celebradas los días 22 de noviembre y 1 de diciembre, en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de Canarias
El 22 de noviembre se reúne la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos (MGNEP) de la Administración Pública Canaria, donde se dio a conocer el borrador de acuerdo de medidas extraordinarias de ahorro para el año 2012 por parte del Gobierno de Canarias.
Destaca la propuesta novedosa de incluir un nuevo aspecto: la creación de una comisión de seguimiento de las medidas propuestas, donde se contempla la posibilidad de que los sindicatos formen parte de la misma.
El 30 de noviembre se reúne la Comisión Asesora de Plantillas y la Mesa Sectorial de Negociación de Personal funcionario de la Administración General.
El 1 de diciembre se volvió a reunir la MGNEP, con dos proyectos de decretos, uno modificando el Decreto 78/2007 (jornada y horario) y el Decreto 55/2011 (medidas extraordinarias para la reducción del gasto) y la Comisión de la Función Pública con los mismos temas tratados en las reuniones del día anterior en la Comisión Asesora de Plantillas y en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario, FSC CCOO Canarias se manifestó en los mismos términos que en el día anterior.
Adjuntamos el INFORMA en "Documentos relacionados", en la página web:
http://www.fsc.ccoo.es/webfsccanarias/menu.do?Sectores:Administracion_Autonomica:Actualidad:290035
