Pedro Moreno y Javier Godoy, de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. canarias social CANARIAS SOCIAL
En un comunicado, CCOO sostiene que el permiso que se ha concedido a Gáldar para que prescinda mediante prejubilaciones de 17 trabajadores y suspenda temporalmente 87 contratos supone "un peligrosísimo precedente".
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de este sindicato opina que, si se asienta el criterio establecido con Gáldar, "se da rienda suelta a los ayuntamientos canarios para que gestionen sus cuentas con tanta irresponsabilidad como les apetezca, porque siempre la podrán compensar despidiendo a empleados públicos".
CCOO censura que se permita además un ERE a un ayuntamiento que -dice- "tiene pendiente de cobro cerca de 19 millones de euros, de los cuales 10,5 millones son producto de la gestión del actual alcalde, Teodoro Sosa", de Nueva Canarias.
Este sindicato asegura que el criterio aplicado con Gáldar, de prosperar, "supondría un socavamiento no ya del Estado del bienestar, sino del Estado mismo, cuya estructura podría quedar reducida a la de los políticos gobernantes y la de sus cargos de confianza que, como es obvio, siempre quedarían a resguardo de los expedientes de regulación de empleo".
Por su parte, UGT ha anunciado que impugnará la autorización del ERE de Gáldar y solicitará "inmediatamente" al Juzgado de lo Social la suspensión cautelar urgente de esta resolución por causar "graves daños a los trabajadores afectados".
En un comunicado, este sindicato señala que, de ejecutarse por el Ayuntamiento de Gáldar la resolución, los trabajadores afectados podrían no percibir la prestación por desempleo.
El sindicato argumenta que el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, advirtió, en un informe, que era "imposible legalmente" realizar un ERE en una administración pública, y por tanto, que no procedería el abono de la prestación por desempleo.
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