El Gobierno se ha limitado a consultar el proyecto de PGE con los empresarios incumpliendo el precepto legal que le obliga a establecer consultas también con los sindicatos.
El saneamiento de las cuentas públicas es un objetivo de la sociedad española que necesita un periodo temporal más amplio, debe realizarse con una distribución más equilibrada de los esfuerzos y combinarse con medidas para la reactivación económica. La obligación del Eurogrupo asumida por el Gobierno español de finalizar 2012 con un déficit de las cuentas públicas del -5,3% del PIB implica un esfuerzo titánico al estar acompañado por otro también muy importante en el ejercicio siguiente (máximo del 3% del PIB en 2013), que de no modificar sus plazos puede suponer una profunda quiebra social.
La reducción del déficit de las cuentas públicas en 2012 desde el -8,51% al -5,3% del PIB en un contexto de recesión (descenso previsto del PIB nominal: -0,8%) implica un reto extraordinario a realizar mediante la suma de decisiones en las políticas de gasto e ingreso equivalente en términos netos a 34.910,71 millones de euros (3,21 puntos del PIB). La distribución del esfuerzo por administraciones y niveles de gobierno asigna a la AGE un descenso de 1,6 puntos del PIB (17.036 millones), a la Seguridad Social un 0,09% del PIB (958,32 millones), a las Comunidades Autónomas un 1,44% del PIB (15.333,06 millones) y un 0,08% a las Corporaciones Locales (851,84 millones).
Pero en la práctica, el esfuerzo a realizar se acerca más a 44.000 millones de euros (4,3 puntos del PIB) cuando se tiene en cuenta la incidencia de la recesión sobre los ingresos públicos y se excluyen aquellas políticas que aumentan su dotación de forma obligada (gastos financieros de la deuda pública) o por decisión propia (pensiones). La enormidad de la tarea la convierte en casi inalcanzable sin quebrantar algún cimiento del modelo defendido por la sociedad española, hasta el punto que no cabe desechar la posibilidad de incumplir parcialmente el objetivo de déficit a final de año hasta una cifra un poco menos exigente.
La escasa información facilitada impide realizar una valoración en profundidad de la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2012 (reducción neta de gastos e incremento de impuestos por valor conjunto de 27.300 millones, 2,5% del PIB), de manera que se debe posponer hasta la presentación de la documentación íntegra en las Cortes Generales.
Con independencia de un hipotético, y nada fácil, acierto en el recorte de las partidas elegidas del gasto público para mejorar la eficiencia y la equidad en dirección de mejorar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos españoles, en términos agregados cualquier disminución del gasto público (15.000 millones en la AGE a la que sumar la de las AA.TT.) o aumento de los ingresos (12.314 millones de euros en impuestos propios de la AGE y compartidos con las AA.TT. a los que sumar los propios de las AA.TT.) tiene a corto plazo un impacto negativo sobre la demanda agregada (por definición mayor la disminución del gasto que la elevación de los ingresos). Desde esta apreciación, los criterios presupuestarios presentados para 2012 afectarán de forma negativa en el ritmo de actividad de la economía española, además, de provocar una fuerte destrucción de empleo, que sumar a la insostenible cifra actual de desempleados.
Con independencia de esta conclusión de carácter general, hay que calificar de positivas las medidas adoptadas en línea de mejorar la suficiencia y equidad del sistema tributario exigiendo mayores aportaciones a quienes tienen más capacidad económica. En esta línea hay que ubicar los cambios introducidos en el IRPF en diciembre, que ahora se extiende al Impuesto de Sociedades, si bien no hay mención alguna a figuras fiscales sobre grandes fortunas. Pese a ello no compartimos la idea del Gobierno de considerarlas transitorias, cuando la economía española necesita disponer de un sistema tributario con capacidad de recaudar los ingresos necesarios para sostener de forma sólida la presencia del sector público con objeto de mantener un modelo social de mercado que permita una elevada cohesión social y económica.
CCOO critica la propuesta de regularización fiscal (con un tipo de gravamen muy inferior a la legalidad vigente) que en la práctica supondrá una amnistía y una discriminación flagrante para las personas y sociedades que han cumplido con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.
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