El director general de Empleo, Alberto Génova Galván, niega al PSC que esta legislatura haya firmado ningún contrato mercantil.
El director general del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova Galván, negó a finales del pasado año que en la presente legislatura se haya contratado en ese Servicio a alguien con contrato mercantil, pero lo cierto es que al menos se contrataron cuatro asesores externos, a quienes se les ha abonado 504.942,85 euros.
Génova respondió por escrito a la diputada socialista Gloria Gutiérrez que el SCE no había suscrito contrato mercantil alguno desde 2007 hasta la actualidad. Sin embargo, en la propia pagina web del Gobierno de Canarias, en los anuncios de adjudicaciones definitivas, figura el contrato por servicios, mediante el procedimiento de negociado sin publicidad, con un técnico a quien en 2008 se le abonaron 57.271,52 euros, excluido IGIC, para la realización de labores de apoyo y asesoramiento en actuaciones del III Plan Integral de Empleo de Canarias.
Este técnico, llamado Juan Andrés Hernández López, firmó otros dos contratos más con el Servicio Canario de Empleo los dos años siguientes por 57.369,14 euros y 54.850 euros. En total, cobró 169.490,66 euros. Su cometido era la orientación laboral, una actividad que según fuentes sindicales podían haber llevado a cabo técnicos del propio servicio, sin necesidad de gastos extras.
En estos importes se incluían 7.000 euros, “que se reservan a posibles gastos por desplazamientos que el contratista tenga que abonar”, lo que choca con los contratos mercantiles por servicios, ya que los trabajadores autónomos corren con los gastos que conlleva su actividad profesional.
También en 2008 y 2010, el SCE contrató como autónoma a María del Mar Pérez González para que llevara a cabo los mismos cometidos que el técnico anterior: labores se asesoramiento. La fórmula empleada fue idéntica, contrato por servicios mediante el procedimiento de negociado sin publicidad. El coste de los servicios de Pérez fueron 55.476,19 euros en 2008 y 53.376 en 2010, sin IGIC.
De igual manera se contrataron otros dos técnicos para labores que podrían haber sido asumidas por personal laboral, como Virginia Manrique de Lara, que cobró 60.000 euros en 2010 por supervisar obras en las distintas dependencias del Servicio Canario de Empleo, y David Granados Guevara, que también en 2010 suscribió un contrato por una cantidad similar, 59.700 euros, por asesorar en esas obras, que han sido menores.
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