Respondiendo a la solicitud de reunión extraordinaria, solicitada por los representantes de CCOO y UGT, a la vista de los últimos datos estadísticos del desempleo en Canarias, se celebró el 19 de julio un plenario del Consejo General de Empleo de Canarias.
Antes de pasar a tratar los temas propuestos por las organizaciones sindicales, se nos ha hecho una exposición sobre las nuevas medidas que el gobierno autónomo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) tiene previsto poner en marcha.
Entre estas medidas está el tan nombrado "contrato alemán", que, según anunció el presidente del ejecutivo a principios de año en curso, iba a resolver el problema del desempleo en el archipiélago. Este tipo de contrato, (que en realidad consiste en reducción de la jornada de trabajo, y por tanto el salario) dicen ahora los representantes del gobierno, se pondrá en marcha adaptándose a lo regulado por la reforma laboral a nivel estatal.
El resto de medidas que propone el Gobierno son más de lo mismo, es decir, subvencionar la formación, subvenciones a las empresas y actuaciones puntuales. Ahora nos descubren, tanto el Consejero de Empleo, como el Director del Consejo General de Empleo, nos revelan que el objeto del Servicio Canario de Empleo no es, buscar empleo para los desempleados, ni tan siquiera intermediar, sino darles formación para que cuando pase la crisis, por el devenir propio de las cosas, los potenciales trabajadores estén mejor formados. Nos preguntamos si tal afirmación no será una escusa para eludir la responsabilidad de que Canarias, con prácticamente el 28%, ostentando el primer puesto en cuanto a desempleo en España.
Abordamos el tema de los expedientes de regulación de empleo temporales, ligados a la renovación de la planta hostelera, que redundaría, por otra parte en la reactivación de algún sector de la construcción y que está recogido en el Pacto económico y social firmado hace más de un año. Se nos responde que se ha acordado con el gobierno estatal destinar una partida de 200 millones de € para estos fines y que próximamente se regularán planes en la línea que proponemos, en los que el SCE financiará la formación del personal afectado.
Debido a la publicación recientemente de varios planes de empleo que van acompañados de cuantiosas subvenciones a la patronal, hacemos constar nuestro criterio de que estas subvenciones, para que realmente tengan un fin social, deben ir acompañadas de inserción laboral, si no, no dejan de ser subvenciones a fondo perdido, sin ningún resultado.
Por parte de los sindicatos se plantea el tema de la eliminación de la obligatoriedad de las empresas de no haber despedido a trabajadores para acogerse a subvenciones a la contratación, dentro del programa Canarias Emplea y el Director del SCE nos dice que lo ha considerado y no ve necesario que las empresas tengan esta obligación. Manifestamos que el Gobierno deja la puerta abierta para que pueda existir fraude, sustituyendo a trabajadores en activo por trabajadores subvencionados.
Preguntamos por la aportación a Hecansa, de 3,3 millones y a Gesplan, de 5,4 millones. Nos dicen que estos planes están en ejecución.
Tampoco se nos da una explicación clara de por qué se ha sacado a concurso el mantenimiento del SISPECAN, que es el sistema informático del SCE, que estaba adjudicado por 1,6 millones de € y se ha anulado la posibilidad de prórroga, sacando una convocatoria por 2+2 años (es decir, más allá de la legislatura), por importe de 2,25 millones de € anuales. Este cambio de empresa puede dejar sin empleo en breve a 40 técnicos que trabajan en esas tareas, ya que el pliego de condiciones no recoge la subrogación.
Antes de pasar a tratar los temas propuestos por las organizaciones sindicales, se nos ha hecho una exposición sobre las nuevas medidas que el gobierno autónomo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) tiene previsto poner en marcha.
Entre estas medidas está el tan nombrado "contrato alemán", que, según anunció el presidente del ejecutivo a principios de año en curso, iba a resolver el problema del desempleo en el archipiélago. Este tipo de contrato, (que en realidad consiste en reducción de la jornada de trabajo, y por tanto el salario) dicen ahora los representantes del gobierno, se pondrá en marcha adaptándose a lo regulado por la reforma laboral a nivel estatal.
El resto de medidas que propone el Gobierno son más de lo mismo, es decir, subvencionar la formación, subvenciones a las empresas y actuaciones puntuales. Ahora nos descubren, tanto el Consejero de Empleo, como el Director del Consejo General de Empleo, nos revelan que el objeto del Servicio Canario de Empleo no es, buscar empleo para los desempleados, ni tan siquiera intermediar, sino darles formación para que cuando pase la crisis, por el devenir propio de las cosas, los potenciales trabajadores estén mejor formados. Nos preguntamos si tal afirmación no será una escusa para eludir la responsabilidad de que Canarias, con prácticamente el 28%, ostentando el primer puesto en cuanto a desempleo en España.
Abordamos el tema de los expedientes de regulación de empleo temporales, ligados a la renovación de la planta hostelera, que redundaría, por otra parte en la reactivación de algún sector de la construcción y que está recogido en el Pacto económico y social firmado hace más de un año. Se nos responde que se ha acordado con el gobierno estatal destinar una partida de 200 millones de € para estos fines y que próximamente se regularán planes en la línea que proponemos, en los que el SCE financiará la formación del personal afectado.
Debido a la publicación recientemente de varios planes de empleo que van acompañados de cuantiosas subvenciones a la patronal, hacemos constar nuestro criterio de que estas subvenciones, para que realmente tengan un fin social, deben ir acompañadas de inserción laboral, si no, no dejan de ser subvenciones a fondo perdido, sin ningún resultado.
Por parte de los sindicatos se plantea el tema de la eliminación de la obligatoriedad de las empresas de no haber despedido a trabajadores para acogerse a subvenciones a la contratación, dentro del programa Canarias Emplea y el Director del SCE nos dice que lo ha considerado y no ve necesario que las empresas tengan esta obligación. Manifestamos que el Gobierno deja la puerta abierta para que pueda existir fraude, sustituyendo a trabajadores en activo por trabajadores subvencionados.
Preguntamos por la aportación a Hecansa, de 3,3 millones y a Gesplan, de 5,4 millones. Nos dicen que estos planes están en ejecución.
Tampoco se nos da una explicación clara de por qué se ha sacado a concurso el mantenimiento del SISPECAN, que es el sistema informático del SCE, que estaba adjudicado por 1,6 millones de € y se ha anulado la posibilidad de prórroga, sacando una convocatoria por 2+2 años (es decir, más allá de la legislatura), por importe de 2,25 millones de € anuales. Este cambio de empresa puede dejar sin empleo en breve a 40 técnicos que trabajan en esas tareas, ya que el pliego de condiciones no recoge la subrogación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario