Recurso de inconstitucionalidad contra el recorte salarial de los empleados públicos

El Área Pública de CCOO (integrada por las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad y Sectores Sociosanitarios) ha solicitado hoy al Defensor de Pueblo, Enrique Múgica, la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, publicado en el BOE el 24 de mayo de 2010 y convalidado por el Congreso de los Diputados el 27 de mayo.

CCOO justifica su petición en cuestiones tanto de fondo como de forma. En cuanto a los motivos formales, el sindicato argumenta que el Decreto-ley precisa para su uso de la existencia de "extraordinaria y urgente necesidad", lo cual, para CCOO, no se cumple en este caso. El Tribunal Constitucional ha establecido que esta norma jurídica ha de utilizarse cuando haya razones difíciles de prever. En relación con este punto, CCOO indica que si bien no cuestiona "la gravedad de la crisis económica, ni la necesidad de adoptar medidas de control de las cuentas públicas", la crisis era "perfectamente conocida".

Además, CCOO expone que del propio Decreto-ley se infiere la "absoluta carencia de motivación que permita la utilización de esta vía extraordinaria, que incluso en el colmo de la provocación se permite la inclusión de medidas que deberán hacerse efectivas a partir de enero de 2011, sin que pueda alcanzar a entenderse la urgencia del procedimiento."

En relación con los motivos de fondo, el Área Pública de CCOO cita la supresión de derechos constitucionales, la expropiación del valor del trabajo y la mala fe negocial por parte del Gobierno. Asimismo, alude a la vulneración de derechos fundamentales como el de libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva. En ese punto denuncia la unilateralidad en el recorte de derechos sociales, plasmada, entre otros puntos, en la suspensión del Acuerdo Gobierno-Sindicatos 2010-2012 en su aspecto retributivo, lo que para el sindicato constituye "una agresión sin precedentes a los derechos básicos, hurtando la negociación a la representación sindical". CCOO también considera de "dudosa legalidad", no ya la inaplicación del incremento salarial del 0,3% pactado en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos 2010-2012, sino la reducción de un 5% de la masa salarial.

Asimismo, el sindicato mantiene que se vulnera la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, puesto que el Decreto-ley dispone "un trato distinto a empleados públicos en función de la Administración de procedencia o del régimen jurídico que les vincula con ésta".

El Área Pública de CCOO también incluye en la exposición de motivos la intrusión del Estado en competencias de las comunidades autónomas y de los entes locales; la vulneración de la legislación laboral, dado que la reducción salarial supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo; y la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Convenio 151 de la OIT.

Por último, CCOO recuerda que la modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado no puede hacerse por Decreto-Ley y que, por tanto, el hecho de no modificarlos expresamente constituiría una burla al mandato constitucional.

CCOO espera que el Defensor del Pueblo, el único recurso de la sociedad para acceder al Tribunal Constitucional, resuelva favorablemente la solicitud y se inicie un cauce jurídico para tratar de frenar el recorte de derechos salariales y sociales de los empleados públicos.