9.12.2009 No creo descubrir nada nuevo cuando afirmo que durante los últimos años la confrontación política en nuestro país se ha convertido en un circo grosero y soez en el que el insulto, la insidia y la descalificación global han sustituido a los argumentos, las propuestas y los proyectos.
Tampoco pretendo atribuir responsabilidades ni analizar este hecho en profundidad y si he iniciado este artículo con esta afirmación es porque entiendo que, sin entrar a fondo en la materia, sí se puede sostener que los responsables de este tipo de estrategia deben mantenerlas porque las consideran rentables, con independencia del innegable deterioro que producen en la calidad de nuestra democracia y en el desprestigio social de sus protagonistas.
Creo que deben considerar rentable esta estrategia, porque algunos responsables políticos del Gobierno autónomo de Canarias han decidido primero mantener una confrontación con el movimiento sindical, en segundo lugar mantenerla exclusivamente en el terreno donde consideran que es más fácil ganarla y, por último, ganarla apelando a la bilis, a la infamia y a la degradación del conflicto laboral para convertirlo también en un cruce de descalificaciones.
En efecto, ante las primeras críticas sindicales a unos presupuestos planos y antisociales, en lugar de asumir las mismas como lo que son, la opinión de las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras de Canarias realizadas desde la misma independencia y el mismo compromiso con Canarias que se alabó cuando firmamos el Pacto Social y, en todo caso, rebatirlas con los argumentos que se consideren más convenientes. En lugar de esa respuesta, desde el gobierno se lanza un mensaje insultante y descalificador de los empleados públicos, sobre los que se pretende hacer recaer la responsabilidad de los altos índices de absentismo que se registran en el personal de la administración canaria.
Francamente, tengo la convicción que este gobierno no tiene autoridad moral para dar lecciones de fidelidad al servicio público y probablemente podría escribir otro artículo sobre los argumentos que sostienen esa convicción, pero el interés de los ciudadanos de Canarias no es que determinemos el grado de autoridad moral que tenemos quienes compartimos la obligación de combatir el absentismo y sus razones en la administración pública, el interés de los ciudadanos consiste en que debatamos, desde la razón y la voluntad de llegar a acuerdos, a medidas concretas que disminuyan las tasas de absentismo.
Así que por respeto, primero a nosotros mismos, a la tarea de gobernar y a los ciudadanos, vamos a devolver el debate al terreno de los argumentos, a intentar aportar soluciones, vamos, en suma, a intentar cumplir el papel que nos asignan las leyes y que la sociedad espera y necesita de nosotros.
Hablemos, pues, de absentismo y hagámoslo de frente sin subterfugios y sin reservas. No me cuesta nada, es más, llevo años sosteniendo en público y en privado que el índice de absentismo es intolerable en el sector público de Canarias, pero que eso sea responsabilidad exclusiva de los empleados públicos o de sus organizaciones sindicales es una afirmación que sólo se sostiene cuando lo que se pretende es utilizar como excusa el absentismo pero no reducirlo.
Del mismo modo, tampoco niego que hay un sector de los empleados públicos que consideran que la administración existe para que ellos tengan empleo y la incapacidad laboral como un permiso retribuido, pero son una ínfima minoría en relación con los miles de personas que anónimamente educan a nuestros hijos, atienden a nuestros enfermos, apagan nuestros incendios, ordenan nuestra circulación. Tampoco éstos, desde su condición de exigua minoría, justifican el índice de absentismo al que nos referimos.
El absentismo, cuando se quiera reducir, habrá que abordarlo como lo que es, un problema complejo de etiología variada y de soluciones multidisciplinares que deberán ser además diversas y adaptables a las distintas circunstancias y condiciones en las que se presta el servicio público. El absentismo tiene que ver con la disciplina, evidentemente, pero también con la organización del trabajo, con las condiciones concretas de cada puesto, con las circunstancias sociales como es el caso del absentismo en Enseñanza. Además tiene que ver con la legitimidad y la coherencia de quien toma las decisiones, con la motivación individual y colectiva de las plantillas, con la existencia de un proyecto de gestión que mueva voluntades.
No se puede abordar el tema del absentismo ni combatirlo seriamente sin abordar la práctica de convertir las administraciones públicas en un pesebre con el que alimentar pactos, mayorías de gobierno cuando no compromisos personales. Esa práctica niega la profesionalidad de la gestión, sustituye la inteligencia y el conocimiento por la lealtad incondicional al poder político coyuntural y legitima la deserción del compromiso público.
Bastaría con lo expuesto hasta aquí, al menos eso creo, para demostrar que ningún Gobierno de Canarias que hable de combatir el absentismo pueda hacerlo sin someter primero a autocrítica y luego a corrección las prácticas habituales de gestión de la administración pública. Pero además, si analizamos las medidas que ha tomado el gobierno para combatir el absentismo y las que no ha tomado, si vemos las incluidas en los presupuestos de 2010 con el supuesto afán de reducirlo podemos afirmar que es falsa, que es sólo una farsa preñada de demagogia y de insensatez la pose justiciera, una farsa encaminada a esconder el carácter antisocial del presupuesto y a buscar un enfrentamiento con los empleados públicos y sus representantes que entierre en el fango del insulto, la provocación y la descalificación cualquier debate racional sobre los contenidos del presupuesto autonómico.
Hace varios años que el Gobierno de Canarias dispone de un acuerdo con los sindicatos para abordar el problema del absentismo, concretamente de una mesa de trabajo comprometida en el marco de la concer-tación social. El hecho objetivo es que la citada mesa no ha si- do convocada ni una sola vez. Es decir, el mecanismo concreto del que dispone el Gobierno para proponer y acordar medidas contra el absentismo no ha sido utilizado ni una sola vez antes de este ataque repentino de puritanismo fariseico.
Por otro lado, la medida tomada en los presupuestos, la reducción del capítulo destinado a sustituciones, ni combate ni reduce el absentismo, simplemente disminuye la capacidad de sustituir a los ausentes perjudicando tanto a los empleados públicos no absentistas como a los usuarios de las prestaciones públicas. Lejos de suponer una medida contra el absentismo, el recorte en sanidad y educación supone una medida contra la universalidad y la calidad de estos servicios.
Por eso, cuando el Gobierno de Canarias esté dispuesto a hablar de absentismo, le invitamos a poner en marcha los foros que ha mantenido y mantiene congelados desde hace años y a salir del fango del insulto y la demagogia. Nosotros, los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, estaremos sentados en la mesa, cargados de argumentos y propuestas, de voluntad de combatir el absentismo desde sus causas y hasta de paciencia para asumir que el trago de renunciar al manejo de la función pública como una finca privada será lento y doloroso para los que se consideran los dueños del cortijo.
Carmelo Jorge Delgado.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS
SECTORIALES CCOO CANARIAS
ÉXITO TOTAL ANTE LAS MANIFESTACIONES DEL VIERNES, 18 DE DICIEMBRE, CONVOCADAS POR LOS SINDICATOS MAYORITARIOS. LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS NO SE HICIERÓN ESPERAR, SALIERÓN A LA CALLE A PEDIR CALIDAD PARA LOS SERVICIOS ESENCIALES DE LA POBLACIÓN CANARIA.
