Ante algunos escritos que otros sindicatos están haciendo llegar a los empleados públicos, la FSC CCOO Canarias informa del papel de la Concertación Social
Venimos asistiendo a posiciones públicas, de organizaciones sindicales, referente a la posición que desde CCOO hemos adoptado, en la Concertación Social Canaria, conjuntamente con la UGT, Confederación Canaria de Empresarios, CEOE Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Leyendo los distintos posicionamientos, queda fotografiado la idiosincrasia de cada cual en sus postulados. La concertación social, es un intercambio de posiciones (político), entre agentes sociales y el gobierno, para tratar temas de su responsabilidad, siendo por tanto un proceso de interrelación entre el gobierno y la autonomía colectiva. Como respuesta a las exigencias de gobernabilidad de las sociedades complejas. El Gobierno a través de este proceso de diálogo y acuerdos con las organizaciones sindicales y empresariales representativas, en torno a los grandes temas de política económica y social. Se consigue con esto el consenso y la legitimación de la decisión, no a través del trámite parlamentario, sin perjuicio que se requiera en ocasiones la traducción legislativa del acuerdo. De estos acuerdos de concertación social, la sociedad canaria y los empleados públicos canarios sabemos de su buen quehacer, y los beneficios obtenidos y logrados.
En cualquier caso, manifestamos que no se está suplantando a nadie, que no se está secuestrando ningún ámbito de la negociación colectiva que corresponda.
En el marco de la Ley, y en la legitimidad que se les otorga, los sindicatos reconocidos por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los empresarios y el propio Gobierno de Canarias, han establecidos diferentes mesas de concertación para tratar temas del ámbito de su competencia, sin inmiscuirse en otros temas que no le vienen al caso.
Confundir, entorpecer, obstaculizar, enredar, etc., al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, al personal funcionario, al empleado y empleada pública, con el objeto de obtener votos, no es de recibo.
El trabajo sindical, debe estar al margen de las cuestiones políticas de cada uno, para eso está la Constitución Española, que garantiza ese derecho; pero dejando claro, cuando se están en las mesas de negociación, como era el caso de la Mesa General de Empleados Públicos (MGNEP), que no se sabía cuando intervenía el representante sindical y cuando el político, que solo buscaba la confrontación por la confrontación, que le venía muy bien de cara a su escenario político.
Además, los servicios públicos junto al empleo son dos factores poderosos de reparto de la riqueza entre la ciudadanía y una clave esencial del principio constitucional de la igualdad entre todos y todas. Por otro lado, las administraciones públicas pueden ser, y de hecho son, un motor impulsor de la actividad económica, de la generación y transmisión del conocimiento, y cohesiona el progreso social. Otro factor fundamental es aunar esfuerzos entre los agentes sociales, sobre todo en marcos constatados como el de la concertación social.
La eficiencia en la gestión de los recursos públicos es una exigencia ética irrenunciable que debe formar parte del sustrato cultural de las administraciones públicas.
El adecuado reparto de competencias y de los recursos entre las administraciones, que ya es un valor en si mismo, adquiere una trascendencia especial en un territorio fragmentado como el nuestro donde existen realidades tan diversas.
La evaluación de los resultados debe ser una constante de todos los agentes implicados en la gestión de lo público. Para ello la gestión participativa, la implicación de los empleados públicos en el logro de una mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos y el establecimiento de incentivos relacionados con el cumplimiento de tales fines son una valiosa herramienta de implicación de los profesionales, de los responsables políticos y un baremo público con el que la ciudadanía puede medir el desempeño de cada uno y el del conjunto.
Desde CCOO seguiremos defendiendo al conjunto de las empleadas y empleados públicos, sin importarnos el color político que puedan simpatizar o pertenecer. Y eso también implica, porque somos un sindicato sociopolítico, hacer propuestas en positivo, que mejoren la calidad del conjunto, el ciudadano o ciudadana en cualquiera de sus vertientes: empleador, parado, estudiante, paciente, empleado, etc., es el centro de la actividad de las administraciones públicas y el indicador fundamental de la calidad de los servicios. Bastante complicado está el panorama canario, nacional e internacional; para permitirnos ahora una diatriba entre quién es quién, qué hace qué, etc.
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