Revuelta de empleados públicos en Murcia

CONTRA LOS PLANES DE RECORTE

Los sindicatos creen que el plan de ajuste del presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, dejará en la calle a más de 2.000 interinos. Valcárcel ofrece pocas pistas de su paradero y convoca a los medios de comunicación apenas media hora antes del inicio de un acto.

nuevatribuna.es 27.12.2010

Más de 6.000 trabajadores públicos -según los cálculos de los organizadores- se han manifestado este lunes por el centro de Murcia en protesta por las medidas de ajuste emprendidas por el Gobierno regional y que, según los sindicatos, "dejarán en la calle" el año que viene a más de 2.000 interinos.

Los concentrados, pertenecientes sobre todo a los sectores educativo y sanitario, han protestado por espacio de dos horas contra las recientes medidas de ajuste aprobadas con carácter de urgencia por la Asamblea regional que suponen, en palabras del secretario general de CCOO en la región, Daniel Bueno, un ataque “sin precedentes” a los derechos laborales y sociales de cerca de 55.000 empleados públicos, así como “dinamitar doce años de negociacion colectiva”.

Bueno ha calificado de "estado de excepción laboral" las medidas aprobadas en solitario por el gobierno regional de Murcia. Por su parte, el secretario de comunicación del sindicato en la región, Antonio Rubio, ha declarado que con estas medidas el presidente Valcarcel se ha quitado la "careta de político negociador" y ha empezado a actuar “como lo que es”, es decir, “un político mediocre incapaz de asumir medidas contra la crisis que no sean atacar a los sectores mas débiles”, añadió, tras reprochar a Valcárcel que deje irse de “rositas” a quienes se han llenado durante años los bolsillos con la especulación y los proyectos despilfarradores del Gobierno autónomo.

CONVOCATORIA 'IN EXTREMIS'

La protesta, convocada por los seis sindicatos de la función pública (CCOO, UGT, SIDI, STERM, ANPE, CSIC y SATSE) se inició alrededor de las 11 horas frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, que desde primera hora se encontraba blindado por más de una treintena de policías, y donde los asistentes pedían al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que "saliese a dar la cara".

Valcárcel, en esos momentos, se encontraba inaugurando las nuevas instalaciones del Centro Tecnológico del Metal, en el polígono industrial Oeste de San Ginés, para lo que convocó a los medios de comunicación apenas media hora antes.

Los manifestantes, que portaban pancartas en las que se leía "Valcárcel usurero, ¿dónde está el dinero?" o "En defensa de la educación", coreaban consignas, entre pitadas, de "Manos arriba, esto es un atraco", "Valcárcel, capullo, baja el sueldo tuyo" o "Valcárcel dimisión, por chorizo y por ladrón", mientras lanzaban huevos a la fachada del Gobierno regional.

Tras una hora de airadas protestas frente al Palacio de San Esteban, se produjeron momentos de tensión entre manifestantes que querían entrar en el edificio y agentes de policía, que intentaban contenerlos, aunque, en esta ocasión, no se vio ninguna porra fuera de su funda, como ocurrió el pasado día 23 a las puertas de la Asamblea Regional, donde se aprobó, con los votos a favor del PP, la ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

Los secretarios generales de UGT, Antonio Jiménez, y de CCOO, Daniel Bueno, han reiterado hoy "la profunda indignación" de los trabajadores públicos de la Región ante la aprobación de esta normativa, que supone una bajada de 75 euros mensuales a profesores y maestros, incrementa la jornada laboral y reduce en un 30 por ciento el número de liberados sindicales, entre otras medidas.

En este sentido, el dirigente de CCOO ha anunciado que el próximo 12 de enero la ciudad de Murcia será testigo de "una multitudinaria" manifestación contra una ley, "aprobada de un día para otro" y "sin contar con los sindicatos, vulnerando así el derecho de los trabajadores públicos a la negociación colectiva".

"Esta ley pone en peligro más de 2.000 empleos de interinos en la sanidad y la educación pública, y en la televisión autonómica 7RM", ha denunciado Bueno, quien ha indicado que los sindicatos están estudiando vías jurídicas para impedir que la normativa se ejecute.

Entre éstas ha citado la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, para lo que ha solicitado el apoyo del PSOE, que votó en contra de esta medida.

Según Bueno, las movilizaciones van a continuar porque "no hay derecho a que los trabajadores públicos paguen la mala gestión del Gobierno regional".

A esta opinión se ha sumado el dirigente de UGT, quien ha señalado que esta ley perjudica a 55.000 familias murcianas, al tiempo que "echa por tierra" los acuerdos sindicales de los últimos años, "de forma unilateral", por lo que ha asegurado que lo que se va a intentar ahora es que "el Gobierno regional negocie estos cambios con los sindicatos".

Por su parte, el secretario de Comunicación de CCOO, Antonio Rubio, se ha preguntado “con qué criterios” se van a sentar a negociar ahora las organizaciones sindicales si el presidente “ha demostrado cuan poco le importa” la existencia de acuerdos y sus garantías jurídicas.

QUE EL NUEVO AÑO 2011 COLMEN TODAS NUESTRAS ILUSIONES

FELICES FIESTAS Y QUE EL AÑO 2011, NOS SIRVA PARA IMPEDIR QUE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, PUEDAN SER PISOTEADOS POR EL MERCADO DEL CAPITAL Y DE LOS PARÁSITOS AL SERVICIO DE LOS MISMOS.

QUE EL 2011, SEA EL AÑO QUE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES, PODAMOS DECIDIR EN CONCIENCIA, Y RECORDANDO TODO EL AÑO 2010 CON LOS FAMOSOS RECORTES SOCIALES, SALARIALES, EN DERECHOS, ETC.

EJERZAMOS NUESTRO VOTO EL 22 DE MAYO, QUE ES NUESTRO DERECHO Y QUE NO DEBEMOS OBVIARLO, PENSANDO QUE TODOS Y TODAS SON IGUALES, QUE ES LO QUE SE DESEA POR UNOS POCOS, PARA PODER SEGUIR "DIRIGIENDONOS" CON LOS DICTADOS DEL MERCADO DEL CAPITAL.

PENSEMOS EN ELLO, EN CANARIAS Y EN EL ESTADO, EJERCIENDO NUESTRO DERECHO AL VOTO EL 22 DE MAYO, ES NUESTRA ACTIVA ELECCIÓN.

¡¡ FELICIDADES !!

MANIFESTACIONES DEL SÁBADO 18 DE DICIEMBRE

Toxo avisa que "habrá huelga general, y la habrá en enero", si se eleva la edad de jubilación

Si el Gobierno, al que ha acusado de gobernar al dictado de las 37 mayores empresas del país, decide elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, "habrá otra huelga general, y la habrá en enero". Con esta rotundidad ha concluido el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, su intervención al término de la manifestación que ha reunido a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en Madrid. Varios centenares de miles de personas se han manifestado en todo el país en rechazo a la política económica y social del Gobierno, y muy especialmente a la reforma laboral, la eliminación de los 426 euros a los parados sin ningún ingreso y el retraso de la edad de jubilación a los 67 años.

Condena al SCE por atentar contra la libertad sindical

canariasahora.com 17/12/2010

DESCONTÓ HORAS SINDICALES A UNA TRABAJADORA

El juzgado entiende que el SCE violó los derechos fundamentales de la trabajadora, que además es delegada sindical de CCOO Canarias.

El Juzgado de lo Social número ocho de Las Palmas ha condenado al Servicio Canario de Empleo (SCE) a devolver a una trabajadora los 625,17 euros que le había descontado por haberse ausentado del puesto de trabajo para realizar actividades sindicales.

Según expone Comisiones Obreras (CCOO) en un comunicado, el Juzgado entiende que, de esa forma, el SCE violó los derechos fundamentales de la trabajadora, que además es delegada sindical de Comisiones Obreras Canarias.

La sentencia estima que la empleada pública notificó su ausencia en tiempo y forma a los estamentos competentes, aunque éstos se desentendieran del preaviso y reclamaran a la delegada sindical que los tramitara a través de un procedimiento informático al que ni siquiera tenía acceso.

Afirman que éste fue el motivo de la apertura de un expediente de deducción de haberes por inasistencia al trabajo.

La sentencia entiende que la detracción de haberes por utilización de crédito horario a la que dio lugar el expediente “atenta contra la libertad sindical” porque este derecho queda “afectado y menoscabado si la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien la ejerce”.

Como consecuencia, el juez estima que el perjuicio económico infringido contra la delegada sindical de CCOO en el SCE es “un obstáculo objetivamente constatable para la efectividad del derecho de libertad sindical, por su potencial efecto disuasorio para la decisión de realizar funciones sindicales”.

Este obstáculo repercute, según la sentencia, no sólo en la representante sindical, que “soporta el menoscabo económico”, sino que puede proyectarse asimismo sobre la organización sindical correspondiente y afectar a las tareas de defensa y promoción de los intereses de los trabajadores que la Constitución encomienda a los sindicatos.

Desde Comisiones Obreras se espera que esta sentencia “dé lugar a la depuración responsabilidades en el seno del Servicio Canario de Empleo, por la vulneración de un derecho amparado por la Constitución”.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

El pasado 4 de noviembre, se ha solicitado a la dirección del SCE, apertura de expediente sobre la base de lo regulado en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios, sobre lo preceptuado en la Ley 30/1992. "La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia grave, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca".

Esperemos que los funcionarios encargados del trámite, oséase, jefes de servicios; no realicen acciones de retrasar lo solicitado, pues estamos a 42 días de la solicitud, y nada ha cambiado.

Cosa bien distinta, es el gestor político, que de ese no hablamos, pues no sabe, no contesta, cuando no eterniza el problema por su incapacidad.

Pero la responsabilidad es del funcionario de carrera (Jefa de Servicio), que es el competente en informar y actuar, conforme a la Ley.

Y ello se motiva, por una sentencia judicial en el ámbito laboral,que da por demostrado lo que se quería evidenciar como no realizado, con lo que estamos ante una tergiversación de la realidad.

Esperaremos a los acontecimientos, por mor de no tener que denunciar la no ejecución de lo solicitado en otros estamentos.

MANIFESTACIÓN SÁBADO 18 A LAS 12 HORAS, GRAN CANARIA Y TENERIFE

EN DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL

RECUPERAR DERECHOS

CONTRA EL RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS

CONTRA LOS PRESUPUESTOS MÁS RESTRICTIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

MOVILÍZATE,

ACUDE A LA MANIFESTACIÓN EL SÁBADO 18 A LAS 12.00

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (PARQUE DE SAN TELMO)

EN TENERIFE (PLAZA DE LOS PATOS)

La Audiencia eleva al Constitucional la normativa autonómica del recorte salarial del sector público

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuatro Autos distintos, amplia sus dudas de inconstitucionalidad del recorte salarial de las empleadas y empleados públicos a las normas de aplicación generadas por otras admistraciones.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado tres nuevos autos, en otros tantos conflictos colectivos planteados por la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en las empresas Autoridades Portuarias, Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y Radio Televisión de Andalucía (RTVA), en los que ratifica su posición respecto al primer caso recurrido por el sindicato en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

En aquella ocasión, la Audiencia Nacional dictó un auto en la que mostraba sus dudas sobre la constitucionalidad de la redacción dada al artículo de medidas contra el déficit acordadas por el Gobierno, relativas al recorte salarial a los empleados públicos. Este órgano jurisdiccional entendía que el artículo podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva.

En el auto sobre el conflicto de RTVA adquiere especial significación el hecho de que, por primera vez, la resolución judicial extiende las dudas sobre la constitucionalidad del recorte salarial en el sector público, ordenado inicialmente mediante Real Decreto Ley estatal, a las disposiciones adoptadas para su desarrollo y aplicación en otras administraciones.


Según el auto, la aplicación del recorte salarial al sector público andaluz, ordenada por la Junta de Andalucía mediante Decreto Ley 2/2010, de 18 de mayo, trae causa del carácter básico de la normativa estatal y, por tanto, deriva de la misma, estando afectada de las mismas dudas de constitucionalidad que esta última.


FSC-CCOO entiende que, como reseña el auto, el carácter básico de las disposiciones del RDL 8/2010, es la causa y fundamento de las disposiciones legales y administrativas que adoptaron las distintas administraciones , como en el supuesto andaluz, para instrumentar la rebaja salarial en el sector público.


Por tanto, los motivos de posible inconstitucionalidad de aquel están contenidos igualmente en aquellas, en cuanto afectan al contenido esencial del derecho a la negociación colectiva, vertiente funcional del derecho fundamental a la libertad sindical garantizado en nuestra Constitución.


Con estos autos, la Audiencia Nacional ratifica su posición y amplía las dudas de constitucionalidad del recorte salarial al personal laboral asalariado en entes y organismos del sector público de otras administraciones.

CCOO exige del Ejecutivo las medidas necesarias para restituir los convenios, pactos y acuerdos en vigor, así como la práctica del diálogo social en el sector público, otorgando certeza en las relaciones laborales, como forma de contribuir a la necesaria estabilidad y recuperación de la confianza, única base para un crecimiento sólido, sostenido y sostenible que saque a nuestro país de la crisis.

CCOO cree que nada justifica el golpe de mano de los controladores, ni siquiera la errática conducta del Gobierno

La actuación intolerable y ajena a los códigos del sindicalismo confederal, de los controladores aéreos, dejando a centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas bloqueados en los aeropuertos españoles, es a juicio de CCOO, un hecho de grave irresponsabilidad que merece "nuestro más contundente y radical rechazo".

La decisión de los controladores de abandonar su puesto de trabajo sin previo aviso, en demanda de objetivos que no se atreven a confesar públicamente, debe hacer pensar de una vez por todas, a quienes desde la política (gobiernos de uno y otro color) y la empresa impulsaron -y lo siguen haciendo- modelos de agrupamiento corporativo buscando, por un lado, un aparente escenario de privilegio contractual, y por otro, el debilitamiento del sindicalismo de clase y confederal. La propia dirección de AENA consolidó con la organización de los controladores un modelo de relaciones laborales que ahora salta por los aires, pero que tiene mucho que ver con la reflexión anterior.

El secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, advierte que nada justifica la conducta de los controladores de desprecio a la ciudadanía y a la práctica reivindicativa de los derechos laborales, al ignorar la secuencia legal y pactada de convocatoria de una huelga; "ni siquiera, precisa Lezcano, la acción errática del Gobierno, aprobando el decreto en vísperas del largo puente de la Constitución y dejando pudrirse el diálogo con este colectivo, puede acercarnos ni un milímetro a la actuación de un grupo que se mueve a sus anchas desde hace tiempo".

CCOO quiere aclarar, que la acción protagonizada por los controladores aéreos no puede, en ningún caso, interpretarse como una huelga -nadie la convocó en tiempo y forma- o una movilización sindical en defensa de unas demandas determinadas -la asociación de los controladores no es un sindicato ni practica el sindicalismo, sino una agrupación corporativa tratada con mimo por la empresa y los poderes públicos-. Por eso, CCOO sale al paso de la confusión creada entre la ciudadanía y en los propios medios de comunicación para reivindicar la actualidad del sindicalismo confederal en defensa de los intereses de todos los trabajadores, algo a lo que son hostiles los grupos corporativos.

CCOO se dirige a los controladores a los que pide que respeten la legislación laboral; si quieren convocar una huelga que hagan públicas sus peticiones, informen con antelación a la ciudadanía y cumplan el plazo de convocatoria que marca la ley. Al mismo tiempo, esperan que el "estado de alarma" decretado por el Ejecutivo esta mañana, esté orientado fundamentalmente a lograr lo antes posible la normalidad en el espacio aéreo y en los aeropuertos para que los cientos de miles de ciudadanos puedan llegar a sus destinos.

Por último, CCOO quiere llamar la atención sobre la situación que más preocupa a los trabajadores de AENA, y que no puede ‘solaparse’ con el caos provocado por los controladores; "nos estamos refiriendo a la decisión del Gobierno de privatizar el 49% de AENA contra la que vamos a movilizarnos en los próximos días", concluye CCOO.

Funcionarios

OPINIÓN La Provincia. 3/12/2010

La estrategia empresarial del mundo privado no incluye entre sus objetivos el interés general

PILAR CÁCERES (*) Una vez más, como en tantos otros momentos de avaricia empresarial, se vuelve a poner en cuestión la honradez y la honorabilidad de los funcionarios. No les importa que los dos tercios de los empleados públicos trabajen en la salud y la educación, es decir, los servicios esenciales de la sociedad. El motivo subliminal: privatizar todo para ponerlo en manos de corporaciones privadas (y tras ellas, la gran banca), convirtiendo en cuotas de mercado las necesidades básicas de los ciudadanos, cuando el origen de los funcionarios está precisamente en la garantía del funcionamiento objetivo de los servicios públicos esenciales que garanticen el provecho colectivo.


La regulación del empleo público tiene su base en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y además del funcionario de carrera, comprende al personal laboral, funcionarios interinos, personal directivo y personal eventual. Son aquellas personas que desempeñan un trabajo por cuenta ajena al servicio de la Administración Pública, a cambio de una retribución, y vinculada por una relación estatutaria (leyes y reglamentos) regida por el Derecho Administrativo.


Los políticos gestionan los recursos públicos, es decir, lo que es de todos y cada uno de los ciudadanos, que no son, precisamente, una sociedad anónima sino seres humanos con nombres y apellidos. No perdamos de vista, que la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública difiere de la empresarial por la necesidad de prevenir el clientelismo y garantizar los requisitos de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública que la Constitución exige. El carácter inamovible del funcionario, así como las estrictas causas regladas para su separación, impide, por justicia, aplicar la estrategia empresarial del mundo particular, porque éste no incluye entre sus objetivos el interés general, que sólo puede ser asegurado en los servicios esenciales por los trabajadores públicos, a los que injustamente se acusa de ineficiencia. Exijamos responsabilidades a los gestores políticos, para que no cedan al exterminio de lo público o colectivo, por el indecente beneficio de una minoría empresarial que persigue pingues beneficios y le trae sin cuidado el bienestar común y la cohesión social.

(*) Jurista

3 de Diciembre. Día internacional de las Personas con Discapacidad

El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con discapacidad, es una fecha que convoca a la reflexión y al balance entorno a las políticas públicas que se implementan para la normalización de las condiciones de vida y de trabajo de las personas con discapacidad y que deben incidir fehacientemente en la eliminación de las múltiples y diversas barreras que limitan su ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía en general y el derecho al trabajo en particular. Desde CCOO Canarias saludamos positivamente el proceso iniciado por el Gobierno estatal para adaptar la legislación española en materia de

sanidad, igualdad de oportunidades, empleo etc., a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad que entró en vigor en el mes de mayo de 2008, realiza una aportación sustancial y cualitativa, que conviene resaltar, que es la de situar la atención a la discapacidad en el marco de los derechos humanos, superando el sesgo asistencial que persiste en las políticas públicas y privadas.

Avanzar en derechos sociales y laborales de las personas con discapacidad, no será posible mientras el gobierno persista en una política económica enfocada en exclusiva a la reducción del déficit en plazos inasumibles y al recorte del gasto social debilitando derechos sociales y laborales, mientras se abandonan los estímulos públicos destinados a dinamizar la actividad económica y la generación de empleo. Tampoco se podrán conseguir

objetivos planteados mientras el conjunto de las administraciones reduzcan las partidas presupuestarias destinadas a gasto público educativo para garantizar la igualdad de oportunidades y las reservadas a programas de servicios sociales y atención a la dependencia para promover la calidad de vida y la participación social.

Esto supone que en nuestro país la ratificación del Gobierno a la resolución adoptada por la Convección de la ONU debería corregir los desequilibrios existentes entre unas normas avanzadas en sus proclamas y unas prácticas políticas que no acaban de abandonar el sesgo asistencial y graciable, dada la insuficiencia de medios y recursos que se destinan con una falta de concreción de los objetivos grandilocuentes que se expresan.

Desde CCOO Canarias venimos manifestando insistentemente a los diferentes gobiernos que avanzar en la consecución del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, pasa por situarlas en el seno de la Concertación Social y por el abandono de las políticas de gestos, diseñadas al margen de los agentes sociales y cuyos resultados son escasamente relevantes, mientras persisten y se cronifican las barreras que impiden a las personas con discapacidad el acceso al mercado ordinario de trabajo y la mejora de la calidad de las condiciones laborales y salariales del empleo protegido.

Urge, por tanto, el cumplimiento de compromisos ya tomados por el Gobierno con los agentes sociales en 2006, para evaluar el impacto real que están teniendo sobre el empleo las medidas vigentes y reorientar el diseño adecuación de las mismas promoviendo un mercado de trabajo inclusivo y normalizado y un empleo protegido que recupere su función de procurar y acompañar los procesos individuales de inserción al mercado de trabajo.

La ratificación de la Convención de la ONU hecha por el gobierno español, conlleva necesariamente actuar sobre la regulación laboral incidiendo de manera inequívoca en 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad posibilitar este tránsito del empleo protegido al empleo ordinario, adecuando y dotando estos procesos con las medidas de apoyo que sean necesarias. El derecho al trabajo de las personas con discapacidad no puede seguir situándose en el terreno de la filantropía y el voluntarismo por parte de administraciones y empresas.

Persiste año tras año la baja tasa de actividad de las personas con discapacidad que según los últimos datos del INE se sitúa en el 35’4%, permaneciendo en cifras próximas a la mitad de la tasa de actividad general del conjunto de la población. Una diferencia que a juicio de CCOO Canarias también pone de manifiesto la insuficiencia de medidas eficaces para eliminar las barreras arquitectónicas, formativas y de comunicación que perduran en nuestra sociedad.

Este año, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad desde CCOO

Canarias queremos poner de relieve que las políticas sectoriales para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad necesitan mayores compromisos financieros y cambios cualitativos en su conceptualización. Más allá de lo aparentes que puedan resultar las medidas puntuales y parciales que se adoptan, es engañoso desligarlas de los efectos negativos de la política económica, social y de empleo que está ejecutando el Gobierno y que a nuestro juicio no solo retrasan la salida de la situación de crisis en la que estamos inmersos, sino que además suponen un debilitamiento del Estado de Bienestar, al renunciar a mayor inversión en gasto social y al impulso económico y de creación de empleo que las administraciones debieran realizar desde el sector público, ampliando y mejorando los sistemas de bienestar que garantizan derechos y promueven sociedades más justas y cohesionadas en todos los ámbitos.

Convencidos de que otra política es posible, desde CCOO Canarias invitamos a todas las personas comprometidas con los derechos de ciudadanía y de empleo de las personas con discapacidad a participar en la movilización convocada por CCOO y UGT para el próximo día 18 de diciembre, para que el gobierno atienda las propuestas sindicales y tome medidas que hagan reversible una reforma laboral que abarata y facilita el despido, que garanticen la protección de las personas que pierden empleo y prestaciones, que prioricen la reactivación económica y la creación de empleo, que eviten una reforma regresiva de las pensiones y que refuercen los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales de dependencia, como pilares clave del Estado de Bienestar.

MOVILIZACIÓN EN CANARIAS, POR EL RECORTE CONTEMPLADO EN LOS PRESUPUESTOS CANARIOS 2011

A PESAR DE LA ALERTA METEREOLOGICA, MÁS DE 500 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN GRAN CANARIA CONTRA LOS PRESUPUESTOS MAS ANTISOCIALES DE LA HISTORIA DE CANARIAS

Unos presupuestos que exige sacrficios a los más débiles en forma de desempleo, de desmantelamiento de los servicios públicos y de elminación de prestaciones sociales y no exige ningún esfuerzo a los que más tienen. Unos presupuestos que no solo no nos sacaran de la crisis sino que nos hundirán más en ella tienen que cambiar. Estos presupuestos llevarán a la miseria a miles de personas, no lo podemos permitir, por eso tenemos que dar un giro social a los presupuestos

Hace muchos años, un famoso humorista puso de moda en la televisión la expresión de "yo sigo". Esa es la expresión que toca defender hoy en Canarias después de haber llevado muy alto el "yo voy" en la huelga general, convirtiendo nuestra presencia hoy aquí en un nuevo acto de resistencia, solidaridad y esperanza, volviendo a entonar un basta decidido frente a la resignación.

El sábado pasado, los presidentes de las principales empresas españolas centraron buena parte de sus propuestas al presidente del gobierno para abordar la actual crisis en pedir más recortes de las prestaciones sociales, nuevas reformas laborales y la reforma de nuestro sistema de pensiones que empobrezca aún más a nuestros mayores. Y, de paso, no vendría mal echar a la calle a un buen número de empleados públicos. Los teólogos del neoliberalismo se mueven a gusto en estos tiempos por todos los foros relacionados con el poder económico y político.

Ya lo decíamos el pasado 29 de septiembre, nos hemos quedado solos hablando de derechos sociales y laborales, mientras los poderes económicos y políticos se han plegado al dictado de los mercados, es decir, de los bancos.

Pero desde la soledad de los que defienden los intereses de la inmensa mayoría del pueblo, queremos dejar bien claro que no nos vamos a callar y que no vamos a caer en la inactividad.

No vamos a plegarnos a las políticas de ajuste presupuestario que han dado lugar a que desde la resignación se nos diga que hay que reducir de un plumazo los gastos de la administración autonómica de Canarias para el 2011 y de otro plumazo se recorta el presupuesto de este año en 250 millones de euros. No podemos quedarnos callados cuando se aprovecha la ocasión para anular parte del convenio colectivo del personal laboral de la administración pública canaria y se anulan unilateralmente otros acuerdos laborales y sindicales. No podemos permitir que como consecuencia de estas políticas de ajuste se pierdan miles de trabajo del sector privado vinculados a la actividad de las administraciones y a la inversión pública.

No queremos que nuestro futuro sea el presente de Irlanda. El paraíso neoliberal donde se ha gobernado como quieren que se gobierne hoy en España en Canarias y que van en camino de conseguirlo. El paraíso que no ha podido evitar el hundimiento de sus bancos y que lo van a tener que pagar todos los irlandeses. Y para ello, van a despedir a miles de empleados públicos, subir los impuestos indirectos, reducir las prestaciones sociales,… Las recetas de siempre. Más sacrificios, más hundimiento de la economía, nuevos ajustes y así hasta no se sabe donde en esa espiral depresiva que es lo que nos puede pasar a nosotros si se sigue adelante con estas políticas que estamos denunciando.

No queremos que nos recorten nuestros derechos sociales y laborales y que nos condenen a vivir en el miedo permanente de no conseguir empleo o de perderlo.

Y para ello debemos saber y deben saber que tenemos alternativas.

Que la única solución posible no es la del ajuste presupuestario por la vía de reducir los gastos deprimiendo aún más nuestra economía y añadiendo más sufrimiento a nuestro pueblo, que hay recursos suficientes para mantener la inversión pública, el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y reducir el déficit público y que esos recursos los tienen la minoría, que en Canarias es donde hay una mayor concentración de la riqueza y que los que más tienen en estas islas no aportan a las arcas públicas la parte que le corresponde en los sacrificios que hay que hacer en estos tiempos de crisis por el fraude fiscal y un sistema fiscal regresivo. Que ahora hay que hablar de recuperar algunos impuestos y subir algunos tipos porque no queremos que mañana se practiquen subidas indiscriminadas de los impuestos indirectos.

Que los bancos tienen que aportar los créditos necesarios para que los particulares y las empresas puedan reactivar nuestra economía y que no es de recibo que no sólo no se avance hacia la creación de una banca pública, sino que lo más parecido a ello, las Cajas de Ahorro, se privaticen.

Por eso, hoy estamos aquí para que llegue nuestra voz al gobierno de Canarias. Y el próximo 15 de diciembre trataremos que esa misma voz se oiga en las empresas de nuestras islas y el 18 de diciembre en las calles de Santa Cruz y de Las Palmas. Lo decíamos el 29 de septiembre. Ese día no terminaba nada sino que empezaba la gesta de reivindicarnos como una generación valiente que no iba a permitir que las conquistas laborales y sociales conseguidas con muchos sacrificios por nuestros padres, no se las pudiésemos dejar como herencia a nuestros hijos. Asumíamos el compromiso de luchar por la dignidad y la esperanza de que un futuro mejor sea posible.

Por eso renovamos el compromiso de ayudar a construir una alternativa plural y viable frente al pensamiento único en el que los trabajadores y trabajadoras, la inmensa mayoría de los ciudadanos puedan encontrar aliento e inspiración para mantener la defensa de los valores democráticos y de justicia social. No vamos a permitir que con el combustible de nuestra sangre, unos pocos mantengan sus negocios.