CCOO y UGT Canarias lamentan la ruptura de negociaciones entre las organizaciones sindicales presentes en la mesa general de empleados públicos y el gobierno de Canarias para la sostenibilidad de los servicios públicos y la estabilidad en el empleo público de Canarias y hacen un llamamiento para hacer un último esfuerzo en la recuperación del diálogo social, antes de que se produzca un conflicto generalizado en el ámbito de la función pública de Canarias.
La pasada semana se consumaba el cierre del proceso de negociación sobre la sostenibilidad de los servicios públicos y la estabilidad en el empleo público abierto en el ámbito de la mesa general de empleados públicos de Canarias, el pasado 23 de diciembre de 2010.
En consecuencia, el gobierno de Canarias va a proceder a aplicar todo lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del 2011 en materia de derechos laborales y sindicales, medidas que, en consonancia con lo expuesto en nuestra petición de "conflicto de competencias" al gobierno central, serán recurridas por ambos sindicatos.
Lamentablemente, hemos llegado al peor escenario posible para abordar el objetivo principal de poner en marcha las reformas necesarias de las administraciones públicas de Canarias, cuyas deficiencias son evidentes y que la actual crisis ha agudizado, llegándose a un punto donde se cuestiona su sostenibilidad global.
Creemos que el resultado final de esas reformas necesarias no debe ser una reducción de los servicios públicos, ya que son fundamentales, junto con el empleo, para garantizar el reparto de la riqueza y la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas, sirviendo, asimismo, para el impulso de la actividad económica necesaria para salir de la crisis.
CCOO y UGT Canarias consideran necesario abordar esta reforma en un clima de acuerdo y que un escenario alternativo de confrontación puede contribuir a un deterioro irreversible de lo público que sólo servirá para reforzar las tesis que preconizan su debilitamiento y la consiguiente supeditación a las actuaciones desde el ámbito privado que incluso lleguen a sustituir la prestaciones de las administraciones públicas.
Por todo ello, seguimos abogando por la recuperación urgente del diálogo social que permita poner las bases para alcanzar un acuerdo global entre administraciones, instituciones, partidos, sindicatos y patronales, después de celebradas las próximas elecciones autonómicas y municipales. En tal sentido, proponemos un acuerdo en primera instancia entre el gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales mas representativas como primer paso de ese proceso posterior para reformar las administraciones públicas de Canarias y el esquema de relaciones entre las mismas.
Este es objeto principal de la acción sindical que vamos a emprender ambas organizaciones, tras la ruptura de la semana pasada y en ese contexto hay que enmarcar nuestra respuesta ante la pérdida de los empleados públicos que prestan sus servicios como permanentes sindicales en las distintas federaciones que operan en el ámbito de la función pública. Esta pérdida, aunque nos debilita, no va a impedir a los dos sindicatos el que sigan apostando por la defensa de los servicios públicos, desde el acuerdo o desde la confrontación.
Creemos que el gobierno de Canarias incurre en un grave error, si espera que este nuevo escenario de confrontación obtenga posibles "réditos electorales" centrando el debate en el número de liberados de las organizaciones sindicales o en el rendimiento de los empleados públicos. En estos momentos, cualquier intento de fomentar el desprestigio de las organizaciones sindicales o de los empleados públicos es fácilmente extensible a la propia actividad política y puede generar un cuestionamiento de las instituciones democráticas que no deseamos y que sólo se puede evitar desde la búsqueda consensuada de soluciones para los graves problemas que tenemos que abordar en Canarias como consecuencia de la crisis.
Esperemos que al final se imponga la sensatez y se haga un nuevo esfuerzo "in extremis" para dar una nueva oportunidad al "dialogo" y la "concertación".
En consecuencia, el gobierno de Canarias va a proceder a aplicar todo lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del 2011 en materia de derechos laborales y sindicales, medidas que, en consonancia con lo expuesto en nuestra petición de "conflicto de competencias" al gobierno central, serán recurridas por ambos sindicatos.
Lamentablemente, hemos llegado al peor escenario posible para abordar el objetivo principal de poner en marcha las reformas necesarias de las administraciones públicas de Canarias, cuyas deficiencias son evidentes y que la actual crisis ha agudizado, llegándose a un punto donde se cuestiona su sostenibilidad global.
Creemos que el resultado final de esas reformas necesarias no debe ser una reducción de los servicios públicos, ya que son fundamentales, junto con el empleo, para garantizar el reparto de la riqueza y la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas, sirviendo, asimismo, para el impulso de la actividad económica necesaria para salir de la crisis.
CCOO y UGT Canarias consideran necesario abordar esta reforma en un clima de acuerdo y que un escenario alternativo de confrontación puede contribuir a un deterioro irreversible de lo público que sólo servirá para reforzar las tesis que preconizan su debilitamiento y la consiguiente supeditación a las actuaciones desde el ámbito privado que incluso lleguen a sustituir la prestaciones de las administraciones públicas.
Por todo ello, seguimos abogando por la recuperación urgente del diálogo social que permita poner las bases para alcanzar un acuerdo global entre administraciones, instituciones, partidos, sindicatos y patronales, después de celebradas las próximas elecciones autonómicas y municipales. En tal sentido, proponemos un acuerdo en primera instancia entre el gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales mas representativas como primer paso de ese proceso posterior para reformar las administraciones públicas de Canarias y el esquema de relaciones entre las mismas.
Este es objeto principal de la acción sindical que vamos a emprender ambas organizaciones, tras la ruptura de la semana pasada y en ese contexto hay que enmarcar nuestra respuesta ante la pérdida de los empleados públicos que prestan sus servicios como permanentes sindicales en las distintas federaciones que operan en el ámbito de la función pública. Esta pérdida, aunque nos debilita, no va a impedir a los dos sindicatos el que sigan apostando por la defensa de los servicios públicos, desde el acuerdo o desde la confrontación.
Creemos que el gobierno de Canarias incurre en un grave error, si espera que este nuevo escenario de confrontación obtenga posibles "réditos electorales" centrando el debate en el número de liberados de las organizaciones sindicales o en el rendimiento de los empleados públicos. En estos momentos, cualquier intento de fomentar el desprestigio de las organizaciones sindicales o de los empleados públicos es fácilmente extensible a la propia actividad política y puede generar un cuestionamiento de las instituciones democráticas que no deseamos y que sólo se puede evitar desde la búsqueda consensuada de soluciones para los graves problemas que tenemos que abordar en Canarias como consecuencia de la crisis.
Esperemos que al final se imponga la sensatez y se haga un nuevo esfuerzo "in extremis" para dar una nueva oportunidad al "dialogo" y la "concertación".
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