Evaluación del desempeño.

El Ejecutivo se plantea incluso reducir el sueldo de los trabajadores que no rindan lo suficiente. Pero la preocupación de los funcionarios es qué criterios se van a utilizar y sobre todo si quien va a evaluar su trabajo será alguien imparcial.

Primero fue la rebaja de su sueldo en un 5%. Ahora el gobierno de canarias quiere vigilar que sus empleados públicos, unos cien mil, cumplan con eficiencia su funciones y sus horas de jornada laboral. Gobierno y sindicatos se han sentado ya a negociar. El sistema para fichar se va a igualar para toda la administración pública y se harán evaluaciones a los funcionarios. La cuestión es cómo.Eso es precisamente lo que más preocupa a los trabajadores: que sea alguien imparcial quien evalúe su rendimiento. Otro asunto es los criterios que se utilizarán. El gobierno plantea que si no cumplen pueden ver reducido su sueldo. La mayoría de los funcionarios tiene su conciencia laboral tranquila, pero sí se sienten vigilados.

enlace noticia

http://www.antena3.com/canarias/noticias/economia/cobraran-menos-rinden_2011020100184.html#

PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA EL EMPLEO

Con esta iniciativa CCOO y UGT quieren dar una nueva oportunidad a los partidos políticos para que corrijan el rumbo de una reforma impuesta y fracasada, que sólo ha servido para abaratar el despido y generar más desempleo y temporalidad. A partir de ahora se abre un plazo de nueve meses para recoger las 500.000 firmas necesarias para que el texto de la ILP, promovida por ambos sindicatos, sea debatido y votado en el Congreso.

La Iniciativa Legislativa Popular es un texto articulado de ley con el que los sindicatos tratan de corregir los aspectos más lesivos de la reforma laboral y demostrar que las organizaciones sindicales tienen alternativas al recorte de derechos y al modelo de relaciones laborales aprobado por el Congreso de los Diputados a instancias del Gobierno.

En breve, procederemos a la recogida de firmas, en todas las oficinas de empleo y servicios centrales del SCE.

CCOO de Canarias presenta la campaña "Párate, escúchate y háblate"

La campaña pone de manifiesto que la violencia de género es algo que tienen en común todas las mujeres ya sean españolas o extranjeras pero la situación de la mujer extranjera es algo más complicada que en el resto, ya que, a la propia violencia generada por sus parejas se le han de añadir ciertos aspectos que son propios de su proceso migratorio. Y que son las que provocan que la mujer inmigrante no llegue a denunciar la violencia.

En los últimos años se ha producido un incremento significativo en lo que se refiere a homicidios por violencia de género hacia las mujeres extranjeras, ya que se ha duplicado en 4 años. La principal causa la podemos encontrar en el desarraigo y la falta de redes sociales. En el marco de la violencia doméstica, la violencia social es aquella en gran medida ocasiona la falta de denuncias por parte de las agredidas, el agresor limita los contactos sociales y familiares de su pareja, aislándola de su entorno y limitando así un apoyo social importantísimo en estos casos. En el caso de la mujer inmigrante, generalmente esas redes sociales ni siquiera existen, siendo las parejas el único arraigo que tienen en España, esto provoca que el miedo a perder lo conocido aumente aún más, así como la sensación de carecer de medios para salir de la situación de violencia.

SÓLO MANTENER A RICARDO MELCHIOR LE CUESTA A LOS TINERFEÑOS 17 MILLONES DE PESETAS AL AÑO

Los cargos electos, no electos y los de "confianza" suponen un gasto anual de 500 millones de pesetas

Eugenio Fernández - Canarias-semanal 9.3.2011

Hace escasas fechas poníamos a disposición de nuestros lectores la información sobre los astronómicos sueldos que, en plena época de recortes y contrarreformas sociales, se embolsan los altos funcionarios del Cabildo de Tenerife. Gerentes y directivos de diversos organismos y empresas públicas que se reparten alrededor de 5 millones de euros al año. ¡831 millones de pesetas! Obviamente, ni el presidente de la primera institución isleña Ricardo Melchior, ni sus consejeros podían quedar al margen de este despilfarrador festín rganizado con dinero público.

Melchior, que lleva instalado en el Cabildo desde 1999, cuesta cada año a los ciudadanos de esta isla la friolera de 102.217 euros. 88.920 euros de sueldo más 13.297,28 euros para la Seguridad Social. Es decir, que el político de ATI le sale al erario público por unos 17 millones de pesetas. El suyo, sin embargo, es sólo uno de los tremendos sueldos que se pagan con el dinero de los contribuyentes a estos miembros de la casta política del Archipiélago.

El consejero de Agricultura del Cabildo cobra 63.921, 30 y 13.297,28 euros para la Seguridad Social. Un total de 77.218,58 euros. Casi 13 millones de pesetas. El consejero de Presidencia y vicepresidente cuarto, por su parte, se embolsa un sueldo bruto de 77.321,66, a lo que hay que añadir otros 5.000 euros para la seguridad social. En conjunto, 83.682,94 euros. Alrededor de otros 14 millones de pesetas.

La consejera del Partido Popular responsable de carreteras, que - según fuentes bien informadas de la propia institución tinerfeña - deja que sea una directora general quien haga su trabajo, se embolsa al año otros 63.921,30. Sumados a los 13.297,28 euros que se destinan a pagar su Seguridad Social esto hace un total de 77.218,58. 12.848.000 pesetas al año.

Tampoco es probable que el Consejero de Medioambiente Wladimiro Rodríguez Brito tenga dificultades para llegar a final de mes con sus ingresos de 63.921,30 euros . Sumando a esta cantidad los 10.000 destinados a la Seguridad Social, este ex ecologista reconvertido en justificador oficial de las tropelías cometidas en la isla por Coalición Canaria, supone un coste de 72.774,72 euros anuales. Más de 12 millones de pesetas.

Aún más cara a la ciudadanía le sale, no obstante, la consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido, que se lleva cada año 77.321,66 euros ( casi 13 millones de pesetas) y por la que hay que pagar a la Seguridad Social otros 13.297,28 euros. Un total de 15 millones de pesetas.

La lista continúa. El vicepresidente tercero cuesta a los ciudadanos 90.618,94 euros. El consejero de Economía, Carlos Alonso, 92.488,08. El coordinador de Deportes, 77.218,58. Los coordinadores en planificación y Aguas cuestan 77.218,58 euros, tanto en sueldos como en Seguridad Social. Los de Juventud, 70.408,02 . El de Museos, 84.695.

El coste total de los 20 altos cargos electos miembros de la corporación insular por año es de 1.467.001.05 euros, que en pesetas son 242.424.577 millones. Si a esta cifra se le añaden los 313 millones que cuestan los altos cargos no electos y los 35 de confianza, se alcanza la escandalosa suma de 500 millones de pesetas. En los cuatro años de mandato, pues, los altos cargos electos, y los hombres y mujeres de confianza de éstos suponen un desembolso de ¡2000 millones de pesetas!

LOS SUELDOS MULTIMILLONARIOS DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL CABILDO DE TENERIFE

cinco millones de euros para los cargos de confianza de Ricardo Melchior (Canarias-semanal.com 28.2.2011)

CCOO. INSISTE EN LA NECESIDAD DE LA NEGOCIACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

El Área Pública de CCOO Canarias no ve con buenos ojos la ruptura de las negociaciones en el ámbito de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos (MGNEP), en la comisión técnica del pasado día 23 de febrero, y exige al Gobierno responsabilidad ante la situación de crisis actual, para lo que solicitamos se reabra la negociación por la sostenibilidad de los servicios públicos y la estabilidad del empleo en este sector. (7 marzo 2011)

El pasado miércoles, 23 de febrero, se ha producido la paralización de las negociaciones que desde el pasado 14 de enero se venía manteniendo con la Administración Autonómica, sobre el acuerdo firmado el 23 de diciembre de 2010, para la sostenibilidad de los servicios públicos y la estabilidad en el empleo público.

La información que aquí redactamos, se complementa con la emitida el pasado 24 de enero, donde dábamos cumplida información sobre los acontecimientos hasta esa fecha en las reuniones mantenidas con la Administración Pública del Gobierno de Canarias.

Desde CCOO hemos intentado, haciendo un esfuerzo enorme en lograr positivar las reuniones mantenidas con la Administración, que se caminase en la línea de debatir sobre la situación de la Administración Pública Canaria, de forma que mediante la racionalización de los recursos se lograse el mantenimiento del empleo en el sector público al mismo tiempo que se garantizase la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Por parte del Gobierno se reconoce, en reunión del 31 de enero, que pueden contemplarse tres bloques de negociación:

1.- Redistribución de plantilla, racionalización de plantillas, aunque no se hacen propuestas sobre este tema por parte de la Administración.

2.- SICHO (Sistema Informático de Control Horario). Se informa que sobre este tema tienen elaborado un borrador debido a los conflictos que la aplicación de los criterios de utilización de este programa informático les viene originando.

3.- Evaluación del desempeño. Se pretende una nueva fase de implantación de este sistema en la Consejería de Presidencia pues ya se había puesto en marcha un plan piloto en la Consejería de Turismo. No se plantean tampoco propuestas sobre criterio para la abordar este tema.

Además se pretende por parte de la Administración la vinculación de un acuerdo en las materias anteriores con un acuerdo de relaciones sindicales referido a las dispensas laborales de los representantes sindicales. CCOO. entiende y defiende que aunque ambas cuestiones están dentro del ámbito de la negociación colectiva en el marco de la MGNEP, deben abordarse como asuntos bien distintos y diferenciados.

En el tema de las dispensas laborales para el ejercicio de la función sindical, ya lo advertimos en el informa del pasado 24 de enero, otras declaraciones públicas son contradictorias por parte de miembros presentes en las mesas técnicas (otros sindicatos), que por un lado manifiestan en prensa escrita en enero: “que se los queden”, refiriéndose a los liberados sindicales, para en el mes de febrero manifestar su oposición a la suspensión de los liberados sindicales. Todo ello aderezado con posiciones de que no van a negociar nada con el gobierno autónomo pero a renglón seguido manifiestan: “vamos a proponer medidas de ahorro del gasto autonómico”, o, “sabemos que tenemos que sentarnos a dialogar”. Al final todo ello, se resume en puro folclore de cara a la galería y si no que justifiquen las reuniones, cuando no el asalto, en el pasillo en la Dirección General de Personal de Educación para ver como obtener crédito de dispensa laboral para docentes.

Insistimos pues que la racionalización de las Administraciones públicas es un tema que debemos afrontar con responsabilidad y seriedad de todas las partes, por lo que no cabe que la Administración intente ocultar a la opinión pública los exceso de gastos superfluos como el que originan los asesores políticos en las administraciones públicas, que en el presupuesto autonómico asciende a más de 60 millones de euros para el año 2011; O cómo el Cabildo de Tenerife se ha gastado 5 millones de euros en personal de confianza y gerentes; El gasto en gerentes de sociedades públicas, 2,2 millones de euros; Cómo han lapidado 606.000 euros en abonar productividad en la Consejería de Sanidad, sin control alguno y de forma “digital” (utilizando el dedo índice de su mano derecha) del político de turno; O los más de 500.000 euros gastados en contratos mercantiles en el Servicio Canario de Empleo, con la utilización del subterfugio de contratos menores; O el apaño del contrato de hemodiálisis en los hospitales; etc., haciendo caer todo su peso en el empleo público, los servicios que se prestan a los ciudadanos y en las dispensas laborales para uso sindical.

Estamos seguros, esa es la visión de CCOO, que es necesario una adaptación de la Administración Pública Canaria a las nuevas realidades, es necesaria una modernización de las mismas, pero no a costa de su personal. Estamos en contra de la visión clientelista de la Administración en su conjunto.

Debe desterrarse de una vez por toda la imagen de pesebre que se tiene por parte de la ciudadanía y del conjunto de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública. Defendemos la profesionalización de todas y todos, la estabilidad del empleo unida a la misma, y la prestación de unos servicios públicos de calidad, por lo que exigimos la reapertura del proceso de diálogo y negociación para afrontar todos estos temas en los ámbitos que correspondan.

CONCENTRACIONES EN EL MUNICIPIO DE AGÜIMES, DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEMANDANDO MEJORAS LABORALES

En el siguiente enlace podrás acceder a la concentración de los policías locales de Agüimes frente al Ayuntamiento, realizado el pasado 11 de febrero, a favor de mejoras profesionales, sociales, etc. En el acto estuvieron otros empleados públicos del propio ayuntamiento, como de otros municipios y los bomberos de Gran Canaria:

http://www.youtube.com/watch?v=Y6ndI6TDf_8&NR=1

Y en este otro, recoge la concentración realizada el 21 de febrero, en el Cruce de Arinaga:

http://www.youtube.com/watch?v=gy71yJDAlSI&feature=channel_video_title

LOS SINDICATOS LLAMAN A UN ÚLTIMO ESFUERZO EN LA RECUPERACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL

CCOO y UGT Canarias lamentan la ruptura de negociaciones entre las organizaciones sindicales presentes en la mesa general de empleados públicos y el gobierno de Canarias para la sostenibilidad de los servicios públicos y la estabilidad en el empleo público de Canarias y hacen un llamamiento para hacer un último esfuerzo en la recuperación del diálogo social, antes de que se produzca un conflicto generalizado en el ámbito de la función pública de Canarias.

La pasada semana se consumaba el cierre del proceso de negociación sobre la sostenibilidad de los servicios públicos y la estabilidad en el empleo público abierto en el ámbito de la mesa general de empleados públicos de Canarias, el pasado 23 de diciembre de 2010.

En consecuencia, el gobierno de Canarias va a proceder a aplicar todo lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del 2011 en materia de derechos laborales y sindicales, medidas que, en consonancia con lo expuesto en nuestra petición de "conflicto de competencias" al gobierno central, serán recurridas por ambos sindicatos.

Lamentablemente, hemos llegado al peor escenario posible para abordar el objetivo principal de poner en marcha las reformas necesarias de las administraciones públicas de Canarias, cuyas deficiencias son evidentes y que la actual crisis ha agudizado, llegándose a un punto donde se cuestiona su sostenibilidad global.

Creemos que el resultado final de esas reformas necesarias no debe ser una reducción de los servicios públicos, ya que son fundamentales, junto con el empleo, para garantizar el reparto de la riqueza y la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas, sirviendo, asimismo, para el impulso de la actividad económica necesaria para salir de la crisis.

CCOO y UGT Canarias consideran necesario abordar esta reforma en un clima de acuerdo y que un escenario alternativo de confrontación puede contribuir a un deterioro irreversible de lo público que sólo servirá para reforzar las tesis que preconizan su debilitamiento y la consiguiente supeditación a las actuaciones desde el ámbito privado que incluso lleguen a sustituir la prestaciones de las administraciones públicas.

Por todo ello, seguimos abogando por la recuperación urgente del diálogo social que permita poner las bases para alcanzar un acuerdo global entre administraciones, instituciones, partidos, sindicatos y patronales, después de celebradas las próximas elecciones autonómicas y municipales. En tal sentido, proponemos un acuerdo en primera instancia entre el gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales mas representativas como primer paso de ese proceso posterior para reformar las administraciones públicas de Canarias y el esquema de relaciones entre las mismas.

Este es objeto principal de la acción sindical que vamos a emprender ambas organizaciones, tras la ruptura de la semana pasada y en ese contexto hay que enmarcar nuestra respuesta ante la pérdida de los empleados públicos que prestan sus servicios como permanentes sindicales en las distintas federaciones que operan en el ámbito de la función pública. Esta pérdida, aunque nos debilita, no va a impedir a los dos sindicatos el que sigan apostando por la defensa de los servicios públicos, desde el acuerdo o desde la confrontación.

Creemos que el gobierno de Canarias incurre en un grave error, si espera que este nuevo escenario de confrontación obtenga posibles "réditos electorales" centrando el debate en el número de liberados de las organizaciones sindicales o en el rendimiento de los empleados públicos. En estos momentos, cualquier intento de fomentar el desprestigio de las organizaciones sindicales o de los empleados públicos es fácilmente extensible a la propia actividad política y puede generar un cuestionamiento de las instituciones democráticas que no deseamos y que sólo se puede evitar desde la búsqueda consensuada de soluciones para los graves problemas que tenemos que abordar en Canarias como consecuencia de la crisis.

Esperemos que al final se imponga la sensatez y se haga un nuevo esfuerzo "in extremis" para dar una nueva oportunidad al "dialogo" y la "concertación".