La semana pasada, el presidente Paulino Rivero se quejaba de la escasa respuesta que, hasta el momento, han tenido las medidas del gobierno de Canarias para incentivar el empleo. Al parecer, estos incentivos apenas han generado 400 contratos en un momento en el que, según el presidente canario, empieza a haber un entorno favorable por el crecimiento de la economía alemana y por la nueva reforma laboral.
CCOO Canarias considera que no existe ese entorno favorable al que hace referencia el presidente. Es cierto que se ha producido un importante crecimiento de la economía alemana debido al descenso del valor del euro y al consiguiente aumento de las exportaciones de este país. Este crecimiento nada tiene que ver con las políticas de austeridad que ha puesto en marcha el gobierno alemán al igual que otros países de la Unión Europea. Este milagro exportador se ha basado en los sacrificios de la clase trabajadora alemana, lo cual está dando lugar a un problema de falta de crecimiento de la demanda interna, cuestión a tener en cuenta pues ello, lógicamente, puede afectar negativamente a la llegada a Canarias de turistas alemanes.
Tampoco se puede considerar que la reforma laboral vaya a crear un entorno favorable para la creación de empleo en España o en Canarias. La relación entre mayores facilidades para el despido y un abaratamiento del mismo y la creación de empleo es algo que nadie sostiene ya en estos momentos. Resulta injustificado, por tanto, el atribuir a la reforma laboral una mejora de las condiciones para crear empleo en Canarias.
Los incentivos a la contratación pueden ser de utilidad si realmente existe un entorno favorable a la creación de empleo: entidades bancarias dispuestas a dar facilidades al crédito a las empresas y a los particulares, crecimiento de la demanda interna, incremento de las exportaciones, impulso a la economía desde el sector público (inversiones públicas),… Desgraciadamente, las medidas de ajuste del gobierno central y canario no facilitan lo anterior. La reducción salarial de los empleados públicos, la congelación de las pensiones y la reducción de las prestaciones por desempleo no van a favorecer ni mucho menos el crecimiento de la demanda interna. Así mismo, la reducción de las inversiones públicas tanto del gobierno de Canarias y del Central va en dirección contraria a lo que se necesita para reactivar la economía canaria.
Plantea Paulino Rivero que con las medidas de fomento del empleo puestas en marcha por su gobierno, se podría llegar a unas 30.000 contrataciones en el 2010 y otras 30.000 en el primer semestre del 2011. Conviene tomarse estas cifras con precaución puesto que de ellas no se puede inferir que se podría entrar en una fase de reducción efectiva del desempleo en Canarias. Estamos hablando de número de contratos no de creación neta de puestos de trabajo. Además, algunos de los incentivos puestos en marcha no contemplan en sus requisitos fórmulas para garantizar la creación real de puestos de trabajo, evitando subvencionar la sustitución de unos trabajadores por otros.
Lamentablemente, seguimos sin respuestas convincentes y eficaces para hacer frente a los graves problemas del mercado laboral canario donde se registra la mayor tasa de desempleo del estado español (el 29,48%) y la mayor tasa de desempleo juvenil. De los 262.661 parados registrados, casi 60.000 tienen menos de 30 años y otros 60.000 tienen más de 50 años. Una generación que no encuentra la manera de incorporarse al mercado de trabajo y otra que ha sido expulsada del mismo en el último periodo de su vida laboral y que se ve expuesta a cobrar pensiones míseras y con el riesgo de prolongar esta "agonía" si se retrasa la edad legal de jubilación.
Una parte importante de estos parados y paradas no reciben ningún tipo de prestación. En Canarias son ya unos 74.000 y no se ha realizado por parte del gobierno de Canarias el esfuerzo necesario para compensar esto con un incremento importante de la "prestación canaria de inserción" incumpliendo lo acordado en el Pacto Social por la Economía y el Empleo. La prórroga del PRODI (los 426 € del gobierno central) introduce nuevos requisitos que excluyen a los parados sin prestaciones con edades comprendidas entre los 30 y 45 años sin familiares a su cargo y que puede dar lugar a un incremento de los parados canarios sin ninguna prestación.
El gobierno central se está planteando, además, el endurecimiento de los requisitos para poder acceder a las prestaciones contributivas por desempleo o al subsidio que nos recuerda lo que ya intentó en su momento el gobierno de Aznar en el 2002. No se puede hacer responsable a los parados de su situación extendiendo la sombra del fraude sobre ellos.
El gobierno canario anuncia nuevos ajustes presupuestarios en el 2011, adicionales a los que ya ha puesto en marcha este año y los cabildos anuncian que su situación va a ser insostenible en el próximo año existiendo la posibilidad de que no puedan pagar las nóminas de sus empleados/as.
Mientras tanto, nadie quiere oír hablar de subidas de impuestos o de otras medidas de incremento de los ingresos de las administraciones públicas (fraude fiscal).
Ante ello, CCOO Canarias recuerda que existen alternativas plasmadas en acuerdos como el Pacto Social por la Economía y el Empleo que no se han puesto en marcha: apoyo a la renovación de la planta alojativa financiando EREs temporales; formación retribuida de jóvenes parados sin cualificación,….
Nuestro sindicato sigue planteando la necesidad de que las empresas que llevan a cabo despidos para acogerse a las bonificaciones de los nuevos contratos dentro del programa Emplea no puedan hacerlo para evitar el fraude de que se sustituyan trabajadores en activo por otros con contratos subvencionados. También es necesario potenciar las medidas que faciliten la contratación de personas pertenecientes a colectivos de difícil inserción como los mayores de 45 años lo cual requiere una mejora sustancial en las funciones de intermediación del Servicio Canario de Empleo. En cualquier caso, las políticas de empleo que se pongan en marcha en España o en Canarias solo serán eficaces si se enmarcan en los objetivos que los sindicatos estamos planteando en nuestra convocatoria de huelga general del 29 de septiembre como alternativa a la reforma laboral y los planes de ajuste: reducción del déficit público mediante el incremento de los ingresos de las administraciones públicas haciendo compatibles los plazos con la reactivación económica y la creación de empleo, retirada de una reforma laboral que facilita el despido y empeora las condiciones de trabajo, defensa de la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, defensa del sistema público de pensiones introduciendo los cambios necesarios con acuerdo político y social, nueva política fiscal que apueste por una mayor recaudación basada en la progresividad fiscal y la lucha contra el fraude.
Por tanto, nos reafirmamos en las razones que han dado lugar a la convocatoria del la huelga general del 29 de septiembre y en la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas económicas y de empleo de los dos ejecutivos: el central y el autonómico.
CCOO Canarias considera que no existe ese entorno favorable al que hace referencia el presidente. Es cierto que se ha producido un importante crecimiento de la economía alemana debido al descenso del valor del euro y al consiguiente aumento de las exportaciones de este país. Este crecimiento nada tiene que ver con las políticas de austeridad que ha puesto en marcha el gobierno alemán al igual que otros países de la Unión Europea. Este milagro exportador se ha basado en los sacrificios de la clase trabajadora alemana, lo cual está dando lugar a un problema de falta de crecimiento de la demanda interna, cuestión a tener en cuenta pues ello, lógicamente, puede afectar negativamente a la llegada a Canarias de turistas alemanes.
Tampoco se puede considerar que la reforma laboral vaya a crear un entorno favorable para la creación de empleo en España o en Canarias. La relación entre mayores facilidades para el despido y un abaratamiento del mismo y la creación de empleo es algo que nadie sostiene ya en estos momentos. Resulta injustificado, por tanto, el atribuir a la reforma laboral una mejora de las condiciones para crear empleo en Canarias.
Los incentivos a la contratación pueden ser de utilidad si realmente existe un entorno favorable a la creación de empleo: entidades bancarias dispuestas a dar facilidades al crédito a las empresas y a los particulares, crecimiento de la demanda interna, incremento de las exportaciones, impulso a la economía desde el sector público (inversiones públicas),… Desgraciadamente, las medidas de ajuste del gobierno central y canario no facilitan lo anterior. La reducción salarial de los empleados públicos, la congelación de las pensiones y la reducción de las prestaciones por desempleo no van a favorecer ni mucho menos el crecimiento de la demanda interna. Así mismo, la reducción de las inversiones públicas tanto del gobierno de Canarias y del Central va en dirección contraria a lo que se necesita para reactivar la economía canaria.
Plantea Paulino Rivero que con las medidas de fomento del empleo puestas en marcha por su gobierno, se podría llegar a unas 30.000 contrataciones en el 2010 y otras 30.000 en el primer semestre del 2011. Conviene tomarse estas cifras con precaución puesto que de ellas no se puede inferir que se podría entrar en una fase de reducción efectiva del desempleo en Canarias. Estamos hablando de número de contratos no de creación neta de puestos de trabajo. Además, algunos de los incentivos puestos en marcha no contemplan en sus requisitos fórmulas para garantizar la creación real de puestos de trabajo, evitando subvencionar la sustitución de unos trabajadores por otros.
Lamentablemente, seguimos sin respuestas convincentes y eficaces para hacer frente a los graves problemas del mercado laboral canario donde se registra la mayor tasa de desempleo del estado español (el 29,48%) y la mayor tasa de desempleo juvenil. De los 262.661 parados registrados, casi 60.000 tienen menos de 30 años y otros 60.000 tienen más de 50 años. Una generación que no encuentra la manera de incorporarse al mercado de trabajo y otra que ha sido expulsada del mismo en el último periodo de su vida laboral y que se ve expuesta a cobrar pensiones míseras y con el riesgo de prolongar esta "agonía" si se retrasa la edad legal de jubilación.
Una parte importante de estos parados y paradas no reciben ningún tipo de prestación. En Canarias son ya unos 74.000 y no se ha realizado por parte del gobierno de Canarias el esfuerzo necesario para compensar esto con un incremento importante de la "prestación canaria de inserción" incumpliendo lo acordado en el Pacto Social por la Economía y el Empleo. La prórroga del PRODI (los 426 € del gobierno central) introduce nuevos requisitos que excluyen a los parados sin prestaciones con edades comprendidas entre los 30 y 45 años sin familiares a su cargo y que puede dar lugar a un incremento de los parados canarios sin ninguna prestación.
El gobierno central se está planteando, además, el endurecimiento de los requisitos para poder acceder a las prestaciones contributivas por desempleo o al subsidio que nos recuerda lo que ya intentó en su momento el gobierno de Aznar en el 2002. No se puede hacer responsable a los parados de su situación extendiendo la sombra del fraude sobre ellos.
El gobierno canario anuncia nuevos ajustes presupuestarios en el 2011, adicionales a los que ya ha puesto en marcha este año y los cabildos anuncian que su situación va a ser insostenible en el próximo año existiendo la posibilidad de que no puedan pagar las nóminas de sus empleados/as.
Mientras tanto, nadie quiere oír hablar de subidas de impuestos o de otras medidas de incremento de los ingresos de las administraciones públicas (fraude fiscal).
Ante ello, CCOO Canarias recuerda que existen alternativas plasmadas en acuerdos como el Pacto Social por la Economía y el Empleo que no se han puesto en marcha: apoyo a la renovación de la planta alojativa financiando EREs temporales; formación retribuida de jóvenes parados sin cualificación,….
Nuestro sindicato sigue planteando la necesidad de que las empresas que llevan a cabo despidos para acogerse a las bonificaciones de los nuevos contratos dentro del programa Emplea no puedan hacerlo para evitar el fraude de que se sustituyan trabajadores en activo por otros con contratos subvencionados. También es necesario potenciar las medidas que faciliten la contratación de personas pertenecientes a colectivos de difícil inserción como los mayores de 45 años lo cual requiere una mejora sustancial en las funciones de intermediación del Servicio Canario de Empleo. En cualquier caso, las políticas de empleo que se pongan en marcha en España o en Canarias solo serán eficaces si se enmarcan en los objetivos que los sindicatos estamos planteando en nuestra convocatoria de huelga general del 29 de septiembre como alternativa a la reforma laboral y los planes de ajuste: reducción del déficit público mediante el incremento de los ingresos de las administraciones públicas haciendo compatibles los plazos con la reactivación económica y la creación de empleo, retirada de una reforma laboral que facilita el despido y empeora las condiciones de trabajo, defensa de la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, defensa del sistema público de pensiones introduciendo los cambios necesarios con acuerdo político y social, nueva política fiscal que apueste por una mayor recaudación basada en la progresividad fiscal y la lucha contra el fraude.
Por tanto, nos reafirmamos en las razones que han dado lugar a la convocatoria del la huelga general del 29 de septiembre y en la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas económicas y de empleo de los dos ejecutivos: el central y el autonómico.
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