El Área Pública de CCOO anuncia, en rueda de prensa, movilizaciones para el 20 de mayo
Las federaciones del Área Pública de CCOO van a someter a la aprobación de sus órganos de dirección un calendario de movilizaciones que culminará en una huelga general de trabajadores del sector público. Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa Enrique Fossoul, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, quien ha explicado que las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno son "un atentado gravísimo contra los salarios, las pensiones, el derecho a la negociación colectiva y la calidad y eficacia de los servicios públicos".
Intervención de Enrique Fossoul en la rueda de prensa del 13 de mayo de 2010.
Rompen un acuerdo y quiebran la confianza y la buena fe de quienes optamos el 25 de septiembre de 2009 por dar un paso responsable y recuperar el valor del dialogo social, contribuyendo con ello a la recuperación económica. Y lo hace bajando el salario de todas las personas que trabajan como funcionarios, conductores de autobuses urbanos, encargados de la limpieza de calles, plazas y paseos, expendedores de documentos de identidad, pasaportes y carnés de conducir, vigilantes de museos, repartidores de nuestro correo, de los cuidadores de nuestros mayores, del personal adscrito a la Administración de Justicia y a los centros penitenciarios, policías locales y autonómicas, el personal de los servicios sociales y de la dependencia, de los organismos de investigación, enfermeras, médicos, personal auxiliar de los hospitales y centros de salud, maestros, profesores, y profesionales de la educación, entre otros. Un acuerdo suscrito hace apenas siete meses sobre parámetros económicos que no han cambiado en lo básico y que fueron tenidos en cuenta por los negociadores. Los únicos parámetros que han variado se derivan de la presión de los que generaron la crisis influyendo y controlando las políticas económicas de los países para evitar que se avance en una senda de mayor transparencia y mayor control de los sistemas financieros. Esto se ha concretado en la puesta en marcha, en nuestro país, de un plan de austeridad cuyos criterios han sido rechazados por los sindicatos. En definitiva, ganan los mercados pierde la democracia. Las medidas del Gobierno no son ni equitativas ni equilibradas, interviniendo exclusivamente sobre los gastos y los sectores más débiles y olvidándose de cualquier medida sobre los ingresos vía fiscalidad que conseguiría un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis. Con ello, el presidente del Gobierno ha elegido para la salida de la crisis un profundo cuestionamiento de las relaciones laborales poniendo así mismo en cuestión lograr un nuevo modelo de crecimiento económico más sostenible y socialmente justo. Así hace recaer el coste de la crisis sobre quienes ni la han generado ni siquiera se han caracterizado por beneficiarse de ella: empleados y empleadas públicas de este país y los pensionistas. No vamos a olvidar ahora la barrera que la inflación ha significado durante años para el incremento de sus salarios y de las pensiones que, en el mejor de los casos, la han igualado. Hay que tener en cuenta además que estas medidas producirán una contracción del consumo al afectar a más de 11 millones de personas (2,7 millones de empleados y empleadas públicos y 8,5 millones de pensionistas), una gran parte de los cuales apenas superan los 1000€ mensuales y que, sin lugar, a dudas incidirá sobre el incipiente crecimiento económico. Estas medidas no garantizan que se vayan a plantear en breve nuevos y dramáticos recortes que pueden acabar afectando a la totalidad de los servicios públicos, que hasta ayer, Gobierno y sindicatos de lo público, habíamos pactado modernizar y mejorar a través de la aplicación de nuestro reciente Estatuto Básico, para unos servicios más eficaces y eficientes y más necesarios para la ciudadanía en esta coyuntura de recesión y dificultades. Servicios y sector público que una vez más sufre un recorte o una reducción brutal con las evidentes repercusiones sobre la eficacia y la eficiencia y la calidad de los servicios que se prestan a nuestra ciudadanía, abriendo una nueva puerta a las ansias privatizadoras de la derecha económica y política española y europea. El Gobierno ha incumplido el procedimiento pactado con las organizaciones sindicales en el Acuerdo del Diálogo Social en las Administraciones Públicas, por lo que aún hoy desconocemos el desglose de las medidas, pese a la celebración ayer de una Mesa General de Negociación o si el Ejecutivo da por abandonado el compromiso de mantenimiento del poder adquisitivo más allá del 2011. El Área Pública de Comisiones Obreras (conformada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía, la Federación de Enseñanza y la Federación de Sanidad y servicios sociosanitarios) valorará el alcance de la agresión sufrida una vez que conozcamos en detalle los efectos y criterios para su aplicación de los que, hasta hoy, tan solo conocemos las líneas gruesas anunciadas por el presidente en su intervención de ayer. Esta misma tarde, vamos a someter a la aprobación de los órganos de dirección del sindicato un calendario de movilizaciones para el conjunto del sector público que culminará en la convocatoria de una huelga general sectorial, que trasladaremos al resto de organizaciones sindicales del ámbito, para estudiar la posibilidad de una convocatoria unitaria ya que somos la totalidad de los empleados públicos los agredidos. La primera de estas movilizaciones será la convocatoria de concentraciones y manifestaciones de carácter provincial el 20 de mayo, ante las delegaciones del Gobierno en cada ámbito
Intervención de Enrique Fossoul en la rueda de prensa del 13 de mayo de 2010.
Rompen un acuerdo y quiebran la confianza y la buena fe de quienes optamos el 25 de septiembre de 2009 por dar un paso responsable y recuperar el valor del dialogo social, contribuyendo con ello a la recuperación económica. Y lo hace bajando el salario de todas las personas que trabajan como funcionarios, conductores de autobuses urbanos, encargados de la limpieza de calles, plazas y paseos, expendedores de documentos de identidad, pasaportes y carnés de conducir, vigilantes de museos, repartidores de nuestro correo, de los cuidadores de nuestros mayores, del personal adscrito a la Administración de Justicia y a los centros penitenciarios, policías locales y autonómicas, el personal de los servicios sociales y de la dependencia, de los organismos de investigación, enfermeras, médicos, personal auxiliar de los hospitales y centros de salud, maestros, profesores, y profesionales de la educación, entre otros. Un acuerdo suscrito hace apenas siete meses sobre parámetros económicos que no han cambiado en lo básico y que fueron tenidos en cuenta por los negociadores. Los únicos parámetros que han variado se derivan de la presión de los que generaron la crisis influyendo y controlando las políticas económicas de los países para evitar que se avance en una senda de mayor transparencia y mayor control de los sistemas financieros. Esto se ha concretado en la puesta en marcha, en nuestro país, de un plan de austeridad cuyos criterios han sido rechazados por los sindicatos. En definitiva, ganan los mercados pierde la democracia. Las medidas del Gobierno no son ni equitativas ni equilibradas, interviniendo exclusivamente sobre los gastos y los sectores más débiles y olvidándose de cualquier medida sobre los ingresos vía fiscalidad que conseguiría un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis. Con ello, el presidente del Gobierno ha elegido para la salida de la crisis un profundo cuestionamiento de las relaciones laborales poniendo así mismo en cuestión lograr un nuevo modelo de crecimiento económico más sostenible y socialmente justo. Así hace recaer el coste de la crisis sobre quienes ni la han generado ni siquiera se han caracterizado por beneficiarse de ella: empleados y empleadas públicas de este país y los pensionistas. No vamos a olvidar ahora la barrera que la inflación ha significado durante años para el incremento de sus salarios y de las pensiones que, en el mejor de los casos, la han igualado. Hay que tener en cuenta además que estas medidas producirán una contracción del consumo al afectar a más de 11 millones de personas (2,7 millones de empleados y empleadas públicos y 8,5 millones de pensionistas), una gran parte de los cuales apenas superan los 1000€ mensuales y que, sin lugar, a dudas incidirá sobre el incipiente crecimiento económico. Estas medidas no garantizan que se vayan a plantear en breve nuevos y dramáticos recortes que pueden acabar afectando a la totalidad de los servicios públicos, que hasta ayer, Gobierno y sindicatos de lo público, habíamos pactado modernizar y mejorar a través de la aplicación de nuestro reciente Estatuto Básico, para unos servicios más eficaces y eficientes y más necesarios para la ciudadanía en esta coyuntura de recesión y dificultades. Servicios y sector público que una vez más sufre un recorte o una reducción brutal con las evidentes repercusiones sobre la eficacia y la eficiencia y la calidad de los servicios que se prestan a nuestra ciudadanía, abriendo una nueva puerta a las ansias privatizadoras de la derecha económica y política española y europea. El Gobierno ha incumplido el procedimiento pactado con las organizaciones sindicales en el Acuerdo del Diálogo Social en las Administraciones Públicas, por lo que aún hoy desconocemos el desglose de las medidas, pese a la celebración ayer de una Mesa General de Negociación o si el Ejecutivo da por abandonado el compromiso de mantenimiento del poder adquisitivo más allá del 2011. El Área Pública de Comisiones Obreras (conformada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía, la Federación de Enseñanza y la Federación de Sanidad y servicios sociosanitarios) valorará el alcance de la agresión sufrida una vez que conozcamos en detalle los efectos y criterios para su aplicación de los que, hasta hoy, tan solo conocemos las líneas gruesas anunciadas por el presidente en su intervención de ayer. Esta misma tarde, vamos a someter a la aprobación de los órganos de dirección del sindicato un calendario de movilizaciones para el conjunto del sector público que culminará en la convocatoria de una huelga general sectorial, que trasladaremos al resto de organizaciones sindicales del ámbito, para estudiar la posibilidad de una convocatoria unitaria ya que somos la totalidad de los empleados públicos los agredidos. La primera de estas movilizaciones será la convocatoria de concentraciones y manifestaciones de carácter provincial el 20 de mayo, ante las delegaciones del Gobierno en cada ámbito
No hay comentarios:
Publicar un comentario