Venimos asistiendo en estos últimos meses, a posicionamientos públicos de dirigentes políticos sobre la productividad, profesionalidad, eficacia y eficiencia de los empleados públicos en general.
Todos los posicionamientos, derivan hacia el favoritismo que se pretende dar al colectivo de empleados públicos, como privilegiados por poder ostentar un puesto de trabajo, en la actual situación económica que estamos atravesando, como si fuéramos unos elementos activos de la situación creada por estos mismos gobernantes carentes de visión futura y global.
Permitidme, por tanto, el analizar si vale utilizar esta expresión, algunas cuestiones que se me vienen a la mente, al socaire de tales posicionamientos.
Comenzar porque los puestos desempeñados por los empleados públicos, devienen de una convocatoria pública de acceso, normalmente por concurso-oposición, que en algunos casos significa meses de preparación cuando no, años de intentar lograr alcanzar un puesto de trabajo en la administración pública. Utilizo la palabra normalmente, pues tenemos casos inverosímiles en nuestra administración pública de Canarias, que en dicho proceso no es exactamente así, pues el acceso de determinados elementos ajenos, no cumplen. Son la mayoría de esos elementos ajenos, por no decir, la totalidad, adlátere del poder establecido.
Muchos de estos, son los que de cara al exterior, a la ciudadanía en general, dan la imagen del funcionario (utilizo la expresión más manida coloquialmente) irresponsable, ineficaz e ineficiente de la administración. Amén de otros existentes, que debido al tiempo que llevan desarrollando puestos políticos, pero con procedencia de empleado público, han olvidado precisamente, su procedencia y adquieren la condición de funcionario como calificativo despectivo.
Desde el colectivo de empleados públicos, nunca nos hemos opuesto a que se evalúe el desempeño de las actividades que desarrollamos, todo lo contrario, queremos que se regule, que se dictamine, que se consensúe su instauración. Lo que no queremos, y nos negamos a ello, es que seamos evaluados por ineptos, es decir, por personajes adscritos a partidos políticos, y siempre con el "yugo" de hacer lo que se dice o te rebajo de sueldo y categoría. Eso es lo incongruente de la norma que se pretende aprobar.
Dice el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, que la batalla social en la opinión pública con respecto a los empleados públicos, la tienen ganada. A esto contrapongo, con mayor o menor acierto lo siguiente, el colectivo de empleados públicos somos los más odiados pero también los más deseados. Me explico, somos mas odiados por tener un puesto de trabajo que es apetecible a todos y todas, para ello no hay nada más objetivo que ver las cifras de solicitudes cada vez que se convocan pruebas de acceso a la Administración Pública. Y somos los más deseados, porque todos quieren pertenecer a dicho colectivo, como garantías de cierto futuro. Garantías cada vez más efímeras, por las convulsivas reformas impuestas por los gobernantes de este país.
Tengamos en cuenta, que la utilización de las libre designaciones, en el ámbito de la Administración Pública, es una decisión subjetiva y cada vez más arraigada, en los directivos políticos profesionales, donde hacen de su capa un sayo para lograr sus objetivos partidarios, donde priman el arribismo frente a la profesionalización, al ser un criterio discrecional que faculta la norma. Así por ejemplo, tenemos casos sangrantes, donde se asigna una plaza del cuerpo general, para una jefatura de recursos humanos y régimen interior, (CONTINÚA EN:http://www.fsc.ccoo.es/webfsccanarias/menu.do?Actualidad:Opinion:Actualidad:94953)
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